Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Ricardo Ahued Bardahuil
Estimado lector debemos tomar en cuenta que la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de “combatir la corrupción” se ha convertido en “combate a la corrupción para combatir a la oposición”.
Todo mandatario elegido democráticamente en el mundo propone, asegura, promete, jura que su administración va “combatir la corrupción”.
Todos y todas. Y el impacto electoral de esta recurrente promesa en parte depende de la credibilidad del que promete la corrupción de sus oponentes.
El candidato AMLO durante la campaña tenía credibilidad, y la oposición no tenía credibilidad, ni la autoridad moral para denunciarlo.
La persecución de los “peces gordos” es un incentivo para que Los pececitos del gobierno se desistan de actos corruptos. Pero la realidad es que, y a pesar de toda la credibilidad que cuenta el presidente en este momento, su estrategia de “combate a la corrupción para controlar a la oposición”, será su talón de Aquiles.
Uno podría pensar que la corrupción florece dentro de la 4T, ya que no se han fortalecido los mecanismos que requieren las mejores prácticas alrededor del mundo que incluye incrementar la transparencia, pesos y contrapesos, y la persecución administrativa y penal de funcionarios, ex funcionarios, aliados y familiares.
La estrategia del “Tlatoani ordena” no es una estrategia anticorrupción, de un líder demócrata que construye instituciones que promueven transparencia, pesos y contrapesos.
La otra forma de entender el peligro para las democracias es la estrategia “la corrupción es una amenaza a la seguridad nacional”. Hace unos 5 años, el gobierno de Estados Unidos hizo un llamado para entender cómo se debilitaban los gobiernos democráticamente electos debido a la corrupción. En mayo 2016, en una conferencia internacional para discutir cómo combatir la corrupción, el entonces secretario de Estado, John Kerry, subrayó que “La corrupción en general es un enemigo tan grande” por que destruyen naciones-estados, como algunos de los extremistas contra los que estamos luchando o algunos de los otros desafíos a los que nos hemos enfrentado. Y pone sobre la mesa la importancia de considerar la corrupción como una amenaza a la seguridad nacional de países democráticos.
Hace un mes, el actual presidente de los Estados Unidos confirma, ratifica la preocupación por la amenaza que representa la corrupción. En un memorándum firmado por Joe Biden, el 3 de junio, “ordena que la lucha en contra de la corrupción será un objetivo fundamental de los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos”.
En este memorándum establece que “La corrupción corroe la confianza pública; obstaculiza la gobernanza eficaz; distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios; socava los esfuerzos de desarrollo; contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración; y proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo”
Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones o los oligarcas el Estado de derecho, el crecimiento económico se desacelera, la desigualdad aumenta y la confianza en el gobierno se desploma.
“La corrupción amenaza la seguridad nacional, la equidad económica, los esfuerzos mundiales de lucha contra la pobreza y el desarrollo, y la democracia misma. Pero al prevenir y contrarrestar eficazmente la corrupción y demostrar las ventajas de una gobernanza transparente y responsable, podemos asegurar una ventaja fundamental para Estados Unidos y otras democracias.
Estoy convencido, aquí las palabras clave para el gobierno de México y los futuros gobernantes y candidatos son “gobernanza transparente y responsable”.
Nada de mala memoria, para fortalecer el salario se propone que se permita por lo menos a las empresas organizadas como cooperativas.
Relacionar la causa principal de la pobreza con la precaria estabilidad general de los empleos y los bajos salarios que se pagan a empleados y trabajadores, obliga a considerar razones por las que en México las empresas pagan, en promedio, remuneraciones más bajas, en términos de poder adquisitivo, que en Guatemala y que en casi todo el resto de América Latina.
Causas tienen que ver, algunas con las condiciones del mercado laboral- oferta, demanda, aptitudes, leyes, reglamentos, organización de trabajadores, capacidades de negociación y otras, con las dificultades de las empresas para prosperar cuando tienen al gobierno encima y su competitividad es baja.
Por supuesto que los costos de la nómina para la empresa no equivalen a lo que el trabajador se lleva a su casa, hay que agregarle cuotas qué se deben pagar por ley, como IMSS, SAR, INFONAVIT, impuesto estatal sobre nómina, incapacidades y otras más.
Se añaden además abusos en multas, recargos, actualizaciones.
Si a esos costos añadiéramos un salario qué alcanzará a cubrir los gastos familiares en salud, educación, alimentación saludable, vivienda digna todas las demás necesidades fundamentales para el desarrollo integral de cada miembro, resultaría una cifra que la productividad media de las empresas alcanzaría para pagar porque además, el poder adquisitivo de los salarios pierde por la cadena de intermediarios que encarecen de la canasta básica.
Hay otros factores que al fallar por bajas inversiones, afectan la productividad y la competitividad empresarial, como la organización y eficiencia interna, la facilidad y costos de acceso a la tecnología y otros servicios, como transporte; la carga financiera (que los bancos en México han elevado desmedidamente a su antojo) mucho más que en toda América Latina, sin que el Banco de México haga nada al respecto.
No es casualidad que burocracia, corrupción, ineficiencia educativa repercute en la productividad laboral, y baja eficiencia empresarial debida a inversiones de capital de riesgo insuficientes y a un sistema financiero oneroso, son los mismos problemas que tuvieron que resolver países que eran pobres hace 70 años; Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong, y hoy destacan entre los más ricos del mundo.
Aunque las culturas sean distintas, la lógica de una economía de mercado no hace distinciones e impone los mismos desafíos y sanciones de manera implacable a quien no los afronta.
La pobreza salarial es, en medida importante, un castigo del mercado a la ineficiencia productiva.
En otro orden de ideas, consejeros electorales tuvieron que explicarle a la representación de Morena en el INE, casi con peras y manzanas por qué no puede presupuestar una eventual consulta popular en 2022 sobre revocación de mandato en el mismo monto que la consulta popular de 2021 sobre “juicio a ex presidentes”. La razón es sencilla: en el pasado ejercicio se aprovechó toda la capacitación que se hizo para la elección intermedia, y en 2022 se partirá de cero. Además Ciro Murayama resaltó que el INE debe tomarse muy en serio el tema de la revocación, pues la posibilidad de que México se quede sin Presidente tiene que hacerse con todas las garantías de “certeza y seguridad”, y no se puede improvisar.
