*Estalla debate constitucional en Colombia por el despojo de sus poderes constitucionales por un organismo investigador.
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10.06.2026! Colombia.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quedó este miércoles en el centro de una inédita crisis política luego de que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ordenara su suspensión provisional del cargo mientras avanza una investigación por presunta participación en la campaña electoral que definirá a su sucesor.
La decisión fue emitida por la congresista Gloria Arizabaleta, integrante del oficialista Pacto Histórico, quien determinó que Petro debe ser separado temporalmente de sus funciones hasta el próximo 21 de junio, fecha en que se celebrará la segunda vuelta presidencial entre el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella.
La medida cautelar se sustenta en una investigación abierta el pasado 26 de mayo por las reiteradas publicaciones y declaraciones del mandatario en favor de posiciones políticas durante el proceso electoral. Según la resolución, la permanencia de Petro en el cargo podría influir en el desarrollo de las indagatorias, por lo que se ordenó su suspensión preventiva mientras concluye la etapa electoral.
Arizabaleta argumentó que la intervención en política por parte de determinados funcionarios públicos constituye una “falta gravísima” y sostuvo que existen elementos suficientes para adoptar una medida cautelar. En el documento señaló que la decisión se tomó debido a “la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta”, además de que, según su interpretación jurídica, la continuidad de Petro en la Presidencia podría facilitar interferencias en la investigación.
La resolución provocó una inmediata tormenta política porque numerosos juristas, legisladores e integrantes del propio gobierno sostienen que la Comisión de Acusaciones carece de facultades para suspender a un presidente en funciones. Diversas voces recordaron que la Constitución colombiana establece que una eventual suspensión del jefe de Estado requiere un procedimiento que involucra a la Cámara de Representantes y posteriormente al Senado, órgano que tendría la última palabra.
Desde Nueva York, donde participa en actividades relacionadas con la presidencia temporal de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU, Petro rechazó tajantemente la decisión y aseguró que se trata de una actuación contraria al orden constitucional. “Estamos ante una extorsión”, declaró el mandatario al sugerir que detrás de la medida existirían intereses políticos ajenos a la investigación.
El presidente colombiano afirmó además que una congresista no tiene atribuciones para apartarlo del cargo y sostuvo que cualquier intento de hacerlo constituye una violación de la ley. “Solo el Senado puede suspender al presidente”, insistió durante declaraciones a medios de comunicación.
La controversia ocurre a sólo 11 días de la segunda vuelta presidencial, en una de las campañas más polarizadas de los últimos años en Colombia. Petro, quien constitucionalmente no puede buscar la reelección, ha sido acusado por sectores de oposición de intervenir en favor de Iván Cepeda mediante mensajes difundidos en la red social X y declaraciones públicas contra su rival Abelardo de la Espriella.
La propia Comisión de Investigación y Acusación abrió una indagatoria formal para determinar si el mandatario utilizó su investidura presidencial para influir en el proceso electoral, una conducta prohibida para determinados servidores públicos colombianos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como jurídicamente inviable y sostuvo que la Comisión de Acusaciones únicamente cumple funciones investigativas y de instrucción. En la misma línea se pronunciaron diversos dirigentes políticos, quienes consideraron que la resolución carece de efectos inmediatos por no haber sido avalada por las instancias constitucionales correspondientes.
La propuesta tampoco implica, por ahora, la salida automática de Petro de la Presidencia. De acuerdo con integrantes de la propia comisión, la medida debe seguir un procedimiento institucional antes de que pueda producir efectos jurídicos definitivos.
La crisis ha abierto un intenso debate sobre los límites de las facultades de la Comisión de Acusaciones y sobre la neutralidad que debe guardar el jefe de Estado durante una contienda electoral. De concretarse la suspensión, Petro se convertiría en el primer presidente colombiano en ejercicio apartado temporalmente de sus funciones por una investigación relacionada con intervención política durante una campaña presidencial.
Mientras tanto, Colombia enfrenta un escenario de incertidumbre institucional en vísperas de una elección decisiva, con un presidente que rechaza la medida, una oposición que exige sanciones por presunta injerencia electoral y un debate constitucional que previsiblemente terminará en las más altas instancias judiciales y legislativas del país.