* Familiares piden se investigue a ex gobernador de Veracruz
* Recrudecimiento de la violencia en la CDMX resultado de equivocaciones.
/ Redacción /
SemMéxico, Ciudad de México, 1 agosto 2019.- A cuatro años de los hechos ocurridos en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, en donde fueron asesinados Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete, Yesenia Quiróz Alfaro, Mile Virginia Martín y Rubén Espinosa Becerril, continúa la exigencia de acceso a la justicia, una reparación integral del daño y conocer la verdad de lo sucedido el 31 de julio de 2015.
En el documento explican que el recrudecimiento de la violencia en la ciudad es resultado de esas falencias estructurales que continúan en el sistema de procuración de justicia.
De acuerdo con un comunicado de Artículo 19, en ese sentido, familiares y organizaciones de derechos humanos emitieron un posicionamiento sobre el estado que guarda el proceso de búsqueda de justicia, los problemas y retos:
Señalan que la impunidad continua, al no identificarse a otros autores del crimen (tanto materiales como intelectuales) ni se ha esclarecido el móvil de los hechos. “Es decir, hace falta saber qué sucedió realmente aquella tarde en el número 1909 de Luz Saviñón”.
En la pasada administración del gobierno de esta capital, con el entonces titular Miguel Ángel Mancera y los procuradores que conocieron del caso, Rodolfo Ríos y Edmundo Garrido, hubo una enorme traba para llevar a cabo las investigaciones.
Con las autoridades que a partir de diciembre de 2018 gobiernan esta ciudad, hay un diálogo abierto, no obstante, aún falta que se traduzca en hechos y avances concretos respecto a la investigación y el agotamiento de todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con Veracruz en cuanto a los antecedentes de agresiones y amenazas que sufrieron Nadia Vera y Rubén Espinosa por su labor de activismo y de periodismo, respectivamente, en la exigencia de justicia por las violaciones graves a derechos ocurridas en el gobierno de Javier Duarte.
Es así que las familias y las personas que les representamos hemos mantenido ese diálogo abierto con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), generando propuestas y promoviendo diligencias, sin embargo, el trabajo y los avances de las autoridades han presentado lentitud. Este nuevo gobierno debe marcar un cambio real, claro y contundente respecto a la anterior administración.
Hasta ahora ninguna autoridad ha sido sancionada por las violaciones que se cometieron y que se siguen cometiendo en este caso. Por el contrario, personajes que estuvieron directamente vinculados con la investigación en su etapa inicial han sido promovidos a otros cargos de mayor responsabilidad, en buena medida, porque quien se encarga de investigar a los funcionarios es la misma Procuraduría.
Ejemplos de esto son Edmundo Garrido, quien era subprocurador y fue promovido a procurador general, o el propio Miguel Ángel Mancera, quien prometió directamente a las familias esclarecer los hechos y brindar justicia, lo cual nunca se logró y actualmente es senador de la República.
Al respecto, el 11 de diciembre de 2018, las familias presentaron ante la Contraloría General de esta ciudad, una queja administrativa por las actuaciones irregulares, omisas y negligentes en las que incurrieron servidores públicos de la PGJCDMX en relación a la investigación de este caso, omisiones y negligencias que se han a su vez traducido en múltiples violaciones a los derechos humanos de todas las víctimas y que se han prolongado en el tiempo desde que comenzó la investigación de los hechos hasta la fecha.
En mayo de este año, las familias y defensores de Derechos Humanos que les acompañan presentaron una formal denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos contra Servidores Públicos de la PGJCDMX, para que investigue hechos constitutivos de delitos respecto a las mismas autoridades ministeriales que pudieran acreditarse sobre su actuar en el caso.
Por ello, hacen un llamado urgente tanto a la Contraloría General como a la Fiscalía de delitos cometidos por servidores públicos, a que conduzcan su actuar de manera diligente, eficaz, eficiente y exhaustiva, en el ámbito de sus facultades, y no abonen al estado de impunidad que ya de por sí se ha mantenido en estos cuatro años.
En el posicionamiento dan a conocer que en días recientes presentaron un escrito formal ante la Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Homicidio, a efecto de que realicen diligencias en materia de análisis de contexto, en relación con la línea de investigación relativa a Veracruz, ya que son hechos públicos y notorios que en el gobierno de Javier Duarte operaba grupos parapoliciales al margen de la ley que secuestraban, torturaban y desaparecían personas con total impunidad.
El ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita operaba varias empresas de seguridad en la Ciudad de México y que esas empresas incluso tienen permisos para portación y uso de armas de fuego. Esa red de grupos parapoliciales de Bermúdez Zurita operaba igual contra adversarios de grupos criminales que contra opositores políticos. Esto puede derivar en elementos que robustezcan la investigación y el agotamiento de líneas.
Por su parte, los avances en el cumplimiento de la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para garantizar una reparación integral del daño a las víctimas, también han tenido un avance lento, paralizado en ciertos momentos.
Sin embargo, uno de los elementos centrales como parte de la reparación, es abatir la impunidad en el caso, fincar responsabilidad legal y política a quienes permitieron y operaron su manipulación, así como la filtración de información para construir una narrativa paralela. El acceso a la justicia y verdad, son partes fundamentales en una reparación integral.
Por ejemplo, las responsabilidades de servidores públicos en la filtración de diversa información a algunos medios de comunicación, desde la anterior administración, deben ser puntualmente determinadas y sancionadas, ya que ello constituye un patrón por parte de la PGJCDMX que se sigue observando actualmente y genera un impacto fuerte en las víctimas.
De acuerdo con el pronunciamiento divulgado por Artículo 19, la transición de la actual Procuraduría hacia una Fiscalía General autónoma, que estará avanzando en este año, representa una enorme oportunidad para realizar los cambios estructurales que urgen en materia de procuración de justicia, abatimiento de la impunidad y acceso a la justicia en el país, y en este caso, en la Ciudad de México.
Nuevamente, hacemos un llamado público a la actual administración en la Ciudad de México, encabezada por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, así como a la Procuradora General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, a encauzar las investigaciones para el agotamiento de las líneas de investigación, subsanar en lo posible las omisiones e irregularidades que han sido cometidas en estos años por el Ministerio Público.
Así como investigar diligentemente a aquellos servidores públicos que hayan cometido hechos constitutivos de delitos, y a cumplir cabal y satisfactoriamente cada punto recomendatorio a efecto de garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas que el gobierno anterior negó brindar hasta su último día en funciones.
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