**Fortalece gobernador Cuitláhuac García coordinación con Fiscalía General de la República para la investigación de delitos.
/ Redacción/
Ciudad de México, 12 de agosto de 2019.- En el marco de la reunión de Gobernadores de la CONAGO y el fiscal general de la República, no únicamente se analizaron las propuestas de coordinación entre dependencias de seguridad y procuración de justicia según su competencia, sino que en el caso de Veracruz se abordaron las denuncia interpuestas contra la Fiscalía y en particular el caso de Javier Duarte.
En la reyerta entre Fiscalía y Gobierno del Estado, se han interpuesto varias denuncias en contra de la actuación del fiscal Jorge Winckler, por lo que el mandatario pidió agilizar las indagaciones sobre el índice de impunidad en la que colocan a Veracruz en los primeros lugares en ese rubro y a quien el gobierno estatal responsabiliza de la inseguridad, misma que el presidente López Obrador admitió no está controlada en Veracruz.
Este lunes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez participó en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) para coordinar las facultades de investigación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las entidades federativas, donde se evaluó principalmente el tema de homicidios dolosos.
En un boletín de prensa se informa que el titular del órgano de procuración de justicia federal, Alejandro Gertz Manero, y los mandatarios estatales, acordaron trabajar en tres temas fundamentales, entre éstos, el marco legal de atribuciones de la Guardia Nacional (GN), para la colaboración con fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno.
Asimismo, establecer un sólo sistema de evaluación y medición de delitos, sobre todo de homicidios, y conformar un informe policial homologado, con clave para el protocolo de actuación de la Guardia Nacional, aunado a la capacitación de elementos y la integración con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La FGR propuso la creación de una nueva ley de justicia cívica nacional de aplicación local, con la que se podría inhibir hasta un 70 por ciento de los delitos, de acuerdo con la participación conjunta en denuncias de cualquier carácter, presentadas ante el Ministerio Público federal.
