ALMA GRANDE.
Por Ángel Álvaro Peña.
La decisión fue tomada tarde, aunque más vale tarde que nunca. La mayoría de los presos comunes en el país carecen de juicio y, por lo tanto, de sentencia. Otros, han purgado sus penas varias veces y otros más su único delito es ser pobre y no contar con los recursos para demostrar su inocencia.
No es ninguna noticia nueva el hecho de que los reos en México viven una gran injusticia. Las diferencias económicas dentro de los penales del país son un reflejo de las diferencias afuera, en la vida cotidiana de México.
Se sabe que por la condición de los presos en las cárceles y de los enfermos en los hospitales se sabrá la calidad de vida que ofrece un gobierno a sus gobernados. En México, las condiciones de los presos son conocidas por todos, la corrupción que impera en el interior de cada penal, la complicidad de custodios y funcionarios de las cárceles, la participación de autoridades carcelarias en fugas, la división de áreas en los centros de reclusión dividida por privilegios, etc. Todo esto sigue existiendo.
El anuncio del presidente de la república de liberar a los inocentes, de revisar condenas y refundar el sistema carcelario de México debió ocurrir en las primeras semanas de su gobierno. Imposible pensar que desconocía esta situación, así como tampoco la práctica cotidiana de la tortura en esos centros de “readaptación”.
Ahora se anuncia que, por decreto presidencial, serán excarceladas víctimas de tortura, personas acusadas por delitos del ámbito federal, también serán beneficiados internos acusados de delitos no graves del fuero federal mayores de 75 años de edad, que tras 10 años en prisión no hayan sido sentenciados. Además, alcanzarán la libertad adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad y aquellos que se compruebe que hayan sido torturados, es decir, todos.
Hasta el momento se calcula que saldrán en libertad más de 12 mil 358 reos, pero dentro de los penales no hay números exactos ni padrones confiables. En algún tiempo eran enviados a los centros de reclusión sin orden de aprehensión ni motivo. Nunca los registraron en una lista de manera oficial.
La Secretaría de Gobernación será la encargada de entregar la primera lista de beneficiados, pero seguramente habrá que visitar todos y cada uno de los centros de detención a lo largo y ancho del país, porque es ahí donde hay mayores anomalías y donde podían pasar la vida entera los presos por el delito de robar comida.
Para el 15 de septiembre de este año saldrán los primeros reos que bajo las condiciones señaladas alcancen la libertad. En esta fecha liberan tradicionalmente a reos de la mayoría de los centros de readaptación en todo el país. Ahora serán muchos más.
Según la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 43 por ciento de la población penitenciaria no ha recibido sentencia, la mayoría de ellos son personas acusadas de delitos del fuero común, en penales estatales.
Este dato debió conocerse desde antes de tomar posesión, y se trata de una violación clara a los derechos humanos que no debió esperar casi tres años de gobierno para ejecutar lo que se llama el indulto presidencial que está a la mano del presidente de la república.
De una población total privada de su libertad de 220 mil 114 personas, 125 mil 567 ya tienen una sentencia y 95 mil 547 aún no la reciben; de este último grupo, 87 mil 189 son del fuero común. Si el Presidente dijo que con esta acción liberadora la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, es que no reconoce que el rezago existente debió esperar dos años 10 meses, en el momento en que sean liberados los presos que injustamente purgan penas.
Si López Obrador reconoce que la Segob jugó un papel de castigo, eso se terminó. Eso es bueno, pero debió hacerse hace más de dos años, al entrar a la Presidencia, pero ahora necesita de la colaboración de mucha gente para que pueda darle vigencia a la Consulta Popular donde, de llegar a 37 millones, será vinculatoria al poder Judicial que deberá actuar de inmediato, no sólo contra expresidentes sino contra exfuncionarios que incurrieron en actos de corrupción.
Hay reos cuya liberación ha sido anunciada desde hace días, como es el caso de Israel Vallarta y Brenda Quevedo, relacionados con el asunto de Florence Cassez, señalados por extraños personajes de liderar una banda de secuestradores. Esto abre otra línea de investigación que debe ser revisada y castigada, porque tiene que ver con intereses de las personas que encarcelaron a los reos que son inocentes, ya sean policías, empresarios, jueces, ministerios públicos, reporteros, medios de comunicación, etc.
Porque encarcelar a un inocente también debe implicar un castigo dentro de este proceso de indulto.
En los últimos 100 años en México se ha ejercido el indulto presidencial 14 veces, la primera vez ocurrió el 8 de septiembre de 1976, cuando el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez otorgó ese beneficio al asesino serial Gregorio “Goyo” Cárdenas. En esos días la prensa, de manera unánime, aplaudió la decisión del mandatario y las críticas no se escucharon por ningún lado. Enrique Peña Nieto otorgó un solo indulto en su sexenio; Felipe Calderón, cuatro y Vicente Fox, ocho.
Esta vez serán miles los que saldrán a la calle, algunos de ellos a enfrentarse a una realidad que desconocen completamente y para quienes habrá que ofrecerles apoyo laboral, legal, psicológico, médico, etc., para ellos y sus familias, si es que no la perdieron. No será una labor que termine con la liberación, porque será en ese momento en el apenas empiece la nueva tarea del actual gobierno.
PEGA Y CORRE. – Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se descubrió que, en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, buena parte del presupuesto destinado originalmente al sector Salud fueron desviados a la adquisición del sistema de espionaje Pegasus…
