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16.11.2026. Veracruz.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con contrataciones de materiales y servicios electorales.
La determinación deriva de una investigación sobre presuntas irregularidades en procedimientos de contratación con empresas proveedoras del sector electoral, en los que la autoridad financiera identificó posibles mecanismos para simular competencia entre compañías y un eventual uso indebido de recursos públicos.
De acuerdo con el comunicado de Hacienda, el análisis de información financiera permitió identificar que el exfuncionario habría mantenido vínculos comerciales con empresas dedicadas al suministro de materiales y servicios para procesos electorales, en algunas de las cuales presuntamente habría fungido como apoderado legal.
La dependencia también reportó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que consideró elementos relevantes para profundizar el seguimiento de posibles irregularidades financieras relacionadas con ese esquema.
La inclusión de Cuervo Escalona en la lista implica que permanece sujeto a las restricciones contempladas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece la suspensión de actos, operaciones y servicios financieros con las personas incorporadas a este mecanismo.
El caso se suma a las investigaciones sobre una presunta red de irregularidades en la proveeduría de materiales electorales que involucra a empresas que obtuvieron contratos millonarios de organismos electorales durante varios años.
El pasado 4 de noviembre, la UIF informó que había incorporado a la Lista de Personas Bloqueadas a 40 objetivos relacionados con proveedores electorales: 25 personas físicas y 15 personas morales. La dependencia también confirmó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigaran los posibles delitos y se determinaran las responsabilidades correspondientes.
En ese contexto, el Órgano Interno de Control del INE había informado sobre contratos por 2 mil 461 millones de pesos adjudicados entre 2014 y 2025 a cinco empresas que presuntamente mantenían vínculos entre sí y habrían simulado competencia en procedimientos de contratación con organismos públicos locales electorales.
Las investigaciones buscan establecer si existieron mecanismos para favorecer a determinados proveedores y si hubo beneficios económicos indebidos derivados de las contrataciones.
Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no representa una declaración de culpabilidad ni una determinación definitiva de responsabilidad penal.
Asimismo, señaló que las personas incluidas en este mecanismo cuentan con los medios de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación vigente.
De esta manera, las investigaciones financieras y ministeriales deberán esclarecer la participación de los involucrados, el origen y destino de los recursos y las posibles responsabilidades en las contrataciones electorales bajo revisión.

