26.05.2023. Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado el Acuerdo del Poder Ejecutivo Federal que dispone la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, mientras se consolida la Guardia Nacional.
Esta decisión se tomó luego del análisis de las impugnaciones presentadas por los municipios de Colima, Colima, y de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, así como por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán.
El Acuerdo, publicado el 11 de mayo de 2020, establece que la intervención de las Fuerzas Armadas será llevada a cabo de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
La SCJN determinó que dicho Acuerdo no invade las competencias de los municipios y del Estado, ya que la seguridad pública es una materia concurrente de los tres niveles de gobierno, según lo establecido en el artículo 21 constitucional.
El Pleno de la SCJN retomó las consideraciones previas sostenidas en la resolución de la controversia constitucional 90/2020, en la cual se validó el mismo Acuerdo impugnado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En aquella ocasión, se concluyó que el acto no vulneraba el principio de división de poderes ni el principio de reserva de ley, y se determinó que estaba debidamente fundado y motivado.
Las controversias constitucionales 85/2020, promovida por el Municipio de Colima, y 87/2020, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, y la controversia constitucional 91/2020, promovida por el Municipio de Pabellón de Arteaga, fueron resueltas a favor del Poder Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión.
En ellas, se demandaba la invalidez del Acuerdo por la intervención de las Fuerzas Armadas, así como de la Ley de la Guardia Nacional, publicada el 27 de mayo de 2019.
La Ministra Ana Margarita Ríos Farjat fue la ponente de estas resoluciones, contando con la participación de los secretarios Juan Jaime González Varas, Saúl Armando Patiño Lara y Javier Alexandro González Rodríguez.
Con esta validación por parte de la SCJN, el Acuerdo que dispone la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante el periodo de consolidación de la Guardia Nacional ha sido respaldado legalmente, asegurando su regulación y fiscalización adecuada en concordancia con las competencias de los distintos niveles de gobierno.
