*Escrito por Arantza Díaz y Lizbeth Ortiz Acevedo.
Ciudad de México.- Este lunes 20 de enero, el republicano Donald Trump está por llegar a su segunda investidura como presidente de los Estados Unidos lo cual ha provocado incertidumbre en diversas partes del mundo por las ofensivas planteadas pero hoy en especial pone en el foco a las más de 2 millones de mexicanas quienes residen en el país vecino y que enfrentan el temor de deportación.
El arribo de Trump al poder le da el lugar 47 como presidente de Estados Unidos y este regreso a la Casa Blanca se ha caracterizado por promesas imperialista que amenazan el Canal de Panamá, Groenlandia o incluso territorio mexicano, porque durante su campaña presidencial dijo que bombardearía nuestro territorio para acabar con zonas de los cárteles de la droga, responsables de la crisis de fentalino en Estados Unidos.
Lo cierto es que esta nueva era de Trump traerá cambios significativos a la política internacional los cuales derivarán con secuelas directas a mujeres migrantes mexicanas quienes permanecen en territorio de Estados Unidos sin documentos de estancia legal y también a las de otros países que buscan llegar a este territorio atravesando México, sin dejar de lado una narrativa xenófoba y de supremacía blanca.
El día previo a la investidura de Trump, la frontera norte de México con Estados Unidos lució solitaria por el temor de represalias trumpistas contra la comunidad migrante, incluso, Texas colocó alambres de púas y vigilancia aérea para evitar el cruce indocumentado, además convocó a un evento masivo en un mitin donde reiteró cumplir su promesa de la mayor deportación jamás vista en su territorio.
De acuerdo con El Colegio de la Frontera Norte, del total de la población mexicana viviendo en Estados Unidos sin documentos de estancia legal, el 44 por ciento son mujeres, lo que equivale a 2 millones 200 mil.
El 72% de las personas sin estos documentos de estancia, se encuentran dentro de la fuerza laboral, el resto son menores de edad, estudiantes, o personas dedicadas a las labores del hogar. Entre quienes trabajan, lo hacen principalmente en los sectores de construcción y servicios, por tanto, en caso de deportaciones masivas, estos serían los principales sectores económicos afectados en la economía estadounidense.
De acuerdo con la Current Population Survey realizada de manera conjunta por la Oficina del Censo y la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos y publicada en 2024 (la fuente estadística más reciente), a la fecha en Estados Unidos habitan 332.3 millones de personas de las cuales poco más de 39 millones son de origen mexicano, pero de éstas, la gran mayoría, 9 de cada 10, son ciudadanos americanos o residentes permanentes autorizados.
Con estimaciones del Colegio de la Frontera Norte (Colef), a partir de la fuente estadística más reciente, en Estados Unidos residen 13.5 millones de personas sin documentos de estancia legal, de las cuales poco más de la tercera parte son mexicanas y mexicanos (36.4%), siendo el grupo más numeroso y el que se vería más afectado. El resto proviene de al menos 127 países más.
| Origen | Frecuencia | Porcentaje |
| México | 4 millones 926 mil 393 | 36.4% |
| Centroamérica | 2 millones 416 mil 042 | 17.9% |
| Asia | 2 millones 290 mil 895 | 16.9% |
| Sudamérica | 1 millón 584 mil 008 | 11.7% |
| Caribe | 1 millón 051 mil 219 | 7.8% |
| África | 548 mil 157 | 4.0% |
| Europa | 488 mil 706 | 3.6% |
| Otros | 229 mil 565 | 1.7% |
| Total | 13 millones 534 mil 985 | 100.0% |
Texas, California e Illinois, concentran la mitad de estas comunidad mexicana migrante sin documentos de estancia legal, aunque en prácticamente todo Estados Unidos existe población en riesgo.
En cuanto a las entidades de procedencia se estima que 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos no autorizados proceden principalmente de 10 estados de la República Mexicana: Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla.
Para dimensionar este fenómeno migratorio que se ha gestado en las fronteras del norte y sur del país, Cimacnoticias conversó con Yuriria Salvador, coordinadora de la organización defensora de derechos humanos de las personas en contextos de movilidad Centro Fray Matías en Tapachula, Chiapas, así como con la coordinadora de atención psicosocial de la Casa Refugio Migrante de Hermosillo, Marisol Esparza.
La advertencia conjunta es: «no es una crisis humanitaria, pero sí un fenómeno sostenido desde el 2018 que infiere que el modelo de contención y criminalización del propio Estado mexicano no sólo es obsoleto, sino también, violatorio a los derechos humanos».
Desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, los ataques directos en contra de la comunidad migrante han sido ensalzados y la promesa de «la deportación más grande de la historia» se mantiene en el aire, el contrapeso: caravanas migrantes que apretaron el paso desde hace meses para cruzar la frontera.
Migración en el cinturón sureño: Chiapas entre narcotráfico, militares y violencia institucional
Desde el 2 de diciembre, una de las caravanas más grandes -y la tercera desde el triunfo de Trump- arribó a nuestro país al cruzar la frontera con Guatemala. Las caravanas, mayormente conformadas por familias, han estado apretando el paso atravesando Tapachula, Chiapas, una de las entidades con mayores tasas de crimen organizado donde se gesta una disputa entre grandes células delictivas del narcotráfico.
En un breve contexto, el exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón ha sido señalado por haber dejado a Chiapas sumida en una profunda violencia luego de permitir la entrada de grupos de narcotráfico a la zona.
Actualmente, Escandón se desempeña como cónsul en Miami por orden de Sheinbaum a pesar de estar bajo la mira desde noviembre por enriquecimiento ilícito según ha documentado la revista Proceso.
Derivado de esta entrada del narcotráfico el país, medios como El País han documentado el recrudecimiento de una extrema violencia, particularmente, en contra de la comunidad migrante; se tiene registro de familias encerradas en jaulas utilizadas para gallos y grupos de hombres quienes portan un falso equipo de policía y refieren que son ellos la ley en la región sureña de Chiapas que corre desde Corozal, Nueva Palestina, Tapachula hasta la frontera de Comalapa.
Según documenta el medio, Chiapas se ha convertido en un territorio de disputa entre 2 de las células criminales más poderosas del país: El Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, dejando a su paso, una cadena de asesinatos, desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones por donde hoy, esta caravana migrante se encuentra avanzando en total desprotección.
Cimacnoticias conversó con Yuriria Salvador de la casa migrante Fray Matías ubicado en Tapachula, Chiapas para obtener un panorama más amplio sobre cómo se gesta la dinámica en la frontera del sur, la violencia enlazada al narcotráfico y la manera en que se percibe la situación ante la investidura de Donald Trump.
El primer apunte de Yuriria es: “Esto no es una crisis humanitaria, sino una crisis sostenida desde 2018 que no se ha podido gestionar ni con políticas públicas, ni con prácticas enfocadas en la integración de personas migrantes solicitantes de refugios”.
De acuerdo con la experta en movilidad, humana el asunto de inseguridad que atraviesa la frontera sur no sólo se trata de apuntar hacia las células delictivas, sino también, de poner la lupa sobre el pobre actuar de las autoridades mexicanas que no garantizan un tránsito seguro, por el contrario, se articulan para ejercer una serie de violencias institucionales y castrenses para coptar a la población migrante.
Entre las primeras denuncias de Yuriria Salvador es que, a partir de la asignación de control y verificación migratoria a la Guardia Nacional, la violencia ha tenido un preocupante repunte.
“Esto se ve con el despliegue de 28 mil elementos de la Guardia Nacional tanto en la frontera norte como en la frontera sur [están] en los cinturones de contención y aumentaron los puestos de control migratorio a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que los puestos de control y verificación migratoria en lugares diferentes a los destinados en el tránsito internacional son inconstitucionales”, explica.
El informe Centros de detención migratoria: La continuidad de políticas de control y persecución a personas migrantes de Fray Matías, recopila un conjunto de violaciones que ha ejercido la Guardia Nacional en contra de la comunidad migrante; agresiones físicas, gas lacrimógeno, descargas eléctricas, detenciones arbitrarias y agresiones verbales.
El 15 de junio del 2021, un aproximado de 30 personas, mayormente haitianas, protestaban en la Estación Migratoria Siglo XXI en contra de malos tratos, pues recibían alimentos en descomposición y ante las pobres respuestas de las autoridades, decidieron realizar una manifestación; en respuesta, el equipo antimotines de la Guardia Nacional y el Servicio de Protección Federal irrumpió en la estación ejerciendo una serie de torturas en su contra.
En este contexto, se documentó el caso de un hombre peruano, quien fue detenido tras acercarse a un policía local solicitando información sobre el acceso al Procedimiento de Reconocimiento de la Condición de Refugiado. En la estación migratoria se le negó el acceso al procedimiento, fue puesto en el módulo de personas vulnerables en el que doce agentes de migración lo golpearon en el baño, recopila el informe.
Lo que se gesta al interior de los centros de detención son múltiples violaciones a los derechos humanos pues se obedece a una fuerte estructura carcelaria sostenida en la criminaización, la tortura e incluso, violencia sexual en contra de mujeres y adolescentes algo que Fray Matías ha documentado de manera reiterada.
En 2019, una joven salvadoreña embarazada, presentó una denuncia luego de que, tras ser detenida, el médico nocturno en turno la violentara sexualmente, lo que le produjo un aborto espontáneo y la pérdida inminente del bebé. Asimismo, se le negó atención sanitaria al presentar sangrado, hechos que han sido documentados en la carpeta de investigación CNDH/5/2019/8936/Q.
En la frontera sur del país, no sólo arrecia la violencia derivada de una disputa con actores del narcotráfico, sino además, la violencia de la Guardia Nacional que se ha apropiado de la zona y que su presencia, dice Yuriria, advierte un incremento del hostigamiento sexual en contra de mujeres migrantes, pero también, la criminalización migrante a través de prácticas raciales como el perfilamiento.
El remate del panorama es que, se une un tercer responsable: El propio Instituto Nacional de Migración.
“El instituto anunció con bombo y platillo que quitarían más de 30 puertas de la estación migratoria siglo XXI, sin embargo, el modelo carcelario aún se refleja en la incomunicación con el exterior en el que las personas están, no tienen acceso a la información, muchas veces son separadas de su familia, no tienen acceso a salud y menos a productos de gestión menstrual, también, se ve en distintos elementos de manipulación como tener encendida la luz 24 horas, restringir necesidades como ir al baño o tomar agua, todo esto, es un modelo carcelario, el instituto intimida a las personas para que desistan de cualquier procedimiento migratorio”, dice Yuriria Salvador.
Desde Fray Matías, se ha identificado que las y los funcionarios del INM amedrentan a las personas desincentivándolas a solicitar asilo y cosechando el miedo advirtiéndoles que pasarán por un proceso de detención cuando esto no siempre es verdad.
¿En dónde está fallando el INM?: Para nosotras es muy preocupante que la persona, en cadena de responsabilidad, responsable de la muerte de 40 personas en el incendio en Ciudad Juárez siga al mando de esta institución y que además se vea siempre despegado, del tema de movilidad por una parte, por otra, que esto no es una cuestión de política migratoria solamente, sino de política Social en su conjunto reconociendo que las personas migrantes representan una parte importante de la población en este país.
Este panorama de lo que atraviesa la frontera sur está ligado directamente con las expectativas que se tienen sobre Donald Trump, porque mientras se carga el discurso anti inmigrante sobre los hombros del republicano, para Yuriria, la increpación colectiva y social debería estar, más bien, sobre el estado mexicano que, advierte la especialista, no cuenta con políticas interseccionales, ni siquiera, con datos certeros de cuántas personas migrantes acceden a servicios de salud, educación, vivienda o empleo.
Donde sí se debe poner el dedo, es en señalar que las deportaciones y violencia en contra de la comunidad migrante no es sello exclusivo de Trump, sino una política efectiva que se ha ejercido por debajo del agua bajo la administración de otros mandatarios como Barack Obama o Biden, la diferencia esencial, es que el trumpismo apela al nacionalismo estadounidense y utiliza este discurso anti inmigrante como bandera, lo que podría abrir la ventana para mayores picos de xenofobia o racismo.
En un breve repaso, se recuerda que Obama deportó a un total de 2.8 millones de personas migrantes, el 47% de ellas, sin ningún antecedente penal; sólo en su primer año de gestión, expulsó a 391 mil 438 personas, siendo el principal objetivo de su administración, las adolescencias no acompañadas y ejerciendo la separación de familias, ganándose el apodo entre la comunidad latina de “el deportador en jefe”, considerado el presidente con los números más altos de deportaciones irregulares y violentas en la historia de los Estados Unidos, de acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En 2016, Donald Trump amagó en campaña con la promesa de que deportaría a 11 millones de personas lo que encendió las alarmas internacionales y por supuesto, apretó el cuello de México, sin embargo, durante su primer año de gestión suavizó el discurso y deportó a 177 mil personas menos que su par Barack Obama en 2009, según información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés).
“Desde las organizaciones sabemos que con administraciones como Biden y Obama el número de deportaciones se elevó bastante, sin embargo, que un tipo como Trump lidere un país, esos discursos de odio sí abren la puerta para prácticas de odio, racismo, xenofobia o discriminación, pero no sé si en política efectiva representa un cambio radical, nosotras pensamos que no, lo que sí es un riesgo es que eche para atrás el CBP1”.
Yuriria
Mujeres migrantes al norte del país y asociaciones civiles rebasadas
Desde el anuncio de su triunfo, la comunidad migrante ha comenzado a tocar la puerta de la Casa del Migrante Saltillo en Coahuila, anunciando la carrera por cruzar antes de la toma de posesión de Trump; las personas comenzaron a moverse de manera inmediata hacia la frontera del norte y la idea de que enero era el mes límite para cruzar, se convirtió en un fenómeno colectivo de encrucijadas: Esperar una respuesta o rendirse.
Las personas no sabían qué hacer, narra Marisol Esparza, no sabían si su mejor opción era entregarse a la migración americana o si mejor solicitaban refugio en México.
“Algunos de ellos siguen varados sin saber qué hacer, [no saben] si seguir esperando o entregarse. Creo que vamos a empezar a ver movimientos hasta después de que asuma el mandato, eso, por una parte, algunas otras personas siguen esperando que la CBP siga funcionando aún cuando asuma y que pronto les llegue la cita para poder entrar de forma legal a Estados Unidos, pero en general, se vive un ambiente de mucha incertidumbre, desesperanza porque cada vez se acortan las opciones.
El ambiente dentro de la organización, dice, es de mucha incertidumbre porque en caso de que las deportaciones masivas comiencen a darse entre enero – febrero, considerando que Trump prometió que esta sería su primera acción al frente del país, los recursos humanos y materiales de las casas migrantes fronterizas no son lo suficientemente vastos como para atender a toda la población -mexicana o no- que es colocada en nuestro territorio bajo condiciones de vulnerabilidad; sin trabajo, servicios básicos, atención médica, orientación legal.
¿Qué comenta la comunidad migrante al interior de la Casa del Migrante Saltillo?: Nosotros seguimos recibiendo quejas acerca de que el Instituto Nacional de Migración (INM), sigue ejerciendo violaciones a los derechos humanos, afectando especialmente a mujeres e infancias. Tenemos reportes de que les llevan a estaciones migratorias en lugar de algún albergue adecuado para familias.
Según explica Marisol Esparza en conversación con Cimacnoticias, las mujeres enfrentan una serie de violencias a comparación de sus congéneres; INM les roba dinero, les rompen documentos, cancelan sus citas en Aduanas de Estados Unidos, (CBP One) e incluso tortura sexual en aras de supuestas revisiones.
Esto último, documentado por diversas organizaciones e institutos, entre ellos, el Instituto para las Mujeres de la Migración AC (IMUMI) que, al interior de su documento Propuesta de Programa Piloto para aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular a México para mujeres centroamericanas víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos , refiere que la violencia o los riesgos que experimentan las mujeres migrantes se pueden entender mediante el análisis de distintas etapas.
Entre las que destacan la salida de sus hogares, el tránsito, el destino y, en algunos casos, el retorno a su país de origen o la repatriación, en cada una de las cuales, pueden converger muchos tipos de violencia como la comunitaria, institucional, económica y sexual. Además, existe una altísima incidencia que mujeres de origen centroamericano no viajen solas, sino con hijas e hijos por lo que es indispensable generar condiciones para que no sea revictimizadas.
Dentro de la organización Casa del Migrante Saltillo se realizan entrevistas múltiples a diferentes comunidades migrantes con el objeto de identificar violaciones a los derechos humanos sistémicas y necesidades prioritarias para grupos diversos.
Según refiere Esparza, dentro del grupo de las mujeres migrantes no han referido alguna agresión al interior de las caravanas, sin embargo, los principales agresores de este sector es el crimen organizado, policías estatales y municipales.
En cuanto a necesidades, las mujeres en la frontera norte de Saltillo han expuesto que la principal preocupación es la nulidad de espacios de cuidados porque son madres autónomas quienes viajan acompañadas de sus hijas o hijos y atraviesan una serie de interseccionalidades que no les permiten avanzar de manera más pronta hacia los Estados Unidos, pues en su proceso de movilidad, se ven forzadas a realizar trabajos desde la informalidad para poder costear las necesidades de alimentación e higiene de las infancias a su cargo.
Además no tienen acceso a guarderías y el tiempo de estancia en México se puede llegar a hacer mucho más extenso que el de sus congéneres debido a las responsabilidades de cuidado.
“Una vez que llegan a un albergue o [se asientan] viviendo en la calle no tienen dónde dejarlos y no pueden acceder a un trabajo de manera formal. Una de las necesidades prioritarias es un programa de guarderías para estas mujeres que viajan solas con sus hijos porque como deben trabajar durante el trayecto migratorio, el proceso migratorio va haciéndose más y más largo. En ese tiempo, las infancias dejan de ir a la escuela, de aprender y de atenderse en materia de salud”, dice Marisol Esparza.
Un apunte necesario es que el pasado 5 de septiembre, la entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, firmó un documento a través del Open Society Foundations que estipula una inversión de 8 millones de pesos para garantizar seguridad, refugio, atender llamadas de violencia, impulsar un modelo de cuidados que impulse el empleo de las madres migrantes, entregar kits de gestión menstrual y asesoría psicológica para las mujeres sobrevivientes de violencia.
Sin embargo, a 4 meses de haberse firmado este documento no hay más registro documentado en las páginas oficiales de gobernación y no hay pista que apunte cómo y en dónde se está invirtiendo este recurso; recurso especialmente indispensable ante el contexto de movilidad actual con amenazas latentes de deportaciones masivas.
De acuerdo con el hoy extinto, Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las mujeres que atraviesan el país provienen de otros países hispanos, con mayor incidencia, de Centroamérica.
Entre las principales características de las mujeres migrantes de la región norte de Centroamérica, se encuentra que tienen entre 24 y 28 años, con una escolaridad entre primaria y secundaria, así como que una cuarta parte provienen de comunidades indígenas y hablan alguna lengua indígena.
Una gran proporción tienen como situación conyugal la unión libre, más de la mitad son madres y su principal causa para migrar es por la necesidad de un empleo o para mejorar sus condiciones laborales.
Por ello, hacerlas garantes de su derecho a la inclusión laboral y a sostener sus cuidados en conjunto con el Estado mexicano resulta en una de las apuestas más importantes en materia de derechos humanos en contextos de movilidad.
Desde la mirada de Marisol Esparza, especialista en atención psicosocial, estas condiciones de vulnerabilidad y trabajo de cuidados que cargan solas, terminan por mermar seriamente en la salud mental de las infancias y sus madres.
«No hay tiempo de dar atención a síntomas de preocupación, insomnio o estrés, por lo que cuando comienzan a acercarse a su destino fronterizo, estos padecimientos ya son crónicos y se manifiestan como depresión y ansiedad, explica Esparza. Por ello, más allá de todo discurso político del Estado mexicano de prever a la población migrante o la opresión del trumpismo que intenta amagar, es urgente que existan políticas de cuidado e interseccionales que blinden las necesidades de los diversos grupos que pretenden cruzar la frontera norte».
Sobre el asunto de políticas migratorias y de género, Cimacnoticias conversó con Ana Elena Contreras, asesora de derechos humanos quien refiere que, cuando hablamos de mujeres en contextos de movilidad, hablamos de una violencia aún más recrudecida en donde no se cuenta con redes familiares y mucho menos con certezas cuando hablamos de migración; recurso extremo y último de las personas, “podemos imaginar el tamaño de la necesidad de las madres”.
“Cuando hablamos de mujeres que maternan y que están en proceso de migración se tiene que incluir a las infancias, considerar sus derechos y darles acceso a los servicios básicos como lo son el cuidado, salud, y educación. En el caso de las madres, el derecho humano del acceso a un a un espacio laboral, que le permita la sobrevivencia menciono, por ejemplo, la necesaria acción de no precarizar los espacios laborales que no brindan la misma calidez que se esperaría a una persona que no es migrante, parte de lo que denuncian las mujeres es que, en cuanto hay una falta de documentación, pues inmediatamente hay violencia que se atraviesa, ya sea que se les niega los espacios o se les se les precariza dándole un salario muy por debajo de lo que deberían dar; muchos tipos de violencia ligadas a la discriminación”, explica Ana Elena Contreras.
Estas condiciones de movilidad son bien conocidas al interior de los refugios y casas migrantes que han puesto el cuerpo para sostener el flujo migratorio en nuestro país, sin embargo, el agotamiento de los recursos y la falta de apoyo estatal han comenzado a mermar la capacidad de continuar ejerciendo esta labor. Según explica Marisol Esparza, al norte del país, se avizoran meses bastante complejos para la población migrante; primero, porque los países de origen de este sector no han mejorado en lo absoluto en materia social, política y económica -recordando la crisis sostenida en Haití o el ascenso de Maduro en Venezuela-; en segunda, porque aunque las organizaciones de la sociedad civil están listas para enfrentar cualquier ofensiva política anti-migratoria, el recurso no es suficiente.
“Sabemos que los países de donde vienen estas personas migrantes no han mejorado en lo absoluto en tema económico, social, político y de seguridad, todo está peor, por lo que creo que la gente seguirá saliendo de estos países y a México le va a tocar recibirlos, bueno, a la sociedad civil y no estamos preparados; no estamos preparados en cuanto a servicios, recursos humanos materiales y económicos para recibirlos. Pero estamos listos mentalmente de que los meses que vienen son sumamente complejos y que nos toca a nosotros la sociedad civil acompañarles en su paso por México independientemente de si sea de paso o si deciden quedarse aquí”, dice Marisol Esparza de la Casa del Migrante Saltillo.
¿Realmente se advierte un problema migratorio o todo se trata de un alarmismo colectivo?: Lo que sabemos es que los discursos de odio hacia los migrantes son bastante reales y creo que en los próximos meses veremos cómo estos discursos de odio se transforman en medidas y políticas de Estados Unidos, para México vienen meses bastante complejos, zanja Esparza.
Entre «planes elaborados», botones y recortes al presupuesto
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación – Análisis funcional programático económico, apartado de protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para las y los mexicanos en el exterior enfrentaron un recorte presupuestario de $33 millones 535 mil 863 con respecto al 2024; una pérdida de 9.8% en términos reales.
| Año | Gasto total |
| 2024 | 557 millones 728 mil 121 |
| 2025 | 524 millones 192 mil 258 |
Esta pérdida de recursos implica un debilitamiento en políticas de protección, orientación y apoyo para la población migrante en caso de enfrentar un proceso de deportación.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, este ramo de protección y asistencia es el encargado, entre otras cosas, de evitar que la población mexicana sea víctima de daños, perjuicios e injusticias, que las personas sean discriminadas y promover programas de protección preventiva para las y los mexicanos que residen en el extranjero, indistintamente si es de manera legal o irregular.
Esta pérdida de recursos implica un debilitamiento en políticas de protección, orientación y apoyo para la población migrante en caso de enfrentar un proceso de deportación.
Para la Secretaría de Relaciones Exteriores, este ramo de protección y asistencia es el encargado, entre otras cosas, de evitar que la población mexicana sea víctima de daños, perjuicios e injusticias, que las personas sean discriminadas y promover programas de protección preventiva para las y los mexicanos que residen en el extranjero, indistintamente si es de manera legal o irregular.
Durante la conferencia de prensa matutina del 16 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó apaciguar el panorama migratorio pidiendo mantener la calma al margen, pues el gobierno federal ya tenía armado un sólido programa para atender las probables deportaciones masivas que ha prometido Donald Trump en campaña como primera acción al poder.
Sin embargo, este «muy elaborado plan» no será revelado hasta que se conozcan cuáles serán las primeras políticas migratorias de Trump, para entonces, poder accionar este plan de emergencia.
Este plan –hasta la publicación del artículo– fantasma, se articula con el llamado Programa de Apoyo para las y los Mexicanos en Estados Unidos dado a conocer en diciembre, una segunda acción del gobierno que ha producido serias especulaciones sobre si, verdaderamente, se entienden los derechos humanos de las personas en situación de movilidad o si los programas son endebles en materia de interseccionalidad
Según presentó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dentro de este programa, se encuentra el botón de alerta migrante, una aplicación que pretende notificar de manera auxiliar a los consulados mexicanos que una persona está siendo víctima de una detención arbitraria; esta notificación inmediata permitiría a las autoridades actuar de manera expedita y ofrecer apoyo, sin embargo, a pesar de que se prometió que entraría en vigor desde el 6 de enero, la aplicación continúa congelada luego de no obtener los permisos suficientes en las tiendas de android y apple.
Como parte de la estrategia y por instrucciones de Claudia Sheinbaum, de la Fuente refirió durante la mañanera que ya se ha fortalecido el Programa de Asistencia Jurídica a través de Asesorías Legales Externas (PALE) con la contratación de 329 asesorías en materia legal, que junto a la red consular, verificará que se cumpla el debido proceso ante la detención de connacionales, de acuerdo al marco jurídico internacional, a la Convención de Viena y la legislación estatal.
Asimismo, entre otras acciones contenidas en el Programa de Apoyo para las y los Mexicanos en Estados Unidos, se ha prometido fortalecer los 53 consulados estadounidenses y “echar a andar” el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) para brindar apoyo legal vía telefónica y atender a través del ya mencionado botón de auxilio.
“Y, finalmente, hay un Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, lo que se conoce como un call center que ya está funcionando 24 por 7, y que pronto va a tener también la posibilidad de estar activo mediante un procedimiento muy sencillo: Un Botón de Alerta que ya se puso, de hecho, en práctica en pequeña escala en algunos lugares y parece que está funcionando muy bien, en donde, en caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un Botón de Alerta, esta manda una señal al Consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación y, desde luego, a la Cancillería en México”.
Juan Ramón de la Fuente.
Sin embargo, el mérito de “echar a andar el CIAM”, como presume la página oficial Gobernación, podría resultar ajeno, considerando que esta herramienta tiene 17 años en funcionamiento y que durante todos estos años, ha ofrecido su servicio para la comunidad migrante por lo que sus antecedentes son incompatibles con la palabra “novedad” como se presumió durante la mañanera del pueblo.
El hoy conocido como CIAM se remonta al 8 de diciembre del 2008 cuando inició sus operaciones bajo el nombre “Centro de Llamadas de Protección Consultar para las Personas Mexicanas en el Estado de Arizona (Call Center)” bajo la orden del Programa Especial de Protección Consular (PEPAC), que pretendía ofrecer un servicio inmediato a las personas mexicanas que habitaran en esa entidad.
Durante 5 años este “call center” atendió más de 16 mil 900 llamadas, el 74 por ciento de ellas, por motivos de protección. El resultado fue tan óptimo que para abril del 2013 este programa mutó a algo más grande por orden de la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica (DGPCPE), quienes pusieron -verdaderamente- en marcha el Centro de Información sobre Actualidad Migratoria (CIAM) con sede en las instalaciones del Consulado de México en Tucson, Arizona.
La apertura del apodado Call Center de Arizona puso la primera piedra para la apertura del CIAM que conocemos a la fecha y que arrancó en funciones un 15 de abril de hace 12 años.
Aunque la cobertura nacional en Estados Unidos conllevó meses de esfuerzo, se comenzaron a abarcar de manera paulatina diferentes partes del país, cubriendo, en primera instancia, la región suroeste del país, después la oeste, seguida de la zona centro para concluir con la zona este, abarcando la totalidad del territorio estadounidense.
De esta manera, se articulan los grandes pilares que pretenden sostener a la comunidad connacional en caso de la “deportación más grande de la historia” y mientras la política migratoria para las y los mexicanos se gesta, el otro brazo del Estado contiene y asfixia las caravanas migrantes al sur del país.
Las expectativas sobre Claudia Sheinbaum y en dónde redoblar esfuerzos
Para Yuriria Salvador aún es muy pronto para saber de los alcances de la política migratoria de Claudia Sheinbaum, sin embargo, en aras del Plan Nacional de Desarrollo, se espera que el Gobierno Federal realmente escuche a los consejos consultivos y ciudadanos con personas en situación de movilidad; esta acción sería una reconquista necesaria que se perdió durante la gestión lopezobradorista cuando se emprendió una campaña de golpeteo político en contra de las organizaciones acusadas de ser opositoras.
“Fue un retroceso importante en el sentido de que poco se consultó a la sociedad civil y a las propias comunidades migrantes sobre política migratoria, por el contrario, hubo una tendencia de la administración anterior de legitimar a las organizaciones, a cualquiera que tuvieran posicionamiento distinto al del Ejecutivo esperamos que eso cambie que haya mayor apertura a recibir estas propuestas y que entonces sí se puedan consolidar nuevas prácticas y políticas migratorias con enfoque de integración.”
Entre los principales aciertos que nuestro país ha alcanzado -y que también es necesario reconocer- se encuentra:
- Armonización de la Ley de Inmigración con la Ley General de niños, niñas y adolescentes que prohíbe la detención migratoria de la niñez y sus familias. Esta reforma necesita, con urgencia, ser realmente una política pública que fortalezca a las procuradurías estatales.
- El segundo avance importante son las disposiciones de la Suprema Corte sobre regular las 36 horas de plazo administrativo de la detención que, como resultado, ha producido menores registros de tortura, sin embargo, se debe recordar que la población migrante aún puede ser detenida de manera reiterada, la victoria es: Entre menos tiempo la comunidad migrante esté bajo el control de las autoridades, habrá más seguridad y menos riesgo de prácticas deshumanizantes.
En un intento de mantener las relaciones diplomáticas intactas, México ha recurrido a acuerdos que permitan contener la crisis migratoria y mantener bien amarrada la relación con Estados Unidos; un movimiento político que realizó con Joe Biden, e incluso, con Donald Trump durante su administración pasada.
Sin embargo, estos presuntos acuerdos bilaterales México – EUA no han contemplado los derechos humanos, por el contrario, sólo han acrecentado la vulnerabilidad y el estado mexicano se ha convertido en segundo verdugo propiciando programas como Quédate en México, Asegurando la Frontera o Elusión de Vías Legales.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) denuncia que, México ha obligado a personas que buscan protección internacional a esperar en las zonas más inseguras de México, sin acceso a derechos fundamentales y con una resolución congelada en los tribunales. Además, entre 2019 y 2021, más de 71 mil personas fueron deportadas a México, muchas de ellas, bajo circunstancias de extrema vulnerabilidad y precarización.
El IMUMI advierte que es muy probable que, con la nueva administración de Trump, se busquen acuerdos similares con México e incluso, más restrictivos. La mirada alarmista no sólo debe estar encima del discurso republicano y la manera en que actuará en los próximos días, sino también, el reflector debe girarse hacia nuestro país, pues será responsabilidad del poder ejecutivo pautar límites, poner al centro los derechos humanos, reconocer las interseccionalidades de las mujeres que son bandera en el gobierno de la llamada “República de las Mujeres” y no eludir sus obligaciones legales internacionales; es urgente que México reconozca su responsabilidad en este proceso, pues no está libre de la opresión sistémica, si se articula con las políticas enemigas y carcelarias del trumpismo.
