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/Denise Dresser/
Ya lo sentenciaba Chatham: “El poder ilimitado es apto para corromper la mente de aquellos que lo poseen”. Y ya estamos presenciando las consecuencias del carro completo a favor del Plan C. Lo anunció el presidente López Obrador: la reforma judicial se aprobará en septiembre. No importa cuántos foros se hagan, cuántos parlamentos abiertos se organicen, cuántas encuestas se realicen, cuánto se “socialice” la propuesta; el resultado será el mismo. La elección de 1,686 ministros, magistrados y jueces a través del voto popular. Ganó la narrativa de la democracia “real” y “participativa” por encima de la democracia constitucional y representativa. Si AMLO procede con la iniciativa anunciada, sin cambiarle una coma, los resultados serán predeciblemente malos, en múltiples ámbitos. El gobierno electo con una arrolladora legitimidad, la usará para ponerse una soga al cuello. Se colgará del segundo piso de la transformación, y lo celebrará como un triunfo histórico.
López Obrador lleva años tratando de lograr que su legado sea irreversible y percibe al Poder Judicial como el último obstáculo para ello. Al convertir la elección presidencial en un referéndum sobre popularidad y continuidad vía Claudia Sheinbaum, ya se adueñó del Poder Ejecutivo. Al obtener supermayoría en la Cámara de Diputados y estar a cuatro votos de comprarla en el Senado, ya se apropió del Poder Legislativo. Al reemplazar cientos de actividades civiles y colocarlas en manos de las Fuerzas Armadas, ya capturó al aparato del Estado.
Y la estrategia para adueñarse del Poder Judicial será la misma usada para acabar con el NAIM, cancelar el Seguro Popular, desmantelar las estancias infantiles, y eliminar la Policía Federal. Clamar corrupción para justificar la destrucción. Argumentar el elitismo de la Suprema Corte para colocarla al servicio del partido en el gobierno. Denunciar la práctica PRIANista de elegir jueces vía cuotas y cuates, para ahora imponer sus cuotas y colocar a sus cuates. El lopezobradorismo está cambiando las reglas del juego para que su partido controle todo, para siempre. El objetivo es obvio: acabar con todo resquicio de autonomía, de independencia, de posible oposición.
El papel de las cortes es asegurar que las decisiones del gobierno se adhieran a la ley, prevenir abusos del Poder Ejecutivo o Legislativo, y proteger derechos fundamentales de la tiranía de las mayorías. El Plan C contradice todo ello porque entraña la captura, el control y la compra-venta del Poder Judicial por un partido. O por la oligarquía económica. O por el crimen organizado. Padeceríamos un Poder Judicial poblado por Lenias Batres o Yasmines Esquiveles, que están donde están por lealtad a un proyecto político y no a la ley. Padeceríamos cortes partidizadas, donde los jueces emitirían sentencias para ganar votos y satisfacer imperativos políticos o empresariales. Padeceríamos retrasos aún mayores en las sentencias, incongruencias en la jurisprudencia, e impredicibilidad por la remoción y el reemplazo de jueces antes del fin de su mandato.
Peor aún. La reforma judicial planteada no representa un avance en la impartición de justicia, sobre todo para las mayorías. Carlos Slim y el Cártel de Sinaloa y los miembros del partido/gobierno siempre podrán pagarle la campaña a un ministro, someter a un juez, comprar una sentencia. Las víctimas del sistema judicial actual seguirán siendo las mismas. Porque una reforma diseñada para corregir los profundos problemas del Poder Judicial requeriría cambios -como eliminar la prisión preventiva oficiosa- que no están contemplados. Aunque se envuelva en la retórica del pueblo, la reforma no está diseñada para ayudarlo. Su objetivo es puramente político y abiertamente vengativo.
Por eso la reforma va, cueste lo que cueste. Dañe lo que tenga que dañar, aunque sea a Claudia Sheinbaum. La justicia administrada por la 4T está encima de los mercados, del oprobio internacional, de la estabilidad económica, del imperativo de atraer la inversión necesaria para la prosperidad compartida, del fracaso reconocido del modelo boliviano. Arropado por el poder ilimitado, AMLO actúa desatendido de las consecuencias, impermeable a los costos, insensible a cómo y cuánto asfixiará a la próxima Presidenta. Ya le amarró la soga alrededor de la nuca a ella y al país. Y nos colgará en septiembre, al sonido de un estruendoso aplauso popular.
