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En el sur, centro y norte del país impregna la violencia contra las mujeres
En el marco del 25 de noviembre “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), articulación feminista conformada por 42 organizaciones en 23 estados del país, manifestamos nuestra preocupación por el nivel de violencia que las mujeres seguimos enfrentando en México.
De acuerdo a la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en este año han sido asesinadas 3, 170 mujeres, solo 792 casos -hasta el mes de octubre- se investigan como feminicidio, a pesar que muchos de los asesinatos tienen características feminicidas.
Según datos del Gobierno Federal, los estados con más víctimas de este delito son: Estado de México, Michoacán y Oaxaca. Por otro lado, Colima y Morelos son los estados con más feminicidios de acuerdo a su tasa.
Cabe señalar que en México existen 25 Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) decretadas por la Secretaría de Gobernación. Después de 15 años, en abril de 2022, se logró reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en el apartado de la Alerta de Género. Si bien dicha herramienta es un mecanismo incómodo y lo han buscado desaparecer, la AVGM es un elemento fundamental para atender las violencias graves que vive el país en materia de violencia contra las mujeres, por lo que luego de la reforma, las autoridades federales y estatales tienen la oportunidad de aplicar el Mecanismo con la nueva reforma, que puede contribuir de manera significativa a disminuir la violencia feminicida.
Es necesario mencionar que la reforma a la LGAMVLV obliga a que los estados tengan programas estratégicos para la implementación de las medidas urgentes para atender la violencia contra las mujeres, dichos programas deben contar con el presupuesto y un tiempo de cumplimiento, por lo que a corto plazo se podrá ya evaluar de manera objetiva los resultados para poder identificar qué gobiernos estatales, gobiernos municipales, Fiscalías, Poderes Ejecutivos, Poderes Judiciales y Poderes Legislativos, están comprometidos con la erradicación de la violencia feminicida en México.
Desde el Observatorio valoramos que es importante contar con una Ley General de Feminicidio, sin embargo, la propuesta del Ministro Arturo Saldivar, se tiene que profundizar a partir de las necesidades de las diversas realidades y contextos estatales. Esta propuesta debe ser discutida y retroalimentada con la participación del legislativo federal y local, así como con víctimas, organizaciones expertas y expertos en el tema.
La creación de la ley ayudaría a tener un enfoque integral para atender la problemática del feminicidio desde la prevención hasta la reparación del daño, así como, a superar las deficiencias regulatorias que existen en algunas entidades federativas.
En cuanto a la grave problemática de desaparición de niñas y mujeres en el país, de acuerdo a recientes investigaciones, Puebla, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Colima y Jalisco, concentran el 54% de las desapariciones en el país, la mayoría son niñas y mujeres de entre 15 y 17 años de edad.
Esto hace necesaria la actuación inmediata de las autoridades para poder evitar violencias mayores o que los criminales cometan otros delitos. Así como evitar los denominados “feminicidas seriales”, quienes actúan bajo el cobijo de la impunidad.
Otra cifra que debe alertar a las autoridades mexicanas es el creciente uso de ácido para dañar a mujeres. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo ha catalogado como “una forma devastadora de violencia de género” De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud federal, en el primer semestre del 2022, 47 mujeres fueron quemadas con gasolina, ácido o algún solvente corrosivo de manera intencional, en promedio fueron registrados uno y dos ataques de este tipo a la semana en clínicas a lo largo de todo el país.
Más allá de las cifras que nos permiten aproximarnos a la realidad, es necesario concientizarnos y mirar el problema a partir del significado que tienen las maneras en que las mujeres son sometidas para dominarlas, los actos crueles con los que son violentadas y asesinadas: golpes, quemaduras, estrangulamientos, asfixias, ahorcamientos, cortaduras, impactos de armas de fuego, y una diversidad de métodos de extrema brutalidad.
Es urgente que la violencia feminicida se atienda de forma diferenciada. Esto implica poner en práctica políticas públicas diseñadas específicamente para cada una de las diferentes formas de violencia, a partir de mecanismos eficaces de atención e investigación que puedan ser evaluados oportunamente.
Por ejemplo, en Quintana Roo el #9N evidenció la gravedad de la violencia contra las mujeres en todas sus formas, al reprimir una protesta en Cancún hacia personas que se manifestaban contra las desapariciones y feminicidios. En el estado no solo aumentan los feminicidios sino también se ven disminuidos los espacios a la ciudadanía para reclamar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Otro ejemplo es Aguascalientes, en donde a cinco años de la tipificación del delito de feminicidio y de la implementación del protocolo de investigación de muertes violentas en el Estado, advertimos la omisión en la integración de las carpetas de investigación, el poco o nulo avance en estrategias institucionales integrales y políticas públicas eficaces para la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición. En lo que va del año, en Aguascalientes han sucedido 16 feminicidios, y se han registrado 952 delitos de índole sexual, sigue entre los tres primeros lugares de violencia sexual y familiar, así como de llamadas de auxilio al 911. Existe una grave carencia en el trabajo articulado que deberían realizar las instituciones, obstaculizando los procesos que garanticen la justicia y la seguridad para las mujeres, niñas y adolescentes.
En Tlaxcala se mantiene un discurso de ser uno de los estados más seguros en el país; sin embargo, los delitos contra las mujeres siguen en niveles altos, la invisibilidad y negación de estas violencias sólo aumentan los riesgos para las mujeres y demuestra la tolerancia del gobierno. En lo que va del año hemos documentado 30 muertes violentas de mujeres y sólo se han informado de 2 carpetas de investigación por el delito de feminicidio; así como la constante desaparición de mujeres, niñas y adolescentes que no se investigan con perspectiva de género, siendo víctimas de otros delitos como la violencia familiar, explotación sexual, violencia sexual y feminicidio.
Ante ello, en el marco del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hacemos un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que cumplan con sus obligaciones establecidas en los diversos mecanismos nacionales e internacionales que buscan erradicar la violencia contra las mujeres.
Poder Ejecutivo:
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Revise sus políticas públicas y evalúe el impacto de las mismas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, de lo contrario, éstas no responderán a la violencia actual que enfrentan las mujeres.
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Genere estrategias de prevención adecuadas, de acuerdo a los contextos que viven las mujeres en los distintos estados del país.
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Cuente con un modelo homologado de atención a víctimas debido a que la mayoría de las comisiones no cuentan con ello. Se debe realizar una revisión del modelo de atención a nivel nacional, sobre todo de las comisiones estatales, pues algunas comisiones de atención a víctimas no cuentan con la infraestructura necesaria, su presupuesto es muy limitado, el número de asesores jurídicos es desproporcionado al nivel de demanda.
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Fortalecer las capacidades de las Comisiones de atención a víctimas para que éstas puedan garantizar la atención inmediata y medidas de reparación integral del daño a las familias de las víctimas de feminicidio, particularmente a las niñas y niños que quedan en situación de orfandad ante este flagelo.
Poder Legislativo
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El Poder Legislativo tiene que seguir trabajando para mejorar u homologar el tipo penal de feminicidio, para que el delito pueda ser acreditado de manera efectiva.
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Revisar los marcos legales que son discriminatorios e incorporar las nuevas leyes que están protegiendo los derechos de las mujeres como la violencia digital, la violencia política, etc. plasmados en la “Ley Olimpia”, la “Ley Ingrid”, aprobadas en años recientes.
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Generar un marco legal que sancione la obstrucción de la justicia de género.
Poder Judicial
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El Poder Judicial tiene la obligación de contemplar y facilitar recursos judiciales efectivos y una tutela judicial adecuada, para que se revisen las investigaciones de feminicidios y se analice si cumplen con los estándares de investigación con perspectiva de género, y en caso de que no sea así, reencauzar dichas investigaciones, de tal forma que se permita el acceso a la verdad histórica a las víctimas indirectas, así como el acceso a la justicia y a la reparación del daño.
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Las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de investigar con debida diligencia y con perspectiva de género de acuerdo a diversos mecanismos nacionales e internacionales, particularmente la sentencia de Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es un referente nacional para investigar y juzgar con debida diligencia y perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres.
Fiscalías estatales
Las fiscalías son las grandes deudoras para garantizar la justicia de género, por lo que es necesario:
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Contar con investigaciones que permitan acreditar los delitos de género para vincular a los agresores y que estos puedan ser sancionados.
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Que las y los Ministerios Públicos realicen planes metodológicos de investigación con perspectiva de género y, en los casos ocurridos en contextos de criminalidad organizada, es necesario contar con Unidades de Análisis y Contexto debidamente conformadas que permitan generar líneas de investigación identificadas para la sanción oportuna de agresores.
Como defensoras de los derechos humanos, reconocemos que el reto de la violencia contra las mujeres ya no es el mismo, nos enfrentamos a un contexto complejo donde están presentes diversos actores desde personas cercanas, esposos, vecinos, policías, militares, empresarios, jefes, hasta actores criminales. Hoy por hoy, la realidad rebasa las acciones de las autoridades y lo que están haciendo es insuficiente.
Necesitamos una verdadera política de igualdad no políticas asistenciales. Es necesaria la implementación adecuada de todas las políticas, marcos legales, mecanismos protección, y todas las herramientas para atender las violencias contra las mujeres y así garantizar su derecho a una vida libre de violencia.
Sigue pendiente un mayor compromiso de las autoridades de todos los niveles de gobierno para implementar de manera efectiva las acciones que están generando y atender la problemática de manera estructural e inmediata.
Atentamente,
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
*Publicado el 25 de Noviembre
