17/11 /2022/Cimac Noticias.- Ciudad de México.- “Limpiaremos al país de corrupción e impunidad, habrá justicia”: dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento realizado en 2019. Desde entonces hasta ahora ese ha sido su mantra, pero en varios casos solo se ha quedado en una serie de “disculpas públicas” que poco han logrado resarcir el daño a las víctimas de distintas e violencias en México.
Aunque la “cuarta transformación” prometió no repetir patrones de impunidad, machismo y misoginia, casos como los de Digna Ochoa, Lydia Cacho Ribeiro y Silvia Arce recuerdan que tres presidentes han pasado y ningún gobierno -ni el actual- han brindado verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.
Lo que sí ha habido en este sexenio es una serie de actos de reconocimiento y disculpas públicas para invisibilizar las violencias que se perpetran en un país donde 11 mujeres son asesinadas diariamente y hay más de 100 mil personas desaparecidas.
Digna Ochoa: revictimización e injusticia
En 2001 Digna Ochoa y Plácido -abogada defensora de derechos humanos– fue localizada sin vida en su despacho ubicado en la colonia Roma, Ciudad de México.
Por años trabajó en casos en los que se encontraban implicados funcionarios y miembros de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y de las fuerzas armadas en graves violaciones de derechos humanos. Labor que le acarreó amenazas y secuestros.
Derivado de las primeras agresiones, el 11 de noviembre de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una solicitud de medidas provisionales en favor de Digna Ochoa. Dos años después dieron por concluidas dichas medidas. Sin embargo, luego de dos meses, Digna fue asesinada.
Desde un inicio la investigación por su feminicidio estuvo plagada de irregularidades, incluso se llegó a determinar que la defensora se había suicidado para así poder cerrar el caso. Dicha versión fue reproducida por el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien aseguró que Digna Ochoa tenía “tendencias suicidas”.
Tras un análisis, la CIDH informó que registró omisiones en la investigación, tales como fallas en el registro de los fenómenos cadavéricos, lesiones inadvertidas en los diversos exámenes médicos, así como contradicciones en las pruebas de balística.
Por ello, 20 años después del feminicidio, la CorteIDH dictó una Sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de México por las graves irregularidades perpetradas en el caso.
Así se llegó a un acto de reconocimiento público en octubre de 2022, en el que Alejandro Encinas Rodríguez (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación) y Cristopher Ballinas Valdés (director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores) ofrecieron una disculpa por revictimizar a Digna Ochoa y por la falta de voluntad del gobierno mexicano para dar una respuesta real sobre el feminicidio de la defensora.
Esta disculpa corresponde a una de las 15 medidas que la CorteIDH ordenó adoptar al Estado mexicano por las diversas fallas cometidas en la investigación. Y pese a que actos como este se anuncian con presunción, lo cierto es que a 21 años se desconoce quiénes orquestaron y perpetraron el feminicidio de Digna Ochoa.
Lydia Cacho Ribeiro: la impunidad que la llevó al exilio
En 2005 la periodista y defensora de Derechos Humanos de las mujeres, Lydia Cacho Ribeiro fue víctima de tortura por parte de personal del Estado mexicano luego de que fuera detenida y trasladada de Quintana Roo a Puebla.
Lo anterior derivado de una orden de aprehensión en su contra gestada por el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres. Esto a raíz de la denuncia por difamación presentada por el empresario Kamel Nacif Borge, a quienes la periodista exhibió por presuntos nexos de pedofilia y trata de personas a través de documentos y diversos testimonios, en los que estaban incluidos ptros políticos, empresarios y policías tanto estatales como municipales.
Apenas siete días después de su detención, la jueza Rosa Celia Pérez Camacho dictó auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro por los delitos de difamación y calumnia. La defensora no pisaría la cárcel tras obtener libertad bajo caución. Sin embargo, cada mes debía acudir a firmar y responder a todos los citatorios que se le realizaban.
En el recuento histórico que Cimacnoticias ha hecho sobre el caso, se destaca que luego de darse a conocer diversas pruebas que demostraban la colusión de las autoridades con el empresario para perpetrar los actos de tortura hacia la periodista. Fue así como el caso llegó ante las Fiscalías: Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEVIM) y Especial para delitos cometidos contra periodistas. Además, Cacho Ribeiro inició diversos procesos contra Mario Marín y Kamel Nacif.
Las amenazas contra Lydia Cacho se intensificaron, por lo que en 2009 se solicitaron medidas cautelares a la CIDH. Sin embargo, el Estado Mexicano incumplió en la obligación de brindar seguridad y protección a la periodista.
“Fueron incumplidas una a una otorgando, únicamente, medidas cosméticas y esporádicas como lo fueron teléfonos celulares, números de emergencia y escoltas o rondines temporales. Finalmente, Lydia ha tenido que hacerse cargo de su seguridad y la de sus allegados por sus propios medios; así como de generar el contexto de exigencia para lograr el avance en la investigación en instancias nacionales e internacionales”, señala la organización Artículo 19.
Ante la deficiente desprotección y una continúa impunidad, en agosto de 2018 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció la responsabilidad del Estado Mexicano respecto a “la violencia a la que Lydia Cacho fue sometida y dictaminó sobre la necesidad de implementar un plan integral de reparación que incluía una serie de medidas de prevención, protección e investigación”.
Pero apenas un año después la casa de la periodista fue allanada por dos hombres que hasta la fecha no han sido identificados, quienes asesinaron a sus mascotas y robaron material de trabajo. La estructura de impunidad obligó a Lydia Cacho a desplazarse de manera forzada fuera del país.
Al día de hoy Mario Marín permanece en prisión, sin que hasta el momento se haya dictado sentencia por los hechos ocurridos hace 17 años. Mientras que sobre Kamel Nacif pesan acusaciones de “tratante de niñas, ordenar tortura y violación, compra de jueces, amenazas de muerte. Además causas de blanqueo de dinero y evasión fiscal”, detalló Lydia Cacho a través de su cuenta de Twitter.
Sumado a lo anterior, las niñas y niños que fueron víctimas de la red de trata y explotación sexual, continúan esperando una reparación del daño que se ordenó hace más de cinco años.
En medio de todas las dilaciones, el pasado mes de enero de 2019 el gobierno mexicano, encabezado por la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho:
“A 13 años de este lamentable suceso estamos aquí, siendo consecuentes como gobierno, con nuestra historia, con las omisiones y errores del pasado. Hoy, estamos aquí para ofrecer disculpas a nombre del Estado mexicano a Lydia Cacho, pero también para reiterar que el gobierno de la república de Andrés Manuel López Obrador no estará supeditado a intereses particulares”, refirió Sánchez Cordero. Pero a tres años de esta disculpa, Lydia Cacho continúa exiliada de su país.
Silvia Arce y la invisibilización de las desapariciones
El 11 de marzo de 1998 Silvia Arce salió de su trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua, entidad que comenzaba a vislumbrar la violencia feminicida que lentamente abarcaría a la totalidad del país. Desde entonces hasta ahora su familia no ha dejado de exigir justicia frente a un grupo de autoridades omisas que han transitado en el poder durante años.
Ante las omisiones e irregularidades que se presentaron en las investigaciones para localizar con vida a Silvia Arce por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, su madre, Evangelina Arce, junto a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Justicia Para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en 2003 llevaron una petición ante la CIDH por las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Silvia Arce y su familia.
En 2004 la CIDH trasladó la petición al Estado mexicano; pero un año después, ante la falta de respuesta de las autoridades, la madre y organizaciones solicitaron que la CIDH aplicará lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de la CIDH (presunción de hechos); finalmente, en marzo de 2006, dicho “organismo internacional emitió el Informe de Admisibilidad N° 31/06. El 14 de julio del 2020, la CIDH aprobó el Informe de Fondo No. 195/20, en donde concluyó que el Estado mexicano es responsable por la violación de diversos derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) así como el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de Silvia Arce”, el cual destaca la obligación de los estados parte de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”, entre otros aspectos.
23 años después de la desaparición de Silvia Arce, en 2021, el Estado mexicano firmó el Acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo No. 195/20.
En dicho acuerdo el Estado mexicano se comprometió a:
- Reparar a las víctimas.
- Realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional.
- Realizar diversas medidas simbólicas.
- Investigar con una perspectiva de género el destino o paradero de Silvia Arce,” así como continuar con la investigación penal para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y sancionarlos”.
- Incorporar un enfoque de género en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.
- Adoptar indicadores sobre el acceso a los sistemas de justicia por parte de las mujeres y niñas.
- Realizar programas de capacitación dirigidos a funcionarios públicos.
Fue así como el pasado 11 de marzo de 2022 el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, ofreció una disculpa pública por el daño causado hacia la familia de Silvia Arce durante estos años.
“Asumo el compromiso del Estado mexicano de trabajar para que estos lamentables hechos no vuelvan a ocurrir y no queden impunes. Lo hago en cumplimiento de nuestras responsabilidades legales, pero también por convicción, con apego a nuestras convicciones políticas y nuestros valores éticos”, expresó Encinas.
Sin embargo, en voz de un hermano de Evangelina Arce se escuchó a la madre de Silvia, recalcando que en el momento de la desaparición las autoridades no actuaron y reiteraron que sufrieron diversos ataques, por lo que pidieron al actual gobierno investigar el paradero de su hija y enjuiciar a los responsables. Más allá de estas disculpas, en México las mujeres siguen desapareciendo y sus casos continúan en impunidad, en un país donde más de 100 mil personas no volvieron a sus hogares.
