*El aborto es un problema de salud pública; las mujeres se mueren por abortos inseguros, y derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos, sostuvo la representante de Católicas por Decidir.
/Nicolás Cruz Hernández/Exclusiva/
Xalapa, Veracruz, 29 Julio 2020.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “rechazó” el proyecto para reformar el código penal del Estado de Veracruz y legalizar la interrupción del embarazo, Aidé García, Coordinadora de relaciones institucionales de Católicas de México por el Derecho a Decidir, explicó que luego de la resolución de la SCJN, con 4 votos en contra y sólo uno a favor, un nuevo proyecto volverá a revisarse.
La coordinadora de católicas por México, expuso que lo que plantearon los ministros es que el proyecto “pasa a otro ministro para un nuevo proyecto de discusión”. No es que la suprema Corte lo haya rechazado o que ya no se discuta más, lo que se hizo es que no se discutió y lo que se va hacer es que se va a “returnar” el proyecto.
“Lo que entendimos es eso… no se discutió(.) Si nos parece preocupante esta situación porque lo que consideramos es que los ministros en esta su oportunidad de restablecer la omisión del legislativo en Veracruz”, no la solventaron.
Reiteró que cuando se dice que se “returna”, esa es la interpretación que se tiene. Alertó que seguirán esperando que la SCJN, de alguna manera rectifique esta decisión y el movimiento feminista y defensor de los derechos humanos de las mujeres, ” vamos a seguir dando las batallas y no vamos a dar un paso atrás”.
“Vamos a seguir en pie, en defensa de los derechos de las mujeres y teniendo la posibilidad de estar interviniendo en estas discusiones que nos parecen tan importantes porque van en beneficio de las mujeres”, abundó.
“Esta posibilidad de que las mujeres en Veracruz pudieran tener la garantía de los derechos que en su momento el legislativo les omitió cuando penalizaron el aborto, es la situación que ahorita nos preocupa muchísimo a Católicas por el Derecho a Decidir y las que formamos parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres”.
Advirtió que el aborto es un problema de salud pública, “estamos diciendo que las mujeres se mueren por abortos inseguros y en este sentido es importante que ya que los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos a nivel internacional en tratados que México ha firmado; por eso nos parece muy importante que las leyes sean congruentes con los tratados que firman para que cada vez las leyes se armonicen garantizando estos derechos”.
Además dijo, es un problema de justicia social, de democracia y derechos humanos de las mujeres; se lucha por esa causa para que las mujeres no se mueran, para que tengan su derecho a decidir.
Destacó que en el mundo mueren 47 mil mujeres cada año por abortos no seguros o clandestinos y 5 millones de mujeres que acuden a realizarse un aborto no seguro, tienen como consecuencia una discapacidad temporal o permanente; y 225 millones de mujeres a nivel mundial no cuentan con acceso a anticonceptivos.
Grupos religiosos y conservadores no deben influir en políticas públicas y leyes
Aidé García, manifestó que les preocupa que los grupos conservadores que están en contra sobre todo los religiosos que no respetan el estado laico, la diversidad y que pretenden influir con sus creencias religiosas en las políticas públicas y en las leyes.
“Esto nos parece también muy delicado y que la suprema corte no haya sido congruente en el sentido de que sigan respetando el principio de progresividad de los derechos para que cada vez más las ciudadanas podamos ejercer plenamente nuestros derechos sexuales y reproductivos”.
El aborto es un procedimiento muy restringido legalmente y actualmente se lleva a cabo de manera clandestina en todo el país excepto en la Ciudad de México: desde abril del 2007 la interrupción del embarazo es legal en la Ciudad de México si se lleva a cabo dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Solo en Ciudad de México y Oaxaca es legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por causa violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.
De acuerdo a estadísticas de Council populatión, el Colegio de México y Gutmacher Institute
Actualmente la tasa anual de abortos inducidos en México es de 33 abortos por cada 1,000 mujeres de 15–44 años; una cifra ligeramente superior al promedio que se reporta para América Latina (31 por 1,000).
De acuerdo a la dirección general de epidemiología, hasta 2017, la Mortalidad Materna (RMM) calculada era de 31.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, representa un decremento de 12.8 puntos porcentuales respecto a 2016.
Legislación sobre el aborto
En todos los 32 estados en México el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación; en 29 se permite cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; en 10 cuando el embarazo constituye un riesgo severo a la salud de la mujer; en 13 en casos de malformaciones congénitas; en 29 cuando el aborto se produce de manera “imprudencial”; en 11 cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no consentida y en un estado, Yucatán, por razones económicas.
Aun en los casos en los que el aborto es permitido por ley bajo ciertos criterios, el acceso a un aborto seguro y legal en dichas circunstancias aún continúa siendo limitado, excepto en la Ciudad de México donde se están implementando servicios gratuitos de aborto electivo seguro dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
