*Astrolabio Político.
/ Por: Luis Ramírez Baqueiro /
“No busquemos culpables sino soluciones”. – Henry Ford.
La discusión sobre el llamado sueldo regulador en el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE) merece mucho más que consignas, descalificaciones o interpretaciones construidas desde la coyuntura. Estamos frente a un asunto delicado porque involucra derechos laborales, expectativas de jubilación y, al mismo tiempo, la viabilidad financiera de una institución de la que dependen decenas de miles de familias veracruzanas.
Lo primero que debe quedar establecido es un dato fundamental: el sueldo regulador no nació en 2024 ni fue inventado por la actual administración del IPE. La figura se encuentra prevista en la Ley 287 de Pensiones del Estado desde 2014 y, de acuerdo con información institucional, comenzó a aplicarse en procedimientos pensionarios desde 2017.
Por ello resulta impreciso presentar el mecanismo como una decisión reciente destinada a reducir pensiones. Durante nueve años ha formado parte de los procedimientos del Instituto.
Las propias cifras ayudan a dimensionar el asunto. De un universo superior a 38 mil pensionistas, el IPE reporta 3 mil 767 casos en los que se ha aplicado sueldo regulador desde 2017. Es decir, no estamos frente a una medida indiscriminada contra todos los jubilados, sino ante un mecanismo cuya procedencia depende del régimen pensionario y las circunstancias particulares de cada trabajador.
¿Dónde está entonces el conflicto?
En algo profundamente sensible: determinar qué salario debe servir como base para establecer determinadas pensiones.
El sueldo regulador considera un promedio de los salarios de cotización correspondientes conforme a la legislación, en lugar de asumir automáticamente que el último salario recibido debe convertirse en la referencia definitiva para la jubilación.
Aquí aparece una cuestión de justicia que tampoco puede ignorarse.
Supongamos que un trabajador cotizó durante décadas con determinados niveles salariales y, durante el último año de servicio, recibió un incremento considerable. ¿Debe calcularse una pensión que probablemente será cubierta durante muchos años exclusivamente sobre ese último ingreso, pese a que las aportaciones realizadas durante buena parte de su trayectoria laboral correspondieron a percepciones menores?
Responder afirmativamente puede resultar atractivo desde una perspectiva individual, pero el problema cambia cuando se observa desde la lógica de un sistema solidario de pensiones.
El IPE no administra cuentas individuales aisladas. Las aportaciones de trabajadores y patrones sostienen obligaciones presentes y futuras. Cada decisión que modifica sustancialmente el cálculo de una pensión termina repercutiendo sobre el equilibrio colectivo del sistema.
Precisamente por eso garantizar la correcta aplicación del sueldo regulador no significa arrebatar derechos; significa impedir privilegios, distorsiones y cargas financieras que eventualmente terminarían pagando todos los derechohabientes.
Naturalmente, esto tampoco otorga al Instituto un cheque en blanco.
Cada expediente debe analizarse conforme al régimen aplicable, respetando derechos adquiridos, disposiciones transitorias y criterios jurídicos correspondientes. Si existen casos donde la fórmula fue aplicada incorrectamente, deben revisarse. La defensa financiera del IPE jamás puede convertirse en argumento para vulnerar derechos legítimamente adquiridos.
Pero también existe una contradicción que merece señalarse.
La actual controversia difícilmente puede presentarse como el descubrimiento de una práctica desconocida. El sueldo regulador se aplica desde 2017 y existen antecedentes de acuerdos pensionarios sometidos al Consejo Directivo años atrás. Incluso Elsy Elizabeth Hernández Cárdenas, hoy crítica del mecanismo, aparece en documentación oficial de 2020 como representante sindical suplente dentro de ese órgano, después de haber participado desde 2019 acompañando a la representación sindical.
Por eso sería conveniente trasladar la discusión de la estridencia política hacia el terreno técnico y jurídico.
Veracruz necesita un IPE financieramente sólido, pero también jurídicamente confiable. Ambas cosas son inseparables.
Defender al Instituto implica garantizar pensiones dignas, pero también evitar mecanismos que permitan convertir incrementos salariales de última hora en obligaciones financieras desproporcionadas respecto de las cotizaciones históricas.
El verdadero desafío consiste en encontrar el equilibrio: ni utilizar el sueldo regulador para disminuir arbitrariamente derechos, ni renunciar a aplicarlo cuando la ley establece su procedencia.
Porque administrar responsablemente un sistema pensionario también significa proteger a quienes todavía no se jubilan.
Y en ese punto está el fondo de la discusión: el IPE debe garantizar derechos hoy sin hipotecar las pensiones de mañana.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx