Luis Raúl González Pérez.
De manera cotidiana los medios de comunicación y las redes sociales nos proporcionan grandes volúmenes de información, fácilmente accesible y replicable, que no necesariamente es veraz ni pertinente, pero que, pese a ello, llega a trascender y tiene impactos relevantes en la sociedad, así como en todos los aspectos de la vida pública.
Cuando los contenidos que se difunden no son veraces, no se informa, se desinforma y más que generar certezas o conocimiento se producen dudas y se fomenta la ignorancia sobre aquello que se pretendía informar. La desinformación puede ser causa de que se violen derechos humanos o representar, por sí misma, una vulneración a los mismos.
Los rumores y la información falsa han propiciado, entre otras cosas, ataques y linchamientos morales y hasta físicos, mientras que la difamación de grupos o personas ha fomentado prejuicios y estigmas en su contra, generando discriminación e, inclusive, agresiones.
Uno de los fundamentos de los discursos polarizantes o de odio que se promueven desde algunos sectores de la sociedad o, inclusive, desde las propias autoridades es, precisamente, la ausencia de veracidad, siendo un elemento que incide negativamente en la convivencia social, así como en la vida y desarrollo democrático. La falta de veracidad, cuando proviene de las instancias de poder, tiene consecuencias mucho más serias.
La falta de veracidad en las autoridades perpetúa la opacidad y la discrecionalidad en la administración pública, erigiéndose como un obstáculo para la debida rendición de cuentas. La desinformación debilita la posibilidad de que exista en la sociedad una verdadera conciencia crítica, que se erija como un mecanismo democrático de control y seguimiento de la gestión pública. En el caso de México, si bien nuestro país cuenta con una vasta normativa en materia de transparencia y acceso a la información, no existe un deber general para que los servidores públicos asuman la verdad como pauta general de su acción comunicativa.
Conscientes de la relevancia de estos temas, los días 24 y 25 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Academia Mexicana de la Comunicación convocaron al Foro Nacional “Verdad, reputación, redes sociales y derechos humanos”, en el que 50 académicos, periodistas, comunicadores, expertos en redes sociales, comunicólogos, asesores en estrategias políticas, representantes de la sociedad civil y autoridades, participaron en ocho mesas de trabajo y una sesión de conferencias, cuyo contenido es público, compartiendo sus experiencias, conocimientos y opiniones, en un espacio de reflexión plural, multidisciplinario e informado.
Los insumos generados durante este foro contribuirán a visibilizar y profundizar el debate y a que entendamos mejor estos temas que requieren atención inmediata. Es preciso fortalecer en nuestro país una cultura en la que la veracidad, el sustento en la información objetiva y verificable, así como el respeto de los derechos humanos, sean la pauta que determine las relaciones entre las personas, así como entre ellas y las autoridades. Coincido con quien señaló la necesidad de construir instrumentos de debate para que juntos podamos decidir el destino de nuestra nación, mediante el diálogo abierto que, con memoria, sume y reconozca los esfuerzos ciudadanos de todas y todos.
La consolidación democrática del país demanda que se protejan y garanticen las condiciones para que la discusión, crítica y reflexión sobre los temas de interés nacional, incluido el ejercicio del poder, se pueda llevar a cabo en un entorno adecuado. La vigencia del derecho a la libertad de expresión lleva implícito el respeto de la pluralidad, de los disensos, así como la necesidad de contar con las condiciones que permitan el que las opiniones y puntos de vista de la sociedad se manifiesten y conformen discusiones públicas fuertes y vigorosas. Trabajemos en ello.
*Presidente de la CNDH
