*Retrovisor-
/ Ivonne Melgar /
Bajo la advertencia de que ya inició el fin del Poder Judicial, Morena, PT y Partido Verde patearon este miércoles la reforma de 2011 en materia de derechos humanos.
Al respaldar las iniciativas del Senado en materia de amparo y amnistía, los diputados oficialistas consumaron el golpe contra el ahora odiado “bloque de constitucionalidad”.
Sin rubor, apuñalaron el marco jurídico que hace dos sexenios enorgulleció al Congreso y a la Corte, donde el consenso colocó a México, se dijo, por fin, ante el compromiso de una democracia constitucional.
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, se definió en el artículo primero. De ese tamaño fue el cambio.
Consecuentemente, los jueces podrían aplicar “el bloque de constitucionalidad”, es decir, el derecho internacional y toda la doctrina de la Corte Interamericana (CIDH), en sus resoluciones contra actos de autoridad.
Desde esa perspectiva, un amparo frente a actos de autoridad tendría alcances para otras personas afectadas, tratándose de leyes inconstitucionales, sea porque violan algún artículo de nuestra Constitución o alguna convención o tratado internacional.
Limitar los efectos del amparo, tanto en sus alcances como en la suspensión del acto reclamado cuando las leyes se encuentren en revisión en la Suprema Corte —en espera de que los ministros determinen si son o no inconstitucionales— es el objetivo de esa reforma.
“No podemos permitir que una sola autoridad judicial cuestione, ponga en jaque nuestro trabajo”, resumió la diputada Adriana Bustamante (Morena) al presentar el dictamen.
Es la reforma que el senador Ricardo Monreal diseñó para cancelar los alcances de las resoluciones de los jueces y que la oposición considera una venganza gubernamental por las suspensiones de obras y medidas diversas.
Los representantes del PAN, PRI, PRD y MC señalaron que la reforma atenta contra la división de Poderes y obstruye el derecho a la justicia. “Nos pone a un paso de la tiranía, porque si el gobierno ya no te da tus medicamentos contra el cáncer, ya no podrás ampararte”, ejemplificó Javier Huacus (PRD). Con esta reforma, la justicia sólo se aplicará a quienes pueden pagarla, dejando otra vez indefensos a los más pobres, a quienes dicen defender”, reclamó María Fernanda Félix Fregoso (MC).
En voz de la diputada María Elena Pérez Jaén (PAN), la oposición recordó que ese día se cumplían tres años de que Porfirio Muñoz Ledo pronosticó que la Corte echaría por tierra la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar como su ministro presidente. Y auguró que lo mismo pasará con esta reforma.
Yolanda de la Torre (PRI) hizo leer una cita del ministro en retiro en la que defiende los alcances del amparo que sus compañeros de campaña ahora entierran. “¡Cómo se atrevieron! Sólo el hecho de proponer esta iniciativa inconstitucional y regresiva debe ser una vergüenza pública para cualquier legislador”, recriminó.
Pero morenistas, petistas y verdes celebraron el cambio como un freno a los intereses privados y al “gobierno de los jueces”.
Un día anterior, en la ceremonia por el bicentenario de la Constitución de 1824, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) le declaró la guerra a la reforma en derechos humanos de 2011: “Hoy, la Suprema Corte ha construido la tesis de que la Constitución puede modificarse por la interpretación y que, más allá de nuestra letra constitucional, existe un nuevo régimen que contiene un bloque de principios jurídicos superiores que sólo los jueces pueden revelar y atraer con sus sentencias. Esto tiene que cambiar, tiene que revisarse”, advirtió el morenista.
Cantado el tiro, al siguiente día tronó el disparo. Al argumentar en favor la reforma, Robledo volvió a la carga: “La interpretación judicial se ha arrogado a sí misma facultades que no están en el derecho mexicano. Se interpreta que están en un bloque de constitucionalidad y se asume que hay un orden jurídico interamericano. No estamos de acuerdo con esa visión”.
El punto es que ese enfoque se encuentra en la Constitución y ésta no puede ser violentada por una reforma secundaria.
Quizá por eso, anticipándose a lo que podría suceder, el morenista amagó: “Si la Corte la tirara, se va a volver a presentar hasta que haya una mayoría de ministros que entiendan que la ley no se debe interpretar políticamente”.
Y ya encarrilados en patear el artículo primero de la Constitución, la coalición oficialista aprobó otra reforma secundaria que otorga facultades al Presidente de la República para aplicar la amnistía, el perdón y el olvido a personas que se encuentren privadas de su libertad, con castigo penal o sin éste y acusadas de algún delito relacionado con casos de interés social o político.
Es para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras masacres, justificaron. La oposición la calificó de violatoria a las convenciones internacionales y como la entrega a la Presidencia de la República de las llaves de la cárcel para liberar a corruptos e integrantes del crimen organizado.
Queda el cuestionamiento del diputado Miguel Humberto Rodarte (PAN): “¿Y cuáles son los casos relevantes para el Estado mexicano? ¿Quién los determina? ¿Lo que el Presidente diga?”.
Y hacemos nuestra la pregunta de la diputada Ellen Bernal (PRI) para los abogados y activistas afines al gobierno: “¿Cómo es posible que se presten a tanta aberración?”.
