Un empecinado presidente .

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/ María Elena Morera /

A Andrés Manuel López Obrador su liderazgo carismático que arrastra multitudes, su discurso combativo que se mofa de las instituciones y la ley y ondea las banderas sociales lo hicieron subir como la espuma. Y, a pesar de sus fiascos electorales, de sus rencores y sus decisiones conflictivas y en muchas ocasiones ilegales, lo terminaron por sentar en Palacio.

Cuando perdió dos veces las elecciones a gobernador en Tabasco en la década de los 90, argumentó, como ha sido su costumbre, fraude. Lo cual pudo ser cierto por la falta de un instituto electoral autónomo. Entonces en 1995 decidió traer al Zócalo capitalino su inconformidad acompañada de militantes del PRD y decenas de cajas con facturas y recibos que documentaban, según su entender, gastos ilegales en la contienda electoral de Tabasco, donde reclamaba la victoria.

Hasta ese momento, López Obrador había sido un líder político local, famoso por encabezar bloqueos a pozos de Petróleos Mexicanos cada vez que a su parecer algo resultaba “injusto”. Y al igual que con las movilizaciones siempre sacaba alguna ventaja.
Mas tarde, en el año 2000 ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con un 34,5% de los votos y poco más de un punto porcentual de ventaja sobre Santiago Creel.

Entonces el resultado no le pareció ilegal.

Sin embargo, al perder la elección a la presidencia de 2006 con Felipe Calderón, con una diferencia muy corta del 0,58%, no pudo soportar la derrota. A pesar de que todas las misiones de monitores electorales, entre ellas las de la OEA, la UE y la ONU, ratificaron la limpieza del proceso y la solidez de las instituciones electorales mexicanas, acumuló en su lista de los más odiados, además de Madrazo, a Fox, Salinas, Calderón y al INE. Y el Zócalo capitalino, otra vez, dio aforo a marchas y concentraciones.

Instaló un plantón en Av. Reforma que duró 47 días con pérdidas al sector turístico y en especial a los trabajadores que parte importante de su sueldo son las propinas. Y se autonombró “presidente legítimo de México”.

Precisamente por los cerrados resultados electorales y logrando el mayor consenso posible se votó la reforma electoral 2007-2008, que estableció un nuevo modelo de comunicación política, sustentado básicamente en dos puntos: El control por parte del IFE en la distribución de los tiempos en radio y televisión y la restricción a la propaganda de difusión de los gobiernos.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que en 2012 aceptara la derrota por una diferencia de 6.7%, y nuevamente evocó un escenario de “desobediencia civil”. Desde el primer
momento se convirtió en un acérrimo adversario de las reformas estructurales y obras de infraestructura impulsadas por Peña Nieto.

Pero los vientos cambiaron y en 2018 ganó la presidencia por una amplia mayoría. Sin embargo sus rencores y su deseo de venganza no desaparecieron. El poder presidencial los exponenció. Su aversión al INE lo ha tenido entretenido desde principios de su mandato y por ello quiso desaparecerlo promoviendo una Reforma Electoral.

Sin embargo, la Marcha Rosa del 13 de noviembre cumplió su objetivo de demostrar que la ciudadanía era también capaz de movilizarse para evitar un atropello. La unión de los cuatro partidos de oposición para rechazar su pretensión hizo que el mandatario diera un paso para atrás y reconociera que no iba a pasar su Reforma Electoral.

Por ello apresuró su plan B que consiste en cambios no constitucionales. Además, exigió de forma ilegal que la votaran rapidito y sin chistar. Los diputados de Morena y sus aliados obedecieron como en sus consultas a mano alzada, sin saber siquiera que votaban.

No logró desaparecer al INE, pero los cambios legales a leyes electorales van a provocar daños severos en la estructura del INE. Buscan compactar áreas fundamentales, por ejemplo, prácticamente desaparecer el servicio profesional electoral; y la estructura de las juntas distritales que se encargan de los módulos que emiten las credenciales y de la geografía electoral; le dan amplio espacio a la propaganda gubernamental, así el presidente puede promocionar en las mañaneras a quien quiera. Además, como lo ha señalado Ma Amparo Casar se hace rentable violar la ley, al desaparecer la posibilidad de quitar la candidatura a un candidato que esta violando la ley.

Esperemos que la Cámara de Senadores evite la anulación de su espacio de deliberación; que los senadores -incluyendo los de Morena- muestren dignidad y la voten en contra según sus principios.

Cuando López Obrador era oposición exigió cambiar la ley, ahora exige cambios para que otros no llegan. Esto es solo parte de su perversidad, porque la destrucción que pretende al INE no ha terminado.

Colaboró Luis Carlos Sánchez Díaz

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