*OCNF considera día histórico para las mujeres en Veracruz
Ciudad de México a 20 de julio de 2021.- Las organizaciones peticionarias de la AVGM por Agravio Comparado en Veracruz, pertenecientes al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red nacional conformada por 43 organizaciones ubicadas en 23 estados de la República, manifestaron su beneplácito por la Iniciativa de reforma presentada por la Diputada Mónica Robles del Congreso del Estado de Veracruz, la cual busca garantizar los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes veracruzanas.
En comunicado destacan que la reforma que se presentará hoy en el pleno del Congreso, sentará un precedente histórico a nivel nacional al convertirse Veracruz en el cuarto estado de la República en ser garante del derecho a la salud reproductiva de las mujeres.
Dicha propuesta responde a las medidas dictadas por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Recuerdan que Veracruz es el único estado con tres solicitudes de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la primera decretada el 23 de noviembre de 2016 por violencia feminicida; la segunda por agravio comparado declarada el 13 de diciembre de 2017 y la tercera por desaparición solicitada en mayo de 2019.
Particularmente, la DAVGM por agravio comparado fue puntualmente dirigida a los tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el caso del Poder Legislativo, la SEGOB recomendó modificar el marco jurídico que transgrede los derechos de las mujeres, y genera discriminación, por políticas públicas que garanticen la salud reproductiva y la implementación efectiva de las causales de aborto, a fin de garantizar la salud, integridad y dignidad de las mujeres veracruzanas.
La reforma propone despenalizar el aborto hasta las doce semanas, respondiendoc a las obligaciones reconocidas en los tratados internacionales ratificados por México, reconoce el estándar internacional y nacional actual en materia de aborto, visto desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres a la no discriminación, a la no violencia y a la garantía de derecho a la salud, mismo que sienta un precedente fundamental en la materia, que puede beneficiar de forma directa e inmediata a las mujeres veracruzanas, y sentar un precedente para todo el país.
Esta reforma cumpliría con la parte fundamental del Agravio comparado por la falta de acceso a servicios especializados de a borto legal, al reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de estado”, lo que de acuerdo a la iniciativa en el Congreso veracruzano, incorporó los estándares de mayor protección de la salud reproductiva de las mujeres.
La iniciativa da cumplimiento a la Convención de Belém do Pará que establece la disposición que al prohibir absolutamente la ILE, conserva y reproduce estereotipos de género sobre el rol de la mujer, debido a que implícitamente se transmite el mensaje de que la concepción de mujer-madre goza de primacía y que las mujeres tienen valor por su función reproductiva, y no en sí mismas. Debido a que la prohibición total de la interrupción del embarazo –vía tipificación penal– es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud.
La iniciativa reconoce que las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado.
Elimininaría la limitación temporal para que no se le aplique la sanción a la víctima por el delito de aborto cuando es resultado de una violación o inseminación artificial no consentida, lo cual es fundamental, pues desconoce la naturaleza de las agresiones sexuales. Además, constreñir a la víctima a realizar una denuncia previa, en un marco temporal establecido, sin tomar en cuenta que esto podría exacerbar el sufrimiento sexual y psicológico en su perjuicio, constituye una forma de violencia en contra de las mujeres, en términos de las normas convencionales relevantes, y por ello, la iniciativa de reforma es acorde al estándar constitucional y jurisprudencial en la materia.
Con la aprobación de esta reforma, se estará atendiendo la recomendación al Estado mexicano del Mecanismo de Seguimiento Convención Belem Do Pará de: “Despenalizar la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos, sea para salvar la vida de la madre o sea para evitarle una daño grave o permanece a su salud física y mental, y despenalizar la interrupción del embarazo producido por violación”.
Como defensoras de los derechos de las mujeres, reconocemos que además de vivir en un contexto de criminalidad, las mujeres en Veracruz, enfrentan obstáculos como la pobreza y la discriminación por su origen, por lo que la reforma resulta fundamental para garantizar los derechos humanos y la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes veracruzanas.
Entre 2009 y 2013 se registraron en Veracruz 53,360 nacimientos en los que las madres eran menores de 18 años de edad. Aunado a ello, en el estado, la maternidad en mujeres menores de 15 años es 5.3 veces mayor que el promedio nacional. Como organizaciones de la sociedad civil, documentamos que a más de 400 niñas se les negó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a pesar de haber sido víctimas de violación sexual y que más del 90% del personal de salud se consideró objetor de conciencia, teniendo un impacto más negativo para el acceso a las mujeres al aborto legal.
Frente a un contexto adverso, es ineludible que el Congreso del Estado de Veracruz, continúe contribuyendo a la transformación de las realidades. Desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), manifestamos todo nuestro respaldo a la Iniciativa y quedamos atentas de los siguientes pasos, a fin de que el ejercicio y la garantía de los derechos sea una realidad para las mujeres veracruzanas.
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento integran el
Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, conformado por las siguientes 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la República : Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes; Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género; Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Ciudad de México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Justicia, Derechos Humanos y Género AC; Justicia Pro Persona AC; Estado de México: Visión Mundial de México; Red de promotoras de Ecatepec; Familiares en búsqueda de Justicia del Estado de México; Hidalgo; Servicios de Inclusión Integral AC SEIINAC; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: OBVIO Guerrero AC; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; Nuevo León: ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; “Yureni” AC Puebla: Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J; Colectivo de Tehuacán. Quintana Roo: Maya sin Fronteras; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Sonora: OCNF Sonora; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa, Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia A.C.
