* Para hacer un arma electoral de las vacunas, López Obrador transgrede leyes nacionales, internacionales y Tratados que son constitucionales y comete muchos delitos.
México. enero de 2021 /Efraín Kleriga/MXPress. -Si el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza a los llamados centros integradores de sus programas sociales para administrar las vacunas anti Covid, estaría violando la Ley General de Salud y acuerdos internacionales que tienen peso constitucional.
Conforme los artículos 134 y 135 de la Ley General de Salud, decidir las campañas de vacunación no es facultad del Presidente de la República sino del Consejo de Salubridad General, y con base en los tratados y convenciones internacionales que, por ser en este caso alusivas derechos humanos, tienen rango constitucional.
“Artículo 135.- La Secretaría de Salud elaborará y llevará a cabo, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de la República”, dice la LGS.
El pasado 5 de enero, López anunció durante su matiné que había decidido unilateralmente que la aplicación de la vacuna anti Covid iniciará con 3 millones de habitantes de las comunidades más apartadas del país y que se usarían los Centros Integradores donde su estructura paraelectoral reparte los programas sociales
“Vamos a comenzar abajo, en donde vive la gente más marginada. Van a vacunar en estos 10 mil centros integradores en una semana en cada centro integrador a 300 adultos mayores. De modo que, si son 10 mil, en una semana, el propósito es vacunar, teniendo la disponibilidad de la vacuna, a tres millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas”.
En México la población mayor de 60 años llega a 13 millones de personas, de los cuales solamente 2.7 millones viven en comunidades rurales, situación que quizá es la que alude López Obrador por “comunidades apartadas”, aunque no todos los núcleos rurales son apartados de las zonas urbanas.
Además de que no le salen las cuentas, de usar los mentados centros integradores cometería varios delitos como ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y, junto con sus secretario y subsecretario de Salud y su equipo de comunicación, el delito de coalición de funcionarios y fraude a la ley.
De hacer uso electoral con las vacunas, lo que pondrá en peligro la vida de personas y, seguramente ocasionará muertes, continuarán cometiendo el delito de genocidio, el cual es un delito internacional y es posible presentar una acusación ante jueces de cualquier otro país.
Pero además cometerá delitos electorales que ameritan prisión y que él mismo pidió que se consideraran delitos graves que ameritan prisión oficiosa y delitos contra la Ley de salud que igualmente son graves.
Las cuentas no le salen porque 10 mil vacunas por semana, para vacunar a 2.7 millones de personas se tardarían poco más de cinco años y además resultaría infructuoso para frenar la pandemia vacunar a quienes tienen menor contacto, a menos que se busque la inmunidad del rebaño a costa de muchas muertes.
Los centros integradores están operados por una estructura electoral de casi 20 mil personas del partido Movimiento de Regeneración Nacional, que viene desde su campara de 2018 y que es mantenida con un gasto de más de tres mil millones de pesos anuales en salarios, y gastos operativos, viáticos, materiales y uniformes.
