*Seminario Infancias y Adolescencias Arrebatadas.
/Patricia López Suárez/UNAM/
La delincuencia organizada opera en el país con estructuras jerárquicas rígidas, adiestramiento táctico, dinámicas de obediencia coercitiva absoluta y un despliegue territorial cuasimilitar, engranaje en el que niñas, niños y adolescentes son altamente desechables y sustituibles para cometer delitos, afirmó Javier Galicia Campos, técnico académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
“La captación criminal germina y prospera allí donde el Estado ha retrocedido: en contextos de deserción escolar precoz, precarización económica severa, violencia familiar y una profunda desarticulación del tejido social local”, advirtió el abogado penalista en el Seminario Infancias y Adolescencias Arrebatadas: Reclutamiento Forzado, Crimen Organizado y Deber de Protección Especial.
En la primera ponencia del encuentro académico, organizado por el IIJ en el Aula Reforma Política de 1977, destacó que la narcocultura “dignifica” la violencia como una forma disponible de movilidad social, validación personal y mejoras socioeconómicas.
A esta ecuación hay que sumarle el uso de la tecnología. El reclutamiento ha dado un salto digital; hoy los cárteles utilizan redes sociales como Tik Tok o Facebook, y plataformas de videojuegos desregulados para perfilar, contactar y enganchar a adolescentes vulnerables mediante el engaño o la ludificación de la violencia, sostuvo ante María de Montserrat Pérez Contreras, coordinadora y moderadora del Seminario.
“Esta cruda realidad contrasta con el andamiaje legal vigente. México, como Estado parte del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, está obligado a adoptar todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes y adoptar las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar estas prácticas, así lo establece su artículo cuatro”.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo ocho, y el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo también han legislado contra el reclutamiento forzado y obligatorio para menores de edad; mientras que la Constitución mexicana considera en su artículo cuarto el principio de Interés Superior de la Niñez para garantizar la integridad y supervivencia de esos grupos humanos.
Galicia Campos anotó una laguna jurídica: un grave déficit de tipicidad. “El Código Penal Federal no estima el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado como un delito autónomo y específico. Ante esta alarmante omisión legislativa, las fiscalías persiguen ese delito de manera indirecta, valiéndose de tipos penales como la trata de personas o la corrupción de menores”, alertó.
Raquel Pastor Escobar, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, advirtió que México es el tercer país con mayor actividad en mercados criminales en el mundo, después de Myanmar y Colombia.
De enero a diciembre de 2025 se registraron en México mil 991 homicidios de personas entre 0 a 17 años; 443 eran mujeres y mil 558 hombres. Esto representó una disminución de 11.5 % respecto de los homicidios registrados en el mismo periodo de 2024, puntualizó al citar datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Gaceta UNAM