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15.07.2026. Ciudad de México .- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca homologar en todo el país la definición del delito, los criterios de investigación y las sanciones para combatir la impunidad en los asesinatos de mujeres por razones de género.
La iniciativa contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión para quienes sean encontrados culpables de feminicidio y será enviada al Congreso de la Unión para su discusión.
Durante la conferencia, la mandataria recordó que previamente fue aprobada una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en la materia, con el propósito de que las 32 entidades del país apliquen un mismo tipo penal y protocolos de actuación.
“Lo que buscamos es que en todo el país exista un solo criterio para investigar, sancionar y prevenir el feminicidio, y que no dependa de la legislación de cada estado”, explicó Sheinbaum al presentar el documento que firmó ante representantes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de las Mujeres.
La presidenta señaló que la experiencia desarrollada durante su gestión al frente de la Ciudad de México permitió demostrar que la homologación de los métodos de investigación contribuye a disminuir la impunidad.
“Se generó un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio que permitió bajar la impunidad. Lo importante es que quien cometa un feminicidio sea llevado ante la justicia y sea sancionado”, afirmó.
La iniciativa establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse con perspectiva de género y bajo un protocolo uniforme, evitando diferencias entre fiscalías estatales que, durante años, han provocado criterios distintos para clasificar los casos como homicidio o feminicidio. También propone que las autoridades ministeriales actúen de oficio desde el inicio de las investigaciones.
Entre los aspectos centrales del proyecto destaca la homologación nacional del tipo penal de feminicidio, la incorporación de 21 circunstancias agravantes que pueden incrementar la responsabilidad penal, así como sanciones económicas adicionales mediante multas de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, contempla castigar la tentativa de feminicidio, una figura que actualmente no está regulada de manera uniforme en todo el país.
Las agravantes incluyen, entre otros supuestos, que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, integrante de un pueblo indígena o afromexicano, migrante, periodista, defensora de derechos humanos o que el agresor sea servidor público. También considera elementos como antecedentes de violencia, violencia sexual, incomunicación, relaciones de poder o subordinación y la exposición pública del cuerpo de la víctima.
Además de la pena de prisión, la propuesta prevé consecuencias civiles y familiares para los responsables. Quien sea condenado perderá la patria potestad, la tutela, la guarda y custodia de hijas e hijos, así como los derechos sucesorios y cualquier beneficio legal derivado de la relación con la víctima.
Durante la presentación, Sheinbaum sostuvo que el objetivo no es únicamente endurecer las penas, sino garantizar investigaciones eficaces y una respuesta uniforme de las instituciones.
“No puede haber una justicia distinta dependiendo del estado donde ocurra el feminicidio. Tiene que existir una sola forma de investigar para evitar la impunidad y garantizar justicia a las víctimas y a sus familias”, expresó la mandataria.
La iniciativa también incorpora medidas para la reparación integral del daño y busca fortalecer la coordinación entre fiscalías, ministerios públicos, policías de investigación, servicios periciales y autoridades encargadas de atender a víctimas, con protocolos homologados en todo el territorio nacional.
El proyecto representa uno de los cambios más amplios al marco jurídico mexicano en materia de violencia feminicida desde la incorporación del delito en los códigos penales estatales. La propuesta parte de la premisa de que la dispersión de criterios legales ha dificultado la investigación y sanción efectiva de estos crímenes, por lo que plantea una legislación única que establezca estándares nacionales para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño ocasionado por el feminicidio.