*Astrolabio Político.
/Por: Luis Ramírez Baqueiro/
“La mejor manera de decir es hacer”. – José Martí.
A escasos días de que la gobernadora Rocío Nahle García presente su Segundo Informe de Gobierno, Veracruz ofrece suficientes elementos para realizar un balance de resultados, avances, desaciertos y desafíos. Porque gobernar no consiste solamente en administrar las circunstancias, sino en transformar realidades, corregir inercias y devolverle a la sociedad la confianza en sus instituciones.
La primera mujer en gobernar Veracruz ha desarrollado una agenda que combina saneamiento financiero, modernización del transporte, respaldo agropecuario, promoción turística y atención a los servicios públicos. Son políticas con avances identificables, aunque sus efectos definitivos todavía requieren mediciones y evaluaciones independientes.
Uno de los episodios más recientes es la reactivación del Ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada. Después de meses de incertidumbre, los trabajadores regresaron a las instalaciones este 11 de noviembre. La intervención y las gestiones coordinadas entre el Gobierno estatal, la Federación, productores y empresarios abrieron una posibilidad de continuidad para una industria de la que dependen cientos de empleos directos y miles de familias vinculadas a la producción cañera.
El acontecimiento tiene una dimensión económica y social que trasciende las instalaciones de la factoría: preservar una fuente de trabajo significa defender la actividad productiva de toda una región. Sin embargo, el desafío será asegurar una operación financieramente viable y una zafra sostenida, para que el rescate no resulte simplemente una solución temporal.
En el campo también se registran medidas concretas. El Gobierno estatal ha informado de un parque de más de 100 tractores y 400 implementos agrícolas, apoyos con semillas, biofertilizantes, plantas de cítricos y equipamiento para pequeños productores. La ganadería ha recibido incentivos para reproducción y mejoramiento productivo.
La recuperación agropecuaria, no obstante, deberá medirse por el crecimiento de los ingresos rurales y la productividad, especialmente frente a amenazas sanitarias como el gusano barrenador, la volatilidad de precios y los rezagos históricos del sector.
En materia de movilidad urbana, Veracruz experimenta una transformación visible. La incorporación de los sistemas Ulúa, Quetzalli, Totonaco y Papaloapan —este último para la Cuenca— representa una renovación del transporte público en distintas regiones. A ellos se sumará Atenas, programado para comenzar operaciones el 23 de noviembre en Xalapa y su zona conurbada, con 60 autobuses, cinco rutas y esquemas de pago electrónico.
El servicio Totonaco inició en Poza Rica con 40 unidades híbridas, mientras que Papaloapan comenzó a atender poblaciones de la región cañera. Pero la modernización vehicular plantea una interrogante inevitable: ¿de qué servirán autobuses modernos si las avenidas continúan deterioradas, los tiempos de traslado no disminuyen o las conexiones entre rutas resultan ineficientes? Ahí existe una responsabilidad compartida entre las autoridades estatales, federales y municipales.
En salud, las denominadas Camionetitas de la Salud introdujeron un mecanismo de distribución de medicamentos hacia hospitales y centros de atención. Para el primer trimestre de 2026 se anunció el traslado de más de 10.6 millones de piezas de medicamentos y material de curación.
A ello se suma una decisión administrativa relevante: la supervisión directa de la red hospitalaria. Para octubre, la gobernadora había recorrido 31 unidades, verificando inventarios, equipamiento, infraestructura y condiciones de atención. Pero reconocer esas acciones no significa ignorar las carencias persistentes de insumos, especialistas y mantenimiento. La verdadera prueba será que los pacientes reciban medicamentos, consultas y procedimientos sin retrasos injustificados.
En educación se han planteado programas de rehabilitación de planteles, pintura, renovación de pupitres, sillas y mobiliario escolar. Son intervenciones que pueden parecer menores ante las grandes obras, pero que tienen un impacto cotidiano en las condiciones de aprendizaje. El reto será ampliar la cobertura, abatir los rezagos de infraestructura y verificar que los apoyos lleguen oportunamente a las comunidades más apartadas.
Otro capítulo de especial importancia es el financiero. Durante décadas, Veracruz acumuló compromisos que comprometían su capacidad presupuestaria. Según los informes oficiales, la administración consiguió liquidar adeudos fiscales históricos con el SAT, reducir obligaciones con el ISSSTE y mejorar las condiciones de diversos financiamientos. En julio de 2026 anunció, además, la extinción de la deuda bursátil de 199 municipios, contratada desde 2008.
El saneamiento es relevante porque libera posibilidades de inversión y disminuye cargas futuras. Sin embargo, también exige transparencia en la composición de los pasivos, sus costos financieros y la aplicación efectiva de los recursos recuperados. Un gobierno financieramente más ordenado debe demostrar que esa mejoría se traduce en servicios y obras tangibles.
El rescate y fortalecimiento del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) merece un capítulo especial por su trascendencia financiera, social y política. La decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de respaldar la viabilidad de este organismo representa mucho más que un compromiso con las jubilaciones y pensiones de miles de trabajadores al servicio del Estado: constituye un asunto estratégico de gobernanza y gobernabilidad. La preservación de su Reserva Técnica, el fortalecimiento de sus finanzas y el cumplimiento puntual de sus obligaciones son indispensables para garantizar certidumbre a trabajadores activos, jubilados y pensionados. Porque abandonar al IPE a su suerte significaría incubar una crisis de enormes proporciones, capaz de desatar inconformidad sindical, movilizaciones, conflictos laborales y una peligrosa erosión de la paz social. No debe olvidarse que detrás de cada pensión existe una familia y, detrás de cada derecho laboral vulnerado, un potencial conflicto político. Sostener al IPE no es solamente administrar un sistema de pensiones; es preservar la estabilidad institucional, la confianza en el Gobierno y la tranquilidad social de Veracruz. Un asunto en el que la responsabilidad política debe acompañarse de disciplina financiera, transparencia y visión de largo plazo.
El turismo constituye otro de los ejes de la administración. Bajo la campaña Veracruz está de moda, se ha impulsado la participación en encuentros nacionales e internacionales, incluida la World Travel Market de Londres, donde la delegación estatal reportó 78 citas de negocios.
La promoción exterior busca diversificar mercados, atraer visitantes y aprovechar el patrimonio natural, gastronómico e histórico del estado. Complementariamente, la Escuela Veracruzana de Servicios Turísticos, instalada en Boca del Río, representa una apuesta por profesionalizar al personal que atiende esta industria, con capacitación gratuita y una capacidad proyectada de 400 estudiantes.
El discurso del crecimiento turístico, sin embargo, necesita acompañarse de cifras comparables de visitantes, derrama económica, ocupación hotelera y empleos formales. La promoción abre puertas; convertir ese interés en prosperidad duradera requiere conectividad, infraestructura, seguridad y capacitación.
En seguridad pública existen indicadores favorables. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó una reducción de 14.1 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante enero-agosto de 2026 respecto del mismo periodo de 2025. Los operativos coordinados con las fuerzas federales y las acciones de inteligencia han contribuido a detenciones y acciones contra estructuras criminales.
La llamada Operación Enjambre también forma parte de un esfuerzo federal de combate a la infiltración delictiva en instituciones públicas. Pero las cifras de reducción no deben confundirse con la desaparición del problema. La extorsión, los delitos contra transportistas y la violencia que padecen distintas comunidades continúan exigiendo respuestas. Tampoco debe confundirse homicidio doloso con culposo: son categorías distintas y sus tendencias deben analizarse por separado.
Hay, además, una circunstancia política que merece atención: la relación de Rocío Nahle con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Veracruz se encuentra entre las entidades más frecuentadas por la mandataria federal, con al menos 16 visitas contabilizadas hasta septiembre de 2026. Esa cercanía institucional ha acompañado anuncios y gestiones en infraestructura carretera, salud, energía, seguridad y desarrollo regional.
La coordinación entre ambos órdenes de gobierno resulta especialmente importante para una entidad de la extensión territorial, población y complejidad económica de Veracruz. No obstante, la frecuencia de las visitas presidenciales no sustituye la obligación de evaluar las obras concluidas ni los beneficios recibidos por la ciudadanía.
¿Y los descalabros? También existen.
Persisten carreteras y vialidades en condiciones deficientes; hospitales que requieren equipamiento y atención urgente; comunidades afectadas por inundaciones; dificultades para consolidar los sistemas de movilidad; rezagos educativos y preocupaciones legítimas por la inseguridad. Incluso en la administración de los recursos públicos existen observaciones de fiscalización todavía sujetas a solventación.
Son problemas que no pueden minimizarse ni resolverse con declaraciones. La Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, mantenía observaciones pendientes por 137.8 millones de pesos correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2025, según la información difundida por el propio Gobierno estatal el pasado 3 de noviembre. Las observaciones no constituyen por sí mismas prueba de desvíos, pero sí obligan a documentar y aclarar el uso de los recursos.
El recuento, por tanto, muestra una administración con iniciativas identificables en sectores estratégicos y con asuntos cuya resolución sigue abierta. La política pública no puede medirse exclusivamente por el número de anuncios, autobuses adquiridos, reuniones celebradas o compromisos financieros atendidos. Debe examinarse también por su sostenibilidad, cobertura, eficiencia e impacto real sobre la población.
El próximo Segundo Informe será una oportunidad para contrastar proyectos con resultados y distinguir las acciones terminadas de aquellas que todavía son promesas. También permitirá conocer qué compromisos se han cumplido, cuáles se retrasaron y qué correcciones se necesitan.
Porque Veracruz no necesita gobiernos inmunes a la crítica, ni oposiciones incapaces de reconocer un avance. Necesita instituciones responsables, una sociedad exigente y resultados verificables.
Y ahí radica la verdadera dimensión de gobernar: no solamente hacer visible lo que cambia, sino conseguir que aquello que cambia mejore, de manera permanente, la vida de los veracruzanos.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx