Violencia de Género en el campo

En los campos latinoamericanos la violencia contra la mujer adquiere formas que quizá no son tan evidentes para las personas citadinas. La criminalización por la defensa de la tierra y la lucha contra los agrotóxicos se hace patente en las comunidades que, además, están siendo cada vez más azotadas por el agronegocio, megaminería e hidroeléctricas.

“Las mujeres no sólo tienen que resistir al avance ocupándose de la familia y de la producción, sino también que tenemos que hacerle frente a situaciones de avasallamientos, de criminalización”, dijo a Sputnik Deolinda Carrizo, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena argentino, y secretaria operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), a su vez miembro de Vía Campesina, movimiento internacional que agrupa a unas 180 organizaciones de todo el mundo.

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“La violencia [contra la mujer] ha venido cambiando en los últimos años […], ahora también tenemos que luchar contra la violencia que atenta contra la alimentación de las familias rurales”, resumió Silvia Páez, vicepresidenta de la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay y miembro de la CLOC.

Este 25 de noviembre, durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las campesinas uruguayas llevarán en el rostro un tul violeta o negro (colores consigna de la lucha feminista).

“El tul es una trampa, vemos, pero nuestros ojos no quisieran ver esto que estamos viviendo”, explicó Páez haciendo alusión a los 21 femicidios que han ocurrido en 2018 a la fecha en Uruguay.

No obstante, el distintivo también muestra “que seguimos siendo sensibles a la violencia”, no sólo física. La resistencia al avance de los grandes proyectos extractivos y de explotación de las tierras, también es protagonizada por mujeres, que desde sus campos deben hacer frente a las consecuencias.

Las mujeres rurales latinoamericanas llegaron a la conclusión de que no podían “tener una autonomía política, económica y social, si no hay soberanía alimentaria. La soberanía está por encima de todo, es lo que nos permite elegir qué consumir, qué darle de comer a nuestras familias”, aseguró Páez.

“Hay cosechas de compañeras, pequeños emprendimientos, que han sido destrozadas por los empresarios que fumigan, y sabemos cuán malos son los agrotóxicos, sabemos cómo afectan a la salud. Aquí [en Uruguay] hay compañeras apícolas que tuvieron que dejar el rubro porque han matado sus colmenas. Comenzar de cero cuesta, y mucho. Esas mujeres han cambiado su rubro de trabajo”, ejemplificó Páez.

Ésta y otras situaciones similares se repiten en la región. Carrizo contó que las mujeres que “han logrado frenar el avance” del monocultivo de la soja transgénica en Argentina, Brasil y Paraguay, han sufrido consecuencias “muy grandes” sobre su salud y la de sus familias a raíz de “las intoxicaciones provocadas por las fumigaciones”.

Algunas incluso han muerto por luchar por sus derechos. Carrizo señaló el caso de Colombia, donde una de las “consecuencias” del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, ha sido el asesinato de “muchos líderes y lideresas sociales”. Según cifras del Gobierno, más de 300 han sido asesinados luego de la firma, en noviembre de 2016.

“Las mujeres han quedado viudas y tuvieron que seguir afrontando la pelea, la lucha por el territorio”, aseguró.

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Carrizo asegura que la “pelea” que las mujeres rurales están dando contra el agronegocio y otros modelos de explotación y extracción de la tierra, implican “enfrentar el capitalismo y su estructura social”, atravesada por el “machismo”.

En ese sentido, aseguró que es muy común que la Justicia no “escuche” ni le dé lugar a los reclamos de las campesinas. “Las voces de las mujeres a veces son vedadas por los mismos jueces y autoridades policiales. Ellos quieren siempre [escuchar a] un varón, y el varón, cuando llega, es tomado preso”, explicó.

Éstas y otras vejaciones que padecen las comunidades rurales, y específicamente las mujeres, “las acobarda”: terminan no denunciando las vulneraciones de sus derechos. No obstante, Páez reconoció que en comparación a la década pasada, “se está moviendo la aguja” de la desigualdad.

“Hoy la mujer ha aprendido que el campo es también suyo, que las herramientas y el ganado, son también parte de ella, cosa que antiguamente no era así […]. Se limitaba a decir que su rol era el de la cocina y [el de cuidar] los pequeños animales, aunque por ella pasan todos los roles de un hogar y más. Hoy la mujer es capaz de enfrentarse a un director de una oficina gubernamental y pelear por sus derechos”, aseguró.

Visibilización

Hace 17 años los campesinos organizados del mundo están trabajando para que Naciones Unidas (NU) reconozca e impulse la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales. El 21 de noviembre de 2018 el Tercer Comité (Social, Humanitario, y Cultural) de la Asamblea General de las NU votó a favor, a través de la Resolución no. AC.373L.30.

“Hemos logrado que nos nombraran, que estuviéramos presente también en la redacción de este documento. Ahora el desafío es que lo lleguen a implementar en los países firmantes, y también seguir trabajando en los que no han firmado”, indicó Carrizo.

Esta declaración de las NU busca garantizar la protección de los derechos de todas las poblaciones rurales, “incluyendo las y los campesinxs, lxs pescadorxs artesanxs, nómadas, trabajadorxs agrícolas y pueblos Indígenas, para así mejorar sus condiciones de vida y también fortalecer las luchas por la Soberanía Alimentaria, en contra el Cambio Climático, y conservar la biodiversidad”, se lee en la web de Vía Campesina.

“Es importante porque fortalece la lucha por el reconocimiento del rol de las mujeres en el ámbito rural, en la producción de alimentos sanos y variados, como también en la conservación de las semillas, en lo cultural, y nos da el reconocimiento que nos merecemos”, concluyó.

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