*“Ha sido invisibilizado por la lucha contra los homicidios dolosos, el tráfico de drogas y el de armas”, agregó el titular de la Cátedra Extraordinaria dedicada al tema
El pasado 8 de octubre salió a la luz el correspondiente a 2026 y, en él, México se mantuvo en el nivel 2, según el cual, si bien no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar este delito, lleva a cabo esfuerzos significativos.
La trata de personas es un delito en el que, por medio de engaños, mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños son enganchados y trasladados a otro lugar distinto de donde viven para ser sometidos de manera constante a situaciones de explotación sexual o laboral.
“Las víctimas son despojadas de todos sus derechos y cosificadas, es decir, convertidas en ‘cosas’ por sus captores”, dijo Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas y Violencias”, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM y coordinador del Seminario de Altos Estudios del Desarrollo en esta instancia universitaria.
Datos no representativos
Según Fuentes Alcalá, pese a que en 2012 entró en vigor en México la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y a que desde entonces opera una Comisión Intersecretarial encargada de definir y coordinar la política pública nacional contra este crimen, sigue habiendo grandes vacíos en relación con él.
“En primer lugar, las víctimas carecen de protección y asistencia, y como saben que pueden ser revictimizadas y a veces incluso corren el peligro de perder la vida, en muy pocas ocasiones levantan denuncias. Asimismo, la debilidad de las investigaciones de los casos y la impunidad persisten (de hecho, la trata de personas es uno de los delitos más impunes). Así, los datos que tenemos, sobre el número de víctimas, denuncias y sentencias no son representativos”.
Otro factor que perjudica la erradicación de este delito en nuestro país es que el Programa Nacional contra la Trata de Personas 2025-2030 aún no se ha publicado, lo cual, como se lee en el artículo “Una lectura crítica del Informe sobre Trata de Personas 2026” (https://sites.google.com/politicas.unam.mx/catedra-trata-de-personas/pronunciamientos/una-lectura-crítica-del-informe-sobre-trata-de-personas-2026), del propio Fuentes Alcalá, “resta transparencia a la Comisión Intersecretarial”.
País de origen, destino y tránsito
De acuerdo con el investigador, el informe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos repitió ahora lo que ha dicho los últimos 20 años: que México no hace lo suficiente respecto a la trata de personas, que sus cifras no son confiables, que no se sabe cuántas de las víctimas son niñas, niños o adolescentes, que no hay en curso ninguna investigación de autoridades corruptas o sospechosas de estar implicadas en algún caso, y que la capacidad del Estado para proteger a las víctimas es muy baja.
“Y es necesario añadir que, en referencia a este grave problema social, México es un país de origen, destino y tránsito. Es decir, las víctimas mexicanas son trasladadas a otros lugares para explotarlas; muchas personas llegan de otros países y son explotadas aquí; y otras más llegan del extranjero y son llevadas a Estados Unidos, sobre todo. Por lo demás, este delito ha sido invisibilizado por la lucha contra los homicidios dolosos, el tráfico de drogas y el tráfico de armas”.
Instrumento útil
¿Por qué voltear a ver un informe elaborado por un gobierno que hoy en día desprecia los derechos humanos y se entromete, mediante diversas vías, en la política interna de otros países, como el nuestro?
Fuentes Alcalá respondió: “Desde 2001, el combate a la trata de personas ha sido una política de Estado de Estados Unidos. Por esto creó la TIP Office, que empezó a generar recursos para apoyar a organizaciones de la sociedad civil en sus investigaciones, el fortalecimiento de sus albergues y la articulación de acciones preventivas; así como el informe global, el cual, debe reconocerse, ha permitido visibilizar este delito en todo el mundo.
Por lo que se refiere a México, más allá de la voluntad del presidente y los legisladores en turno, puedo asegurar que este informe también fue uno de los factores que incidieron en su momento en la promulgación de la ya mencionada ley y en la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y, además –sin negar que el cambio de paradigma del actual gobierno estadunidense, en términos de desconocer derechos y acuerdos internacionales, ha minado este tipo de instrumentos–, nos ha ayudado a argumentar que la política contra la trata de personas no tiene la fuerza necesaria en la lucha para erradicar todas las violencias”.
Fuente: Gaceta UNAM