*
30.04.2926 Ciudad de México.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura firme frente a las acusaciones provenientes de Estados Unidos que involucran a diversos actores políticos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntas vinculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que cualquier acción judicial en México dependerá exclusivamente de evidencias contundentes y procedimientos legales sólidos, dejando claro que su administración no actuará sobre señalamientos sin sustento verificable.
“Si presentan pruebas irrefutables, se procederá”, afirmó al ser cuestionada sobre las imputaciones. Además, remarcó la necesidad de una investigación formal: “Primero la fiscalía tiene que pedir las pruebas, ¿qué pruebas tienen?”.
Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, expresó.
Sheinbaum sostuvo que, ante acusaciones de tal magnitud, corresponde en primera instancia a la Fiscalía General de la República requerir información precisa, pruebas documentales y elementos jurídicos que permitan determinar responsabilidades.
Sheinbaum destacó que no basta con declaraciones o imputaciones mediáticas de un país extranjero para proceder penalmente contra funcionarios o representantes populares.
La presidenta enfatizó que el Estado mexicano no puede permitir que acusaciones externas, sin respaldo judicial comprobado, deriven automáticamente en órdenes de captura o procesos penales y dejo entrever que pudieran tener un trasfondo político.
Sheinbaum también calificó como extraordinario y sin precedentes que desde el extranjero se planteen acciones como una eventual extradición contra un gobernador en funciones, al considerar que ello representaría una intromisión en asuntos internos de México.
Bajo esa lógica, insistió en que la cooperación internacional en seguridad debe darse en términos de coordinación, intercambio de información y respeto mutuo, pero nunca mediante imposiciones unilaterales.
La mandataria dejó entrever además que este tipo de acusaciones podrían desarrollarse en un entorno donde confluyen intereses electorales, agendas diplomáticas y presiones geopolíticas. Por ello, llamó a analizar cuidadosamente el contexto en el que surgen tales versiones, evitando convertirlas en herramientas de confrontación política o de debilitamiento institucional.
Sheinbaum reafirmó que México colaborará en investigaciones internacionales cuando existan fundamentos legales verificables, pero no aceptará presiones que sustituyan las facultades de las instituciones nacional
En ese sentido, planteó que cualquier investigación deberá conducirse bajo el marco legal mexicano, respetando el debido proceso y evitando decisiones precipitadas que puedan responder a intereses políticos o estratégicos ajenos al país.
Sinaloa ha sido durante décadas uno de los principales epicentros de operación del Cártel de Sinaloa, organización criminal considerada entre las más poderosas del hemisferio occidental.
Fundado por figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, este grupo ha mantenido redes de tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y operaciones transnacionales que lo han convertido en objetivo prioritario de agencias estadounidenses.
En años recientes, la estructura del cártel ha enfrentado reacomodos internos derivados debla capturas y secuestro de El Mayo Zambada quién en una carta reveló la supuesta colusión del gobernador Rocha Moya con los Chapitos quienes lo llevaron con violencia y lo entregaron a las autoridades estadounidenses provocando una sangrienta guerra entre facciones, particularmente entre grupos ligados a los hijos de Guzmán Loera y los hijos y seguidores de El Mayo, liderazgos históricos del cartel de Sinaloa.
Rubén Rocha Moya, gobernador sinaloense desde 2021 y miembro de Morena, ha rechazado previamente cualquier vínculo con estructuras criminales , en contraste con la población que ha realizado manifestaciones históricas en su contra por la masacre de miles y más desaparecidos en Sinaloa. Sin embargo, la relevancia política de su cargo convierte cualquier acusación en un asunto de alta sensibilidad institucional.
Para la administración federal, permitir que imputaciones extranjeras sin validación jurídica definan acciones contra funcionarios electos implicaría, según la visión presidencial, vulnera principios fundamentales de soberanía.
Sheinbaum también calificó como extraordinario y sin precedentes que desde el extranjero se planteen acciones como una eventual extradición contra un gobernador en funciones, al considerar que ello representaría una intromisión en asuntos internos de México.
En ese tono, lanzó una advertencia política y diplomática: “No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo”.
Sheinbaum reafirmó que México colaborará en investigaciones internacionales cuando existan fundamentos legales verificables, pero no aceptará presiones que sustituyan las facultades de las instituciones nacionales.
El punto de inflexión en la relación bilateral con EEUU se produce en un momento clave para la relación entre ambos países, donde temas como la negociación del T-MEC, seguridad fronteriza, combate al narcotráfico, migración y cooperación judicial permanecen en el centro de la agenda .
Las declaraciones de Sheinbaum habían creado una alta expectiva pensando que podría finalmente definirse en términos de romper con la idea de un narco estado, sin embargo la mandataria buscó enviar un mensaje tanto al gobierno estadounidense como a la opinión pública mexicana sobre que cualquier proceso relacionado con funcionarios nacionales deberá resolverse conforme a las leyes mexicanas y no por decisiones políticas externas.
En esa ruta, la exigencia de pruebas verificables se convierte en el punto central de una controversia con potenciales consecuencias políticas, diplomáticas y judiciales de gran alcance que aún no se dimensiona.
