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Washington, EUA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que buscará ampliar la aplicación de la pena de muerte a nivel federal para grandes traficantes de drogas, responsables de trata de personas y quienes asesinen a agentes de policía.
El planteamiento fue realizado el viernes 2 de octubre durante un mitin político en Mobile, Alabama, donde Trump vinculó la propuesta con su agenda de seguridad y con su intención de endurecer las sanciones contra determinados delitos. En su discurso afirmó que su gobierno impulsará una legislación para establecer la pena capital en esos casos.
La propuesta no modifica por sí misma la legislación federal. Para incorporar nuevos supuestos de aplicación de la pena de muerte sería necesario que el Congreso aprobara cambios legales, además de superar los posibles cuestionamientos constitucionales que pudieran surgir.
La pena capital ya está contemplada en la legislación federal estadounidense para determinados delitos. La administración Trump ha impulsado durante 2026 medidas para ampliar y acelerar su utilización en los casos que actualmente permiten solicitarla.
En abril, el Departamento de Justicia anunció que restablecería el protocolo de inyección letal empleado durante el primer gobierno de Trump y que incorporaría métodos adicionales de ejecución, entre ellos el pelotón de fusilamiento. La dependencia también informó que había autorizado solicitar condenas a muerte contra 44 acusados.
El anuncio de octubre se produjo después de que la aplicación de la pena capital volviera a generar atención en Estados Unidos por el caso de Christa Pike, una mujer condenada a muerte en Tennessee. El 30 de septiembre, el procedimiento para ejecutarla mediante inyección letal fue suspendido después de que sobreviviera a dos administraciones de pentobarbital y fuera trasladada a un hospital.
Trump ya había defendido anteriormente la utilización de la pena de muerte contra determinados delincuentes violentos. Durante su actual administración, el Departamento de Justicia ha señalado entre los casos prioritarios aquellos relacionados con asesinatos de agentes policiales y otros delitos considerados de especial gravedad.
El planteamiento anunciado en Alabama amplía ahora expresamente el grupo de delitos que Trump pretende incluir en el ámbito de la pena capital federal. Entre ellos están las operaciones de narcotráfico a gran escala y la trata de personas, además de los homicidios cometidos contra policías.
La iniciativa deberá pasar por el proceso legislativo si pretende convertirse en una modificación permanente de la legislación federal. Un presidente estadounidense no puede crear mediante una orden ejecutiva una nueva categoría de delito federal castigada con la pena de muerte.
La discusión también ocurre en un contexto de renovado debate sobre el sistema de ejecución en Estados Unidos. El gobierno federal ha adoptado medidas para reactivar las ejecuciones y ampliar los mecanismos disponibles, mientras continúan los cuestionamientos legales y sobre las condiciones bajo las cuales se aplica la pena capital.
Por ahora, Trump presentó la ampliación como una propuesta que su administración buscará llevar adelante, pero todavía no existe una nueva legislación federal que establezca la pena de muerte para todos los supuestos mencionados durante su discurso.