*Zurda.
/ Ruth Zavaleta Salgado /
Es tan común la violencia homicida en México que poco llama la atención si las víctimas son personas con actividades políticas, periodísticas o de liderazgo social. Sin embargo, estos homicidios forman parte de un tipo de violencia específica: la violencia política. Ésta, a diferencia de otros tipos de violencias, se ejerce contra aquellos actores que tienen una influencia social por la actividad que realizan.
Durante el periodo de la Guerra sucia en México, las víctimas eran, en su mayoría, los opositores políticos del gobierno. Hoy, un número importante de víctimas también son opositores, o por lo menos mantienen una actitud crítica o independiente al oficialismo (por ejemplo, los líderes de comunidades indígenas), pero no todos. De hecho, un gran número de víctimas son del partido hegemónico de Morena, por lo que ser opositor, no es la variable que determina la vulnerabilidad, sino el haberse cruzado en el camino de los intereses criminales que luchan por predominar en cada territorio de la República.
La evidencia nos dice que no podemos señalar como responsables sólo a los grupos del crimen organizado, sino, también a los funcionarios públicos de diferentes niveles de gobierno que se coluden, o se alían, o hasta dirigen esos grupos criminales. En ese contexto, la violencia política letal que se vive en diferentes regiones es reflejo de la crisis estructural de las instituciones de poder público, la vulnerabilidad del Estado de derecho, y los desafíos que enfrenta la viabilidad del modelo democrático de gobierno federalista en diferentes estados, para ser exactos, en 29 de 32, pero más en algunos como Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Morelos, que es donde se concentran 50% de las incidencias y la gran mayoría de víctimas de la violencia política letal en este trágico primer semestre de 2025 y, cuyos algunos nombres, encontrados en diversas páginas de organizaciones sociales y medios de comunicación, me permito citar a ediles, alcaldesas, candidatos y funcionarios públicos: Martha Mendoza, Salvador Bastida García, Isaías Rojas Ramírez, Gema García, Yesenia Lara Gutiérrez, Manuel Andrei Gamboa Soto, Germán Valencia Delgado, Bladimir García, Luis Córdova, Jaime Maciel Ramírez, Mario Hernández, Ximena Guzmán, José Muñoz, Martha Mendoza, Salvador Bastida García, Isaías Rojas Ramírez, Carlos Ramsés, Alejo Cedillo, Alejandro Mancilla Cueto, José Luis Pereira Robles, Gerardo Leobardo Santos López, Yesenia Lara Gutiérrez, Enrique Argüelles Montero y Carlos Ramsés Neri. Periodistas: Ronald Paz Pedro, Raúl Villarreal, José Carlos González Herrera, Melvin García, Ángel Sevilla, Calletano de Jesús Guerrero, Kristian Martínez. Líderes sociales: Juan Luis Villaseca, Adriana Ortiz García, Virginia Ortiz García, Cristino Castro, Wilfrido Victoriano Quirino, Abraham Chirino, Cutberto Hernández García, Oliverio Martínez y Flor de Jesús Hernández.
Lamentablemente esta lista sólo representa una parte de las 112 víctimas letales de enero a junio (Integralia Consultores). Los nombres de las otras víctimas no se encuentran publicados no por falta de intención, sino porque fueron difíciles de rastrear. De hecho, los nombres de las víctimas que fueron líderes sociales (mayoritariamente indígenas), son los más difíciles de descubrir ¿reflejará alguna forma de discriminación esta invisibilidad?
Cierto es que las denuncias de incidentes políticos disminuyeron en más de 50% de 2024 a 2025, pero la letalidad creció de 94 a 112 víctimas. Esto puede significar que las víctimas prefieren no denunciar o que los victimarios prefieren ya no advertir, sino actuar. Poco sabremos que hay detrás de los homicidios dolosos, políticos o no, frente a la impunidad que prevalece en más de 90 por ciento. Para muestra basta un botón. Hasta el momento, poco o nada se sabe sobre los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Son dos crímenes de alto impacto, pero hay otros miles que se han quedado en el olvido, y así van a prevalecer, porque para que haya justicia, quienes tienen el poder político no deberían usarlo para proteger a los suyos y perseguir a los otros, tal y como está sucediendo hoy.
