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20.07.2026 Zacatecas.- A casi tres días del hallazgo de 10 hombres asesinados en una de las jornadas de violencia más cruentas registradas este año en Zacatecas, el gobernador David Monreal Ávila finalmente apareció ante los medios de comunicación para condenar los hechos y asegurar que los responsables “pagarán por esta barbarie”, mientras crecen los cuestionamientos por la crisis de seguridad que mantiene a la entidad entre las más golpeadas por la violencia homicida en el país.
El multihomicidio ocurrió el fin de semana y conmocionó al país por la brutalidad con la que fueron abandonados los cuerpos. Cinco de las víctimas fueron encontradas colgadas de un puente vehicular en el municipio de Pánuco, mientras que otras cuatro fueron localizadas cerca de una clínica del IMSS en Morelos y una más sobre la carretera Zacatecas-Durango, en el municipio de Saín Alto. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que todas habían sido privadas ilegalmente de la libertad días antes de ser asesinadas.
Durante su primera declaración pública tras la masacre, Monreal calificó el crimen como un acto de “barbarie” y prometió que no habrá impunidad. Sin embargo, su aparición ocurrió luego de 72 horas de silencio oficial, en medio de una creciente indignación social por la magnitud del ataque y por la percepción de que la violencia continúa rebasando a las autoridades estatales.
La Fiscalía estatal informó que las diez víctimas ya fueron plenamente identificadas. Entre ellas se encuentran Ignacio “Nacho” Castrejón, exalcalde panista de Sombrerete; Andrés Vázquez Gurrola, exregidor de Canatlán, Durango; Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; Jesús Gerardo “Chuy” Muñetón Hernández, integrante del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Fresnillo; los empresarios Jesús Rivera Sandoval, Fernando Robles de la Torre, José Armando Ledesma Campos y su hijo José Armando Ledesma Aguirre; Juan Carlos Berumen Guerrero, empresario y DJ, así como José Ángel Valdez Rivera, productor agropecuario y dirigente ganadero del municipio de Jiménez del Teúl.
El fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya reveló que algunas de las víctimas desaparecieron desde el 16 y 17 de julio, mientras que otra fue privada de la libertad apenas unas horas antes de ser localizada sin vida. También confirmó que en ninguno de los casos existía una denuncia formal por desaparición al momento de los hechos y señaló que las investigaciones contemplan posibles actos de extorsión, colusión de servidores públicos y análisis financieros para determinar el móvil del crimen.
En los lugares donde fueron abandonados los cuerpos también fueron encontradas mantas con mensajes atribuidos a un grupo del crimen organizado, en las que se lanzaban acusaciones de presunto desvío de recursos y advertencias dirigidas a otras personas. Las autoridades mantienen bajo resguardo esos indicios como parte de la investigación.
La masacre vuelve a colocar a Zacatecas en el centro de la crisis nacional de violencia. Durante los últimos años, la entidad ha sido escenario recurrente de asesinatos múltiples, cuerpos abandonados en carreteras, bloqueos, desapariciones y enfrentamientos entre organizaciones criminales que disputan el control de rutas estratégicas para el trasiego de drogas y mercancías ilícitas. Aunque el gobierno estatal ha sostenido en diversas ocasiones que los homicidios han disminuido respecto a años anteriores, hechos como el ocurrido este fin de semana evidencian que la capacidad operativa de los grupos criminales continúa representando un desafío para las autoridades.
La indignación social también se ha centrado en la respuesta gubernamental. Organizaciones civiles, ciudadanos y actores políticos han cuestionado la demora del Ejecutivo estatal para fijar una postura pública frente a uno de los episodios más violentos registrados en la entidad durante 2026, mientras las investigaciones continúan sin personas detenidas ni un móvil plenamente esclarecido.
El caso se suma a una larga lista de hechos violentos que han marcado a Zacatecas durante los últimos años y que han convertido al estado en uno de los principales focos de preocupación en materia de seguridad pública, pese al despliegue permanente de fuerzas federales y estatales. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía mantenía abiertas diversas líneas de investigación y reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con autoridades federales para identificar y capturar a los responsables.