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28.07.2026., Ciudad de México.- La organización Tejiendo Redes Infancia pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrir una investigación por el presunto acoso digital y la difusión de datos personales que enfrenta la estudiante del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) que denunció por abuso sexual al profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien posteriormente se quitó la vida.
A través de un pronunciamiento público, la organización especializada en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes advirtió que la revelación de la identidad de la víctima, así como la difusión de información médica, escolar y familiar, representa una grave vulneración a sus derechos y podría constituir un delito, además de incrementar el riesgo de revictimización.
El caso ha generado un amplio debate en torno a la protección de las víctimas de violencia sexual y a los límites en la difusión de información personal en plataformas digitales, luego de que el profesor Alberto Israel Jasso Cruz fuera hallado sin vida el pasado 21 de julio en su domicilio, dos días después de que la estudiante formalizara una denuncia por presunto abuso sexual.
De acuerdo con la información difundida por Tejiendo Redes Infancia, la adolescente presentó su denuncia el 14 de julio de 2026 tanto ante la Dirección Jurídica del IEMS como ante el Ministerio Público. En su declaración señaló que el docente presuntamente realizó tocamientos indebidos en al menos seis ocasiones durante una jornada escolar, situación que le provocó una crisis de ansiedad que derivó en atención hospitalaria.
Tras el fallecimiento del profesor, el 23 de julio comenzó a circular en redes sociales un video póstumo grabado por él antes de morir. En la grabación negó las acusaciones en su contra, responsabilizó al sistema de justicia por la situación que enfrentaba y reveló públicamente el nombre completo de la estudiante, lo que provocó que su identidad se difundiera rápidamente en distintas plataformas digitales.
Según Tejiendo Redes Infancia, además del video comenzaron a circular mensajes y un correo electrónico masivo que incluían información sensible sobre la adolescente, entre ella referencias médicas, escolares y familiares. La organización alertó que esta exposición ha derivado en una campaña de hostigamiento digital con miles de comentarios ofensivos, amenazas, insultos y señalamientos dirigidos contra la joven.
La organización sostuvo que la divulgación de datos personales de una víctima menor de edad puede vulnerar diversas disposiciones legales relacionadas con la protección de datos personales, los derechos de la infancia y el acceso de las mujeres y adolescentes a una vida libre de violencia. Asimismo, recordó que las autoridades tienen la obligación de garantizar la confidencialidad de quienes denuncian delitos sexuales.
Tejiendo Redes Infancia solicitó a la Fiscalía capitalina investigar el origen de la difusión de los datos personales, identificar a quienes participaron en su distribución y aplicar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de la adolescente. También pidió que se implementen acciones para frenar la violencia digital y evitar que continúe la circulación de contenido que permita identificarla.
La organización expresó preocupación por la participación de grupos y cuentas en redes sociales que, afirmó, han impulsado discursos de odio y desinformación alrededor del caso, contribuyendo a la estigmatización de la víctima. Advirtió que este tipo de campañas pueden desalentar que otras niñas, adolescentes y mujeres denuncien hechos de violencia sexual por temor a ser exhibidas públicamente.
El caso también reavivó la discusión sobre la protección de las víctimas durante investigaciones por delitos sexuales. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades deben preservar la privacidad, identidad e información personal de las personas menores de edad involucradas en procedimientos judiciales. En el mismo sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y diversas disposiciones en materia de protección de datos personales prohíben la difusión de información que pueda provocar revictimización.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación relacionada con la denuncia presentada contra el docente y no ha informado públicamente si inició una carpeta específica por la difusión de los datos personales de la estudiante. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que la prioridad debe ser garantizar la seguridad, privacidad y bienestar de la adolescente, así como evitar que continúe siendo objeto de violencia digital por haber denunciado presuntos actos de abuso sexual.
