*Deslinda regreso de Rocha Moya de las investigaciones y reivindica facultades de la FGR.
21.08.20026.- La Secretaría de Gobernación fijó este viernes una posición institucional sobre el caso de Rubén Rocha Moya y estableció una separación entre la decisión del gobernador de Sinaloa de reincorporarse a sus funciones y las investigaciones que permanecen abiertas en México a partir de los señalamientos formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A través de un comunicado, la dependencia federal sostuvo que la determinación de Rocha Moya de volver a sus funciones responde exclusivamente a una decisión de carácter personal. Al mismo tiempo, precisó que la situación no modifica el curso de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) respecto de las 10 personas señaladas por autoridades estadounidenses, entre ellas el mandatario sinaloense.
El punto central del posicionamiento de Gobernación es la delimitación de competencias entre las instituciones. La dependencia evitó asumir una postura sobre la responsabilidad o inocencia de los señalados y señaló que corresponde a la FGR determinar, conforme al avance de las indagatorias, qué información puede hacerse pública y qué acciones proceden dentro del ámbito de sus atribuciones.
La Secretaría de Gobernación también recordó que, después de que el Departamento de Justicia estadounidense formuló sus señalamientos, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes. Esto significa que, desde la perspectiva institucional mexicana, el expediente no está cerrado ni existe una determinación definitiva sobre la responsabilidad penal de las personas investigadas.
El comunicado incorpora además un elemento relevante en la relación entre México y Estados Unidos: la exigencia de que Washington entregue los elementos que sustentan sus acusaciones.
Gobernación señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado de manera reiterada al Departamento de Justicia estadounidense las pruebas correspondientes para respaldar los señalamientos. La petición no constituye una negación de las acusaciones de Estados Unidos, sino una exigencia para que los elementos que las sustentan sean puestos a disposición de las autoridades mexicanas competentes.
La disputa sobre la información probatoria comenzó después de que Estados Unidos presentó solicitudes relacionadas con Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La FGR informó en abril que analizaría la documentación recibida y señaló que la información disponible no contenía, en ese momento, elementos suficientes para sustentar las solicitudes estadounidenses.
Posteriormente, la cancillería mexicana mantuvo la exigencia de que Estados Unidos aportara las pruebas. En julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo públicos documentos relacionados con las solicitudes estadounidenses y sostuvo que cualquier actuación de las autoridades mexicanas tendría que sustentarse en los elementos probatorios correspondientes.
El posicionamiento difundido este viernes por Gobernación retoma precisamente esa ruta institucional: Estados Unidos formula señalamientos; la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita los elementos que los sustenten; y la Fiscalía General de la República determina qué hacer con la información dentro de una investigación mexicana.
Jurídicamente, esta distinción es relevante porque una acusación formulada por una autoridad extranjera no equivale por sí misma a una sentencia ni determina automáticamente la responsabilidad penal de una persona en México. La FGR, como órgano encargado de investigar y perseguir los delitos federales, debe integrar sus propias investigaciones y, en su caso, determinar si existen elementos para ejercer acción penal ante los tribunales.
Por ello, el comunicado de Gobernación evita presentar la situación de Rocha Moya como un asunto resuelto en cualquiera de los dos sentidos. La dependencia no afirma que las acusaciones estadounidenses sean falsas, pero tampoco las presenta como hechos judicialmente acreditados en México.
La referencia expresa al debido proceso adquiere especial importancia. Gobernación señala que respeta las facultades de las instituciones competentes y el desarrollo de cualquier investigación bajo ese principio. En términos jurídicos, esto implica que las personas señaladas deben ser tratadas como investigadas mientras no exista una resolución judicial que determine responsabilidad.
El mensaje también representa un deslinde político. Gobernación no asume como propia la decisión personal de Rocha Moya ni la utiliza como argumento para cerrar o detener las indagatorias. Por el contrario, establece que su reincorporación a las funciones públicas pertenece a un ámbito distinto al de las carpetas de investigación.
Ese matiz permite al gobierno federal sostener dos posiciones simultáneas: reconocer que Rocha Moya tomó una determinación respecto de su permanencia en el cargo y, al mismo tiempo, mantener que cualquier consecuencia jurídica derivada de las acusaciones corresponde a la Fiscalía y, eventualmente, a los tribunales.
La postura también refuerza la autonomía institucional de la FGR frente al Poder Ejecutivo. Gobernación señala expresamente que será la Fiscalía la que, conforme al avance de las investigaciones, proporcione la información adicional que considere pertinente. Con ello, el gobierno federal evita anticipar resultados de las indagatorias o establecer públicamente una conclusión que corresponde al Ministerio Público.
En el plano bilateral, el comunicado mantiene abierta la presión sobre Estados Unidos para que entregue información. México no está rechazando la cooperación judicial con Washington; está planteando que esa cooperación debe desarrollarse mediante los canales institucionales y con elementos que puedan ser analizados por las autoridades mexicanas.
El antecedente es significativo porque las acusaciones estadounidenses contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa introdujeron un expediente con repercusiones tanto en materia de seguridad como en la relación judicial entre ambos países. La investigación estadounidense está vinculada con señalamientos de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, mientras que México ha insistido en la necesidad de contar con pruebas antes de adoptar medidas derivadas de esas acusaciones.
La FGR ha mantenido abierta la investigación y ha realizado diligencias relacionadas con las personas señaladas. En mayo, la Fiscalía confirmó que había citado a Rocha Moya y a otros involucrados para recabar información dentro de las investigaciones derivadas de las solicitudes estadounidenses.
Así, el comunicado de Gobernación no representa el cierre del caso ni una exoneración. Tampoco anuncia una acción penal. Su alcance está en establecer que la decisión política o administrativa de un funcionario no sustituye las facultades del Ministerio Público y que la definición sobre la existencia de responsabilidades deberá derivar de las investigaciones correspondientes.
La dependencia federal deja, además, una ruta institucional abierta: si el Departamento de Justicia de Estados Unidos aporta nuevos elementos, éstos podrán ser valorados por las autoridades mexicanas; si la FGR obtiene información adicional por sus propias investigaciones, también podrá determinar las acciones que correspondan.
El mensaje de Gobernación coloca, por tanto, el caso en el terreno de las instituciones y del debido proceso. La Secretaría de Gobernación se mantiene al margen de una determinación sobre la responsabilidad penal de los señalados, la Cancillería continúa como vía para solicitar información al gobierno estadounidense y la FGR conserva la responsabilidad de valorar las pruebas y definir el curso de las investigaciones.
El comunicado no modifica las carpetas abiertas ni determina su resultado. Lo que establece es una posición política y jurídica del gobierno federal: la reincorporación de un gobernador a sus funciones y la investigación de posibles delitos son asuntos distintos, y corresponde a las instituciones facultadas determinar cada uno conforme al marco legal.