BIBIANA BELSASSO-
Por fin el Congreso ha aprobado una muy buena ley en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, con normas muy estrictas para parejas golpeadoras y abusivas. Sobre esto platicamos con la senadora Claudia Ruiz Massieu (CRM).
CRM: En esta Legislatura tenemos un gran compromiso con el tema de avanzar en erradicar la violencia contra las mujeres, construir mecanismos que permitan a las mujeres empoderarse y a acceder a mayores oportunidades, y esto es natural, porque además es la primera Legislatura paritaria de la historia; entonces en el Senado de la República éste ha sido un tema que ha concitado el consenso de todas las fuerzas políticas, independientemente de partidos.
Aprobamos reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para castigar con mayor severidad a los agresores de mujeres y niñas con medidas como, incluso, el embargo de los bienes del victimario o su desalojo del domicilio familiar, para que la mujer y los hijos puedan regresar a él. Éste es un gran tema porque muchas veces las mujeres, cuando por fin encuentran las herramientas, el apoyo, e incluso el valor para poder denunciar a su agresor, que la mayoría de las veces, como sabes, son familiares, la pareja, un hermano, los padres, etcétera, incluso los hijos, pues no tienen a dónde ir, entonces con estas medidas que estamos incluyendo en la ley que se aprobó, se desaloja por parte del victimario el domicilio para que las víctimas, la mujer y los hijos, puedan estar en él.
Se establece un procedimiento en materia de órdenes de protección en favor de las mujeres agredidas y de sus hijos con sanciones para quienes sean omisos, es decir, las autoridades y estas órdenes de protección pueden durar hasta sesenta días o incluso se pueden prorrogar hasta noventa días y establecen, por ejemplo, medidas de custodia personal, alojamiento temporal, facilitar recursos económicos a las víctimas, brindar atención médica, garantizar la seguridad en la vivienda o prohibir al agresor acercarse al domicilio, cosas que suenan muy lógicas, pero que lamentablemente no estaban en ninguna legislación, y a partir de que lo aprobamos ya estarán. También se puede solicitar la intervención de la autoridad jurisdiccional, para garantizar el pago de obligaciones alimentarias, que tú sabes que muchas veces, cuando se da la separación por parte de las mujeres de sus agresores, pues no les pagan ninguna obligación alimentaria, y al trauma y a la condición de víctima se le suma esta nueva dificultad de no tener el apoyo.
BB: ¿Tiene que haber una sentencia ante una Fiscalía para que estas medidas apliquen, o cómo van a aplicar?
CRM: No, justamente sí hay la parte de penas, pero también hay una parte de medidas administrativas que las autoridades tienen que dictar, para que durante todo el proceso, antes de que haya una sentencia, las víctimas puedan contar con este tipo de medidas de protección o medidas de ayuda, ¿no?, como el alojamiento, los recursos económicos, transporte inclusive, atención médica e incluso, en ciertos casos, la interrupción legal y voluntaria del embarazo, en caso de violación.
BB: Ahora, ¿el Estado estaría aportando recursos para esto?
CRM: Pues evidentemente se establece una obligación para el Estado mexicano y bueno, para las entidades federativas inclusive, porque éste es un tema que atañe a todos los órdenes de Gobierno, ¿no?, entonces lo que queríamos era dar un paso más allá con medidas muy concretas con base en lo que ya sabemos que pasa en la realidad, no basta sólo decir ‘penas más graves’ cuando ya se logra una sentencia, sino construir las herramientas para que haya un acompañamiento durante todo el proceso en el que la víctima toma la decisión de denunciar, de ir a las autoridades para eventualmente buscar una sentencia, pero mientras eso sucede, necesita de un entramado de apoyos de todo tipo que aquí se busca detallar, para que las mujeres que ya dan ese paso se sientan acompañadas por el Estado mexicano, protegidas y con la solvencia o las herramientas necesarias para poder literalmente aguantar la carga económica, la carga emocional, la carga médica para ellas y sus hijos.
Lo que buscamos es que fueran medidas muy puntuales, con procedimientos muy rápidos, en donde en todo momento se esté reconociendo a las mujeres como víctimas, y justamente por eso también se establece que las autoridades que no actúen frente a las agresiones tengan sanciones
BB: Sabemos que es mucho más fácil probar un homicidio que un feminicidio, ¿será igual de complicado en este tipo de casos solicitar esas medidas cautelares o no?
CRM: No, aquí lo que buscamos es que fueran medidas muy puntuales, con procedimientos muy rápidos, en donde en todo momento se esté reconociendo a las mujeres como víctimas, que están en una situación especial y justamente por eso también se establece que las autoridades que no actúen frente a las agresiones tengan sanciones, porque muchas veces vemos esto, lamentablemente, cómo las mujeres van, denuncian y la autoridad es omisa, ya sea el juez, por ejemplo, en dictar órdenes de no acercarse a las mujeres, o de dictar medidas cautelares para proteger a las mujeres, y luego esto agrava la circunstancia, incluso puede llegarse a tener lesiones mayores o a generarse un feminicidio contra estas mujeres que se animaron a denunciar el maltrato o el abuso.
BB: Para poder recibir esta protección y apoyo, esta reforma que está arropando a las mujeres con esta nueva ley, ¿qué hay que hacer?
CRM: Puedes acudir obviamente a la autoridad jurisdiccional, al juez, a la Fiscalía, o incluso a las autoridades de salud, por ejemplo, que muchas veces son las primeras que reciben este tipo de denuncias o pueden advertir que una mujer o un niño o una niña son víctimas de abuso o de violencia por parte de algún familiar o de la pareja.
BB: ¿A partir de cuándo?
CRM: Nosotros ya aprobamos la ley y, a partir de su entrada en vigor, ya sólo tienen que pasar 120 días para que los gobiernos federales y de las entidades federativas desarrollen el plan de capacitación al personal ministerial y judicial, sobre el contenido de la reforma y entre plenamente en vigor. Debe ser un esfuerzo del Estado en su conjunto, el Gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, porque no podrían quedarse en el ámbito puramente federal, porque no surtiría efecto, entonces esto lo que busca es que podamos avanzar en construir capacidades de todo tipo del Estado mexicano, además de hacer accesible en la realidad y en la vida cotidiana de las mujeres, este tipo de medidas de protección.
