Tras 17 años, FGR reabre caso de Elisa Loyo y deberá investigarlo con perspectiva de género

Banner

*Después de 17 años de lucha, la FGR deberá retomar el caso conforme a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

05.08.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió la investigación por la muerte de la mexicana Elisa Loyo Gutiérrez, ocurrida en Filipinas en 2008, luego de que un Tribunal Federal determinó que el caso nunca fue investigado conforme a los protocolos para muertes violentas de mujeres y que nunca se descartó, mediante una investigación adecuada, la posibilidad de un feminicidio.

La decisión representa un avance en la búsqueda de verdad y justicia emprendida durante 17 años por la madre de Elisa, Rosa de Guadalupe «Tita» Gutiérrez Cabello, acompañada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

El OCNF informó que la reapertura deriva del cumplimiento de una sentencia de amparo en revisión emitida por un Tribunal Colegiado, que ordenó a la FGR retomar la investigación con perspectiva de género y conforme a los estándares nacionales e internacionales para investigar las muertes violentas de mujeres.

Como parte del cumplimiento de esa resolución, la Fiscalía dejó sin efectos la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida el 6 de julio de 2022, por lo que el caso volverá a ser investigado.

Durante una reunión de trabajo realizada el pasado 29 de julio entre autoridades de la FGR, representantes del OCNF y la familia de Elisa, la institución también se comprometió a mantener coordinación permanente con la representación legal y practicar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

La FGR deberá investigar con perspectiva de género

La sentencia de amparo establece diversas obligaciones para la Fiscalía General de la República.

Entre ellas se encuentra realizar todas las diligencias necesarias para investigar la muerte de Elisa Loyo con perspectiva de género, conforme a la legislación mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos.

Asimismo, deberá concluir la investigación de manera oportuna, inmediata, imparcial y efectiva, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte y garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

El OCNF señaló que durante este proceso también presentará observaciones y propuestas para fortalecer el plan de investigación.

¿Por qué se reabrió el caso de Elisa Loyo?

Elisa Loyo Gutiérrez murió en Filipinas en 2008 y las autoridades de ese país clasificaron inicialmente el caso como un suicidio.

Sin embargo, durante años su familia documentó diversas irregularidades, entre ellas el presunto ocultamiento de pruebas, inconsistencias en las investigaciones y la ausencia de una indagatoria con perspectiva de género.

Estas deficiencias fueron determinantes para que un Tribunal Federal concluyera que la investigación realizada por autoridades mexicanas tampoco cumplió con los protocolos establecidos para investigar muertes violentas de mujeres.

Por ello, el órgano jurisdiccional ordenó reabrir el expediente y realizar una investigación que considere la posibilidad de feminicidio, conforme a los estándares de derechos humanos.

Un precedente para investigar muertes violentas de mexicanas en el extranjero

Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la resolución representa un avance para la familia de Elisa, pero también evidencia las fallas institucionales que permitieron que el caso permaneciera prácticamente cerrado durante años.

La organización destacó que el Estado mexicano mantiene la obligación de investigar de manera diligente las muertes violentas de mujeres mexicanas, incluso cuando ocurren fuera del territorio nacional, con el fin de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Diecisiete años después de la muerte de Elisa, su familia continúa esperando el esclarecimiento de los hechos y la sanción de quienes resulten responsables.

El OCNF informó que dará seguimiento al cumplimiento integral de la sentencia hasta que se garantice plenamente el acceso a la justicia.