Linotipia.
/ Peniley Ramírez /
En octubre de 2023, en Culiacán, unos policías detuvieron a Alexander Meza. Lo subieron a una patrulla municipal y lo entregaron a sicarios del Cártel de Sinaloa. Meza informaba a la DEA sobre las operaciones de “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La información alimentaba la causa penal 180 ante el juzgado del distrito sur de Nueva York.
La causa penal 180 busca demostrar el control de “Los Chapitos” sobre una parte del cártel y los arreglos corruptos que hicieron para lograrlo. Esta semana se presentó una nueva acusación en esa causa. Busca demostrar que al menos 10 miembros del gobierno de Sinaloa y de Culiacán, incluido el gobernador Rubén Rocha, colaboran con el cártel.
En enero de 2023, el Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Ovidio Guzmán en Sinaloa. Fue extraditado después para enfrentar la causa penal 180, que incluye a sus hermanos. En aquellos meses, “Los Chapitos” sospechaban que Meza colaboraba con la DEA. Ordenaron a Juan Valenzuela Millán, comandante policiaco en Culiacán, que lo secuestrara y lo entregara a sus sicarios. Meza no estaba solo. Con él estaba un pariente, un niño de 13 años. Los sicarios torturaron y asesinaron a Meza, al niño y a otras personas. Ahora, la causa penal 180 incluye esos crímenes.
En los últimos días se ha publicado mucho sobre la nueva acusación que involucra a Rocha, mientras el gobierno de Sheinbaum insiste en que no hay pruebas suficientes. No es necesario explicar por qué resulta atípico que se revele públicamente una acusación cuando los acusados están libres y en sus cargos. En este caso, también llama la atención la minuciosidad de la indagatoria.
Sobre Valenzuela Millán, la acusación dice que “Los Chapitos” le pagaban mensualmente una nómina a él y a más de 40 oficiales. A cambio, tenían “acceso total” a información de inteligencia, operativos, radios y patrullas municipales. Los policías movían fentanilo, vigilaban y secuestraban a objetivos de “Los Chapitos”.
En junio de 2021, dice la acusación, Rocha se reunió con Iván y Ovidio Guzmán. El acuerdo: “Los Chapitos” le ayudarían a ganar a cambio de colocar a su gente como funcionarios. Su enlace de comunicación, de nuevo según la causa, fue Enrique Díaz, quien se reunió con “Los Chapitos” y se convirtió en secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. En otra reunión, Díaz entregó a “Los Chapitos” una lista con nombres y direcciones de los opositores a Rocha, para que los amenazaran.
Una vez que Rocha ganó, dice también la causa, se asentó todo un sistema en el gobierno al servicio de “Los Chapitos”. El encargado de la fiscalía estatal los informaba sobre las investigaciones en su contra o sobre los operativos en sus laboratorios. El jefe de la Policía de Investigación permitía que los cargamentos se movieran. Otro jefe policial liberaba a aliados de “Los Chapitos” detenidos, y el secretario de Seguridad Pública les avisaba cuándo habría cateos, con información de la DEA, para que movieran la droga y el equipo.
La acusación relata cómo los jefes de plaza reciben cada mes cajas de dinero. Lo reparten entre funcionarios corruptos. Los fiscales incluyeron listas de sobornos, con cuánto dinero ha recibido cada quien y desde cuándo. La comunicación entre funcionarios y “Los Chapitos” era tan estrecha que el subdirector de la policía estatal hablaba directamente con Iván Guzmán por radio.
Ahora, en la causa penal, estos funcionarios están acusados de conspiración para importar narcóticos, posesión de armas, asesinatos y secuestros. La relatoría indica que algunos arreglos corruptos comenzaron en 2012. A diferencia de otras causas que he visto, no tienen fecha de cierre. Esto implica que los fiscales creen que esas personas siguen colaborando con “Los Chapitos” hoy.
He visto muchas causas penales de este tipo, pero casi ninguna con este nivel de detalle, que los fiscales solo podrían conocer por los propios “Chapitos”. Si se prueba, este caso relata un sistema corrupto que atraviesa gobiernos, persiste hasta hoy y abarca todos los niveles de seguridad y de procuración de justicia en Sinaloa. Esta no es solo una historia política, sino la de un narcoestado que permite asesinar a un niño de 13 años y que su muerte quede impune.
