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/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
17.11.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.— El episodio de violencia y acoso sexual que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras caminaba por las calles del Centro Histórico desató diferentes cuestionamientos. Uno de ellos fue la forma de reimaginar rutas para combatir esta problemática que no sean penales, por lo que las organizaciones Intersecta y Equis Justicia por las Mujeres discutieron posibles alternativas a la propuesta presidencial.
Desde entonces, la presidenta anunció un plan contra el abuso sexual para que esta situación no volviera a repetirse con ninguna mujer del país. De acuerdo con la página web del Gobierno de México, el Plan Integral contra el abuso sexual busca fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia para las mujeres. El proyecto fue presentado a través de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y el punto fuerte es lograr que el acoso sexual sea un delito penal en todo el país.
El plan contempla siete principales acciones: homologar el delito de «abuso sexual» como delito grave en todo el país; impulsar una agenda de colaboración con el poder legislativo; promoción de la denuncia con campañas informativas y de sensibilización para las mexicanas; mejorar la atención y acceso a la justicia con la coordinación entre Fiscalías estatales; capacitación y profesionalización institucional al personal de Ministerios Públicos, Fiscalías, personas juzgadoras y autoridades locales; cambio cultural con campañas de concientización dirigidas a hombres; y la presentación de la ruta de homologación del tipo penal de abuso sexual el próximo 25 de noviembre.
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El problema de la justicia penal
Durante el conversatorio “Otras rutas no penales son posibles y deseables. Análisis de las propuestas presidenciales para el abordaje del abuso sexual” en X spaces, Fátima Gamboa, directora de Equis Justicia por las Mujeres, apuntó que la apuesta presidencial solo se enfoca en el derecho penal y, aunque es necesario ese enfoque, no es el único camino que se puede tomar para combatir esta violencia.
Un aspecto del problema de la vía penal es que se ha empleado desde otros sexenios, especialmente con Andrés Manuel López Obrador, y ha fracasado. «No basta con que las mujeres denuncien«, ya que esto procesos largos de investigación, ofrecimiento de pruebas, desahogo, judicialización, mediaciones y procesos destinados al fracaso cuando se hablan de delitos relacionados de violencia de género.
Los datos oficiales dan cuenta de esta realidad para las mujeres. En México, solo en lo que va del 2025, existen 9 mil 930 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual a nivel nacional, siendo la Ciudad de México la entidad con mayor número de casos (mil 107), según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por otro lado, existen 25 mil carpetas abiertas por esta violencia y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 45% de las mexicanas ha sufrido abuso.
Para Estefanía Vela Barba, directora de Intersecta, es positivo que se envié un mensaje desde la presidencia: «los cuerpos de las mujeres deben respetarse». No obstante, existe un problema para determinar cómo el Estado va a garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia fuera del ámbito penal.
Desde su experiencia como abogada, la defensora consideró que el derecho penal es la única vía para encarcelar a alguien, pero existen otras rutas para sancionar la violencia como la justicia cívica.
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Otras vías más efectivas
«¿Cuáles son las otras alternativas?» Para Fátima Gamboa, la primera está relacionada con la prevención primaria y pese a que el Estado está obligado a transformar los patrones socioculturales para erradicar las violencias, las entidades no trabajan en conjunto con los sistemas institucional, privado, educativo, comunicacional, cultural para eliminar los estereotipos, la domesticación, opresiones y superioridad entre géneros.
Sin embargo, lo que podría marcar una diferencia es la justicia cívica, la cual funciona como un mecanismo que se rige a través de faltas administrativas o infracciones. Entre las ventajas que ofrece se encuentran la facilidad de llegar a un juez cívico que a un juez penal o civil y es la más cercana a la gente; utiliza procesos de mediación para asegurar condiciones para reducir asimetrías de poder entre el victimario y la victimas; y las audiencias son rápidas y usa estándares más reducidos.
En cuanto a casos de violencia contra las mujeres se pueden emplear medidas de protección, de resguardo, detención de generación de violencia como el arresto administrativo de hasta 36 horas, y de una serie de tejido institucional para responder de forma asistencia e integral en estos casos, así como negociar mecanismos de reparación integral para aquellas que han vivido acoso callejero.
De llevar las soluciones contra el acoso sexual solo al ámbito penal, los jueces cívicos se deslindarán de los casos argumentando que el delito ya está tipificado y mandarán a las mujeres a realizar denuncias penales provocando que la justicia se retrase ante las barreras de este sistema.
Para Estefanía Vela Barba, directora de Intersecta, es fundamental que el gobierno se plantee las acciones que está haciendo para mejorar la justicia cívica en los distintos municipios. Asimismo, remarcó la necesidad de visibilizar las vías no penales, ya que están invisibilizadas: «algo que hemos visto en Intersecta es que las estadísticas de las ramas judiciales que no son lo penal es mínima comparada con la información de lo penal» señaló.
Por otro lado, la defensora también trajo a colación la justicia electoral, con la cual se pretende proteger los derechos políticos-electorales de las mujeres para que puedan ejercer en la política sin vivir violencia de género como el acoso y abuso sexual. Esta propuesta nace a raíz de los cuestionamientos a Sheinbaum sobre una supuesta «falla» de su equipo de seguridad, a lo que ella respondió que quería ser cercana a la población y no recluirse en lo privado.
Estefanía Vela Barba reconoció que se puede emplear del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los cuales cuentan con buen financiamiento y mecanismo rápidos para resolver quejas: «son dos instituciones en las que los argumentos en pro de los derechos de las mujeres tienen un lugar».
Una cuarta vía es a través de la justicia laboral que puede ir ligado a la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México, en la cual, uno de los puntos novedosos del documento es que expande el concepto de violencia laboral para incluir los trayectos. Es decir, que, aunque los centros de trabajo no son responsables por la violencia de género que puedan enfrentar sus trabajadoras en el camino, sí deben canalizarlas con instituciones que brinden atención.
De acuerdo con Fátima Gamboa, esta representa una ruta importante, ya que los centros laborales ocupan el cuarto lugar dentro de los espacios donde las mujeres viven violencia. Pese a ello, las personas juzgadoras laborales suelen delegar casos de violencia hacía el ámbito penal. Aunque, para las defensoras, también es importante que la propuesta de Sheinbaum procure justicia para las mujeres indígenas en su idioma y educación de los derechos sexuales y reproductivos para modificar la mirada sobre el control de los cuerpos femeninos.
Ahora, quedará esperar al 25 de noviembre para conocer la hoja de ruta para la homologación del tipo penal de abuso sexual que será presentada en el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.
