Sheinbaum exigiría pruebas a EEUU ante revelación de un plan para detener a políticos mexicanos;

*Afirma que combate a la corrupción corresponde a México.

27.04.2026 Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este lunes a las versiones difundidas por medios estadounidenses como los Angeles Times, sobre un presunto plan del gobierno del presidente Donald Trump para exhibir, investigar o denunciar a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. La mandataria mexicana dejó claro que cualquier acusación de esa naturaleza debe estar sustentada en pruebas formales y canalizarse mediante las instituciones mexicanas correspondientes como es la FGR.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que el combate a la corrupción y a posibles nexos criminales dentro de la vida pública mexicana es responsabilidad directa de su administración y de las autoridades nacionales, particularmente de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que rechazó cualquier intento de señalamientos sin sustento legal o evidencia verificable.

Las declaraciones de la mandataria se produjeron luego de que el diario Los Angeles Times publicara un reportaje en el que señala que sectores de la administración estadounidense, encabezados diplomáticamente en México por el embajador Ronald Johnson, preparan una estrategia de presión política y judicial orientada a exponer a funcionarios y figuras políticas mexicanas bajo sospecha de corrupción o presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Frente a esa información, Sheinbaum subrayó que cualquier denuncia presentada por Estados Unidos contra ciudadanos mexicanos debe seguir canales legales y aportar pruebas contundentes. “Si hay alguna investigación o denuncia en Estados Unidos contra cualquier persona en México, tiene que haber pruebas que se presenten a la Fiscalía General de la República”, afirmó la presidenta.

La jefa del Ejecutivo federal insistió en que su gobierno mantiene cooperación con Washington en temas de seguridad, combate al narcotráfico y combate a la corrupción, pero advirtió que México no aceptará acciones de injerencia política ni campañas mediáticas sin fundamentos jurídicos. También señaló que la relación bilateral debe desarrollarse con respeto mutuo a la soberanía de ambas naciones.

El contexto de estas declaraciones ocurre en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos por temas de seguridad fronteriza, combate a cárteles, operaciones de agencias estadounidenses en territorio mexicano y futuras revisiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En días recientes, el embajador Johnson había endurecido su discurso sobre corrupción en México, señalando que la falta de certeza jurídica y transparencia afecta inversiones internacionales.

Sheinbaum también recordó antecedentes complejos en la relación bilateral, incluyendo casos donde autoridades estadounidenses han realizado acusaciones o detenciones de funcionarios mexicanos que posteriormente generaron controversias diplomáticas, como ocurrió con el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en 2020.

La presidenta reiteró que su gobierno mantiene una política de combate frontal a la corrupción, pero dejó en claro que corresponde exclusivamente al Estado mexicano investigar, procesar y sancionar posibles delitos de funcionarios nacionales. “Nos corresponde a nosotros combatir la corrupción en México”, sostuvo.

Las declaraciones presidenciales buscan fijar postura frente a una narrativa internacional que podría tensar aún más la relación con Washington, especialmente en un año donde la seguridad, el narcotráfico y la estabilidad institucional ocupan un lugar central en la agenda bilateral.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha presentado públicamente acusaciones formales específicas contra políticos mexicanos en funciones derivadas de esta supuesta estrategia, aunque diversos reportes apuntan a revisiones de visados, investigaciones financieras y posibles futuras acciones judiciales bajo legislación estadounidense.