*Por fin el delito será investigado, procesado y sancionado como delincuencia organizada.
*Aprueban diputadas y diputados, por consenso, reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
*Este delito se incrementa en época electoral lo cual debe ser investigado, demanda la ciudadanía que ve que sus denuncias no avanzan.
/Redacción/
México. 14 octubre 2020.- La Cámara de Diputados aprobó, por consenso, el dictamen que reforma el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que el delito de extorsión sea investigado como delincuencia organizada, y procesado y sancionado bajo esas directrices.
El flagelo lastima a todo el país pero, particularmente a la población civil del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, que tienen la mayor incidencia.
El dictamen avalado por 388 votos a favor, uno en contra, y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece medidas para inhibir y sancionar con mayor severidad el delito de extorsión.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2018 se registraron 6 mil 432 delitos, y en 2019, fueron 8 mil 266, lo cual representa un aumento del 28.5 por ciento.
Las entidades con mayor incidencia son estado de México con 2 mil 295; Ciudad de México, 856; Jalisco, 742; Veracruz, 518, y Nuevo León, con 509. Y no todas las fiscalías reportan lo que realmente sucede en su territorio.
Además, el Inegi en 2018 reportó que el delito de extorsión fue el segundo con mayor incidencia delictiva por cada cien mil habitantes.
Durante confinamiento, cifras altas en homicidio y extorsión.
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI), señaló que en México uno de los delitos de más alto impacto y que va en aumento año con año, es la extorsión; se comete con mayor frecuencia debido a la facilidad de los delincuentes de llevarlo a cabo y se realiza de manera directa e indirecta.
Mencionó que la primera es cuando físicamente una persona amedrenta para obtener dinero; es decir, se presenta a cobrar derecho de piso, y la segunda, por medio de llamada telefónica.
Sin embargo las y los diputados no refirieron que el delito de extorsión ha escalado en Violencia y como acontece en Veracruz o Guanajuato, los delincuentes vulneran a las familias atacándolas para luego exigir pago “por derecho de vida”. La mayoría de familias tienen que dejar su lugar de origen y salir del lugar donde son agredidos y extorsionados.
De enero de 2019 a febrero 2020, alrededor de 111 mil mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión, convirtiéndose en el segundo delito del fuero local más recurrente en el país.
Conforme a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el confinamiento por el Coronavirus que inició el 23 de marzo, los delitos de homicidio y la extorsión se han mantenido con cifras muy altas.
El dictamen, dijo, busca actuar de manera clara y decidida frente a este delito que lastima a la sociedad mexicana, ya que afecta de manera directa el patrimonio de las familias, la Industria y el comercio.
De acuerdo con el Banco de México, una de cada cinco empresas en el sur del país, reportó haber sido víctima de extorsión; mientras que en el resto del territorio nacional, alcanzó una de cada 14. Omiten en estos datos que este tipo de agresión se da actualmente contra familias completas y de ello no hay una sola referencia ya que las víctimas son desplazados por la violencia contra ellos y ellas.
En noviembre de 2019, el Centro Nacional de Inteligencia informó que se han utilizado poco más de diez mil números telefónicos para realizar este tipo de delito, sin mencionar que las bandas de delincuentes locales organizados para balacear o incendiar, son los que ahora atacan a la población civil.
Destacó que se busca visualizar la extorsión por la gravedad de sus hechos, incorporándolo en la relación de delitos investigados, procesados y sancionados conforme a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pero no hay alusión a la corrupción de ministeriales o jueces que les permiten salir libres o nunca son investigadas las denuncias.
“La extorsión se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de las organizaciones criminales para financiarse; hoy damos un paso más con esta reforma. Sin embargo, se requiere una estrategia integral que considere otras prácticas que también han sido exitosas”, añadió.
