* Veracruz entre las entidades a las que vendió medicamentos el ex delegado federal en Jalisco.
*SFP advierte que la misma Ley Federal de Austeridad Republican señala directamente que todos los contratos que se hubiesen asignado por tráfico de influencias, por abuso de autoridad, por cohecho, por conflicto de interés, están destinados, determinados a cancelarse.
* Insistió que quién tenga conflicto de interés no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación.
Redacción
Cdmx., 15 julio 2019.- La Secretaría de la Función Publica, Irma Eréndira Sandoval dio a conocer los principales hallazgos, diligencias y elementos surgidos de las investigaciones que la Secretaría a su cargo desarrolló sobre la presunta intervención en contrataciones públicas de Carlos Lomelí Bolaños, delegado estatal de Jalisco en la Secretaría de Bienestar hasta el viernes 12 de julio.
Precisan que son 7 investigaciones que pesan sobre Carlos Lomelí: cuatro investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y tres más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles al investigado que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios.
“En un inédito ejercicio de rendición de cuentas y sin menoscabo del principio de presunción de inocencia del ciudadano sujeto a investigación, compartimos con los medios de comunicación y la sociedad en general, información relevante sobre nuestras investigaciones, no sin antes destacar tres cosas de la mayor relevancia”, sostuvo Sandoval.
La funcionaria enumeró primero que el caso deja claro que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay un antes y un después en la aplicación de la justicia administrativa y la construcción de la nueva ética pública.
“Hoy ya no hay cabida para privilegios, para conflictos de interés, ni para el predominio de los intereses privados sobre el superior interés público. Del mismo modo que el presidente Benito Juárez dispuso la separación de la Iglesia y el Estado, hoy el presidente López Obrador dispone y hace realidad la separación del poder político y el poder económico”.
Como segundo término señaló que la separación del cargo del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños demuestra que la Secretaría de la Función Pública como el brazo del gobierno federal a cargo de la investigación, el control, la vigilancia, la fiscalización y la sustanciación de los procedimientos de las posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de la sanción de éstas, cumple con su papel.
”
Los anteriores gobiernos tenían acostumbrados a los ciudadanos a la existencia de instancias a modo que no cuestionaban ni castigaban a quienes hacían negocios a costa de lo público. De hecho, durante los gobiernos de los presidentes Calderón y Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública deambuló administrativamente encapsulada en un transitorio decretada a desaparecer, pero por fortuna llegó a tiempo el gobierno de la Cuarta Transformación para rescatarla, relanzarla y restituirla en favor del interés público”.
En tercer lugar la titular de la SFP dijo que este gobierno del presidente López Obrador no avanza a costa de quinazos, ajustes de cuentas, persecuciones y encarcelamientos de líderes políticos y sindicales incómodos, sino sobre la base del respeto a la Constitución, el apego al Estado de derecho y a la construcción de nuevas y mejores leyes y normativas que nos permitan avanzar en la ética pública de nuevo signo que exige esta transformación.
“Precisamente en esta lógica es que se ha probado ya desde el 30 de abril pasado en la Cámara de Diputados primero como minuta de ley y más recientemente el pasado 2 de julio en el Senado de la República la Ley Federal de Austeridad Republicana que desde luego está íntimamente relacionada con el caso particular que hoy informamos”.
Adelantó que el artículo 24 de esta nueva ley muy próxima a aprobarse en definitiva en la Cámara de Diputados y por lo tanto a publicarse en el Diario Oficial de la Federación a la letra señala que “para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos o intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”.
De acuerdo a la funcionaria de la 4T el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza con la ley en la mano, “”con el trabajo y la voluntad política de quienes acompañamos su gobierno y conformamos su gabinete y con la instrucción del propio presidente de una separación precisa y categórica entre la Función Pública y los intereses particulares” .
Sobre el caso Lomelí Bolaños informó lo siguiente:
Uno. La Secretaría de la Función Pública, a través de su Dirección General de Información d Integración, su Dirección General de Denuncias e Investigaciones, su Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, su Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y su Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares.
Dos. De esas siete investigaciones que hoy reportamos, la primera de las cuales se abrió en nuestra Secretaría de la Función Pública desde el 22 de mayo de 2019 y no como erróneamente han señalado algunos analistas después de la renuncia del exdelegado, cuatro investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y tres más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles al investigado que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios.
Tres. Las acciones implementadas, diligencias realizadas e información recabada de fuentes oficiales, como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, también de esa secretaría, la Secretaría de Salud y de las contralorías estatales de al menos cinco entidades federativas, así como desde luego los elementos e información proveniente de las investigaciones realizadas en las distintas unidades de nuestra Secretaría de la Función Pública bajo el amparo de nuestras atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos permite señalar que podrían llegar a actualizarse las siguientes conductas previstas para ser sancionadas con base en los artículos, tomen nota, 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Cuatro. Desde el primer momento hemos estado informando periódica y cercanamente al señor presidente del avance de nuestras investigaciones y a través de un oficio fechado el 8 de julio de 2019 y por instrucciones del señor presidente de la República informamos al licenciado Gabriel García Hernández de nuestras investigaciones y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas para permitir el curso de las investigaciones y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas para permitir el curso de las investigaciones y diligencias de, que como todo mundo sabe, se encuentran garantizadas por el secreto procesal de forma más clara.
Cinco. Recibimos por ello con beneplácito la carta de renuncia del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y refrendamos nuestro compromiso con llevar nuestras siete investigaciones hasta las últimas consecuencias, y siempre respetando las garantías del debido proceso.
Insistimos en que cuatro son sobre temas en contrataciones y en relación con empresas vinculadas de una u otra forma con el exfuncionario público investigado.
