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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de las disposiciones del Código Penal Federal que permiten castigar con penas de tres a cinco años de prisión al personal médico que, por una conducta negligente, ocasione lesiones permanentes a sus pacientes. La determinación establece que el ejercicio de la medicina no exime de responsabilidad penal cuando se demuestra que un profesional incumplió sus obligaciones de cuidado y provocó daños contemplados en la legislación.
La resolución fue adoptada por el pleno del máximo tribunal al resolver el amparo en revisión 257/2026, promovido por un neurocirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien buscaba invalidar la aplicación de los artículos 60, segundo párrafo, y 291 del Código Penal Federal.
El caso tiene su origen en dos intervenciones quirúrgicas de columna vertebral realizadas por el especialista en 2017. Durante la primera operación colocó tornillos transpediculares para estabilizar la columna del paciente y, posteriormente, efectuó una segunda cirugía para recolocarlos.
Después de ambos procedimientos, el paciente presentó una disminución permanente de la movilidad de la pierna derecha, afectación que quedó documentada mediante dictámenes médicos.
A partir de esos antecedentes, la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que existían elementos para investigar al neurocirujano por lesiones culposas, al señalar que presuntamente no observó los procedimientos y cuidados exigibles en el ejercicio de su especialidad.
El médico impugnó las disposiciones penales al considerar que no describen con suficiente precisión cuáles actuaciones pueden constituir lesiones culposas. También argumentó que recurrir al derecho penal por situaciones relacionadas con la práctica médica representa una intervención excesiva del Estado y puede afectar la libertad para ejercer su profesión.
Sin embargo, la Corte rechazó estos planteamientos y determinó que las normas impugnadas cumplen con los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. Explicó que la legislación no necesita enumerar cada posible error médico, pues existen reglas técnicas, normas oficiales y protocolos clínicos que permiten establecer cuáles eran las obligaciones profesionales aplicables en cada intervención.
Uno de los aspectos centrales de la resolución es que no cualquier complicación quirúrgica, resultado desfavorable o falta de recuperación constituye automáticamente un delito.
Para establecer responsabilidad penal, las autoridades deberán acreditar cuál era el deber concreto de cuidado que correspondía al profesional de la salud, demostrar que estaba en condiciones de cumplirlo y comprobar que su incumplimiento provocó directamente las lesiones previstas en la legislación.
La SCJN también precisó que la medicina es una actividad de medios y no de resultados. Esto significa que los profesionales tienen la obligación de actuar conforme a los conocimientos científicos, las reglas de su especialidad y los cuidados correspondientes, pero no están obligados a garantizar la recuperación de todos sus pacientes.
Bajo este criterio, las sanciones no buscan criminalizar los riesgos inherentes a las intervenciones médicas ni impedir el ejercicio de la profesión, sino establecer consecuencias cuando se demuestra que una conducta negligente ocasionó daños permanentes a la integridad física de una persona.
El fallo también abordó el argumento relacionado con el principio de mínima intervención del derecho penal. La Corte consideró que la existencia de mecanismos de responsabilidad civil o administrativa no impide que determinadas conductas puedan tener consecuencias penales cuando afectan gravemente la salud y la integridad de los pacientes.
No obstante, la negativa del amparo no significa que el neurocirujano haya sido declarado culpable ni que la Suprema Corte haya emitido una sentencia condenatoria en su contra. El expediente fue devuelto al tribunal colegiado correspondiente para que examine los planteamientos jurídicos que permanecen pendientes, incluidos los relacionados con la suficiencia de las pruebas que sustentaron su vinculación a proceso.