LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez /
Lía Limón, Sandra Cuevas, Mauricio Tabe, Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada son alcaldes en la Ciudad de México, electos como candidatos de alianzas y partidos opositores. Desde esta semana, tienen algo más en común. La unidad de inteligencia financiera del gobierno local ha pedido a los bancos información patrimonial sobre ellos.
El 20 de enero llegaron a los bancos las cinco solicitudes, a las que tuve acceso. Las instituciones financieras tenían unas horas para responder. Debían enviar los contratos de cuentas de estas personas y los comprobantes de domicilio que dejaron cuando las abrieron.
Quien solicita la información es una oficina creada durante el gobierno de Marcelo Ebrard, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), conocida como “UIF Ciudad de México” y distinta a la UIF federal.
Las funciones de la UIF CDMX incluyen pedir datos al sistema financiero y a las autoridades financieras federales. Fuentes bancarias me aseguraron que, al menos desde el 2014, esta UIF local no había hecho solicitudes de este tipo para indagar a políticos. La UIF CDMX me dijo que han investigado en los últimos años a unas 600 personas “con independencia y autonomía”.
“Esta UIF local puede investigar delitos fiscales y patrimoniales en la ciudad, pero no pueden pedir bloqueos de cuentas bancarias, sino únicamente recopilar información”, me dijo Salvador Mejía, director de la consultora Asimetrics y experto en inteligencia financiera.
Contacté a los cinco alcaldes investigados. Me dijeron que no han recibido requerimientos de información de una autoridad, no conocen que haya denuncias en su contra y que ni siquiera sabían que existía una UIF local. Además de sus nombres y sus fechas de nacimiento, en las solicitudes a los bancos se incluyen direcciones relacionadas con ellos.
“Es una casa de mi papá. Ahí está mi dirección fiscal, pero no vivo ahí”, me dijo Giovanni Gutiérrez, alcalde de Coyoacán. Gutiérrez llegó al gobierno como candidato de una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, al igual que Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, otra de las investigadas. La dirección que aparece para ella, aseguró, es un departamento de su pareja. “Yo vivo en la alcaldía, tengo una casa fuera de la ciudad y antes vivía en ese departamento, en el Centro, pero no es mío”, me dijo Cuevas.
Un caso similar ocurre con Santiago Taboada, panista, alcalde de Benito Juárez. “Esa dirección es un departamento donde vivía, pero lo vendí hace unos meses”, me aseguró.
Lía Limón, también panista, alcaldesa en Álvaro Obregón, me dijo que el departamento que aparece en los documentos es suyo, y residió allí hace algún tiempo. Lo mismo sucede con Mauricio Tabe, alcalde panista en Miguel Hidalgo. “Ese lugar está en mi declaración patrimonial, pero no es donde vivo”, dijo él.
No me queda claro si la autoridad no indagó lo suficiente, como para enterarse de que ninguno de sus investigados vive en las direcciones que pusieron como suyas en las solicitudes a los bancos, o precisamente eso ha motivado que se les investigue. Pregunté a la UIF CDMX cómo se tomó la decisión de indagar a estos alcaldes. Me respondieron que estas investigaciones “se encuentran en curso y no implican responsabilidad alguna”.
Los alcaldes indagados me dijeron que todo esto les parece una persecución política. “Es una curiosa y muy sospechosa casualidad que a cinco alcaldes de oposición nos investiguen al mismo tiempo”, me dijo Tabe. “Este gobierno investiga a la oposición, no la corrupción”, dijo Limón.
He escrito seis columnas en los últimos ocho meses sobre investigaciones de la UIF federal, y ahora esta local, a diferentes actores políticos. En todas, la autoridad ha contado con pocos datos, y no parece haber un trabajo previo para analizar pistas, sospechas. En todos los casos, los investigados y especialistas me han dicho que al parecer la autoridad está “pescando”, tratando de conseguir información de los bancos, para luego ver si algo allí resulta útil políticamente. Creo que importa seguirlo publicando, si esta práctica continúa. Y lo creo porque esas mismas instituciones, con los mismos recursos y empleados que dedican a estos casos, deben también investigar los crímenes que todos los días quedan impunes en México.
