*Escrito por Berenice Chavarría Tenorio.
05.10.2023 /Cimac Noticias.com /Ciudad de México.- A través de un beneficio preliberacional fue puesta en libertad Karime, quien en 2011 fue detenida con violencia, una tortura que derivó que ella se declarara culpable por el delito de robo a casa habitación. Desde ese año se encontraba en prisión, enfrentando un proceso plagado de irregularidades y lejos de su familia, su hijo e hija, junto a quien fue detenida hace 12 años.
La noche del 4 de octubre Karime finalmente fue liberada y a las afueras del penal de Santa Martha Acatitla, donde permaneció por más de una década, ya la esperaban su madre y sus hijos.
Recordó que su caso, como el de otras mujeres, permanecen sin una reparación del daño, con procesos “mal hechos” que no construyen un camino hacia la justicia.
Karime pasó más de una década en el penal de Santa Martha Acatitla, tras ser acusada de robo. El 11 de abril de 2021 fue interceptada por dos hombres vestidos de civiles. Más tarde la investigación reveló que los hombres eran policías de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes, además, se encontraban a bordo de un vehículo que no tenía elementos que lo identificaran como oficial.
Al momento de la detención, que se realizó aproximadamente a las 13:30 horas, los hombres le arrebataron a su hija y obligaron a Karime a subir a un vehículo en el que se encontraban otros dos hombres en los asientos delanteros.
Ninguna de esas personas se identificó como policías de investigación ni le indicaron los motivos de su detención, tampoco le presentaron ninguna orden emitida por alguna autoridad.
Luego de ser llevada a una casa donde fue violentadas psicológica y físicamente, hasta aproximadamente las 19:00 horas Karime y su bebé fueron llevadas a una agencia del Ministerio Público, donde las amenazas y la tortura continuaron.
A Karime la amenazaron con detener a toda su familia si no firmaba la declaración en la que ella aseguraba ser culpable del delito de robo. Tras hacerlo, fue enviada de inmediato a prisión y en menos de tres meses la sentenciaron a 25 años de prisión.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó la tortura sufrida por Karime y su bebé en la Recomendación 16/2019. Sin embargo, ninguno de los funcionarios responsables ha sido sancionado.
Por el contrario, el juez Júpiter López Ruiz determinó que el plazo para investigar y sancionar la tortura en contra de Karime había concluido, dejándola así sin recursos para recuperar su libertad.
La abogada Karla Michelle Salas, fundadora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y acompañante legal en el caso, impugnó la decisión de dicho juez; sin embargo, esto implicaba una labor aún más extenuante.
Fue así como la defensa legal y la familia optaron por recurrir a las autoridades de la Ciudad de México para solicitar el indulto a Karime, petición que se lanzó desde hace un par de meses. Sin embargo, recurrir a esta figura resultaba complejo pues se abría la posibilidad a una impugnación, por lo que se decidió usar un beneficio preliberacional que finalmente la reuniera con su familia.
El panorama en México de las mujeres víctimas de detención arbitraria, tortura y prisión preventiva
Recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, al concluir una visita de 12 días a México, determinó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generaliza en nuestro país, como resultado de ellos las mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI+, adolescentes, personas adultas mayores y las personas que viven en la pobreza son las principales afectadas. Por ello hicieron un llamado particular para las autoridades garanticen medidas especiales de protección y un enfoque basado en el género.
Las cifras hablan por sí solas: de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) de 2014 al 2022 hay más de 607 quejas por tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y esta organización ha conocido más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual.
Aunado a ello es importante destacar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que la misma falta de perspectiva de género que permeó en el caso de Karime, es aquella que ha provocado que 43 mil 475 mujeres permanezcan privadas de su libertad sin sentencia.
De acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEE-F), 2023, se reveló que son las mujeres quienes esperan 24 meses o más por su sentencia, con un 29.7 por ciento del total, mientras que este rango de espera solo se aplica en el 26.7 por ciento de hombres.
De acuerdo con EQUIS Justicia para las Mujeres, a partir del año 2019, “el número de mujeres en prisión ha crecido un 23 por ciento (esto muy probablemente se debe a que los principales delitos por los que están en prisión, se encuentran dentro del artículo 19 constitucional; es decir, aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa)”.
Tras la liberación de Karime recordamos también historias como las de Rocío y Brenda, quienes actualmente se encuentran en detención preventiva en el Estado de México acusadas de delitos que, afirman, no cometieron.
Cimacnoticias documentó sus historias y también la serie de omisiones que han enfrentado en sus procesos, mismas que las mantienen en prisión, enfrentado problemas de salud y lejos de sus familias.
