*Evidencia un sistema de impunidad y blindaje político que ha erosionado la ética parlamentaria y la credibilidad institucional.
*Han aprobado reformas que han debilitado la independencia judicial, alterado el equilibrio de poderes y erosionado principios éticos y democráticos fundamentales.
*En la mayoria de casos con la complacencia de la oposición, en proyectos que afectan los derechos ciudadanos.
09.11.2025 Ciudad de México.- El poder legislativo mexicano ha dejado de ser un contrapeso democrático para convertirse en un instrumento de consolidación del poder presidencial, lastimosamente aprobando reformas que comprometen la ética parlamentaria, la independencia judicial y los derechos ciudadanos.
Durante la LXVI Legislatura, Morena y sus aliados han operado con una mayoría sobrerrepresentada ilegal, que les ha permitido aprobar, sin contrapesos ni deliberación plural, al menos 16 reformas constitucionales y legales prioritarias para la llamada Cuarta Transformación.
Este proceso ha sido descrito por analistas como una “aplanadora legislativa” que ha desdibujado el papel representativo del Congreso y dejado una estela de destrucción en las imágenes de personajes que habían tenido cierta reputación y otros exhibidos como lo que son, incluyendo su vínculos con el crimen organizado, al comportarse de modo rastrero pues se someten totalmente a la autoridad de alguien.
Desde el inicio de la LXVI Legislatura en septiembre de 2024, el Congreso mexicano ha operado bajo una lógica de mayoría automática, donde Morena y sus aliados —el Partido Verde y el Partido del Trabajo— han impulsado y aprobado al menos reformas clave sin contrapesos, pues la 4t ha concentrado tal poder que actúa como un estado -de facto- autoritario.
Este fenómeno, conocido como la “aplanadora legislativa”, ha sido posible gracias a una sobrerrepresentación parlamentaria que ha distorsionado la voluntad ciudadana y permitido la modificación de la Constitución en favor de intereses partidistas, para repartirse cargos, ahora con Morena, como lo fue antes con el PRI.
Entre las reformas más controvertidas se encuentra la Reforma al Poder Judicial, que establece la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Una medida, presentada por Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024 como parte de su “Plan C” y retomada por Claudia Sheinbaum, que ha sido criticada por expertos y exministros como una amenaza directa a la independencia judicial.
Esta medida, aprobada en septiembre de 2024 y aplicada por primera vez en junio de 2025, ha sido criticada también por organismos nacionales e internacionales por abrir la puerta a perfiles sin experiencia judicial y por politizar la justicia. La reforma también redujo el número de ministros de la Suprema Corte y eliminó su pensión vitalicia, debilitando su autonomía.
La reforma fue aprobada tras una elección marcada por irregularidades, lo que ha generado preocupación sobre la alineación política de los futuros operadores de justicia.
Otra reforma que ha generado alarma es la modificación a la Ley de Amparo, que limita la capacidad de los jueces para emitir suspensiones provisionales con efectos generales. Esta medida debilita el papel del Poder Judicial como contrapeso frente a normas que puedan vulnerar derechos fundamentales, dejando a la ciudadanía en una posición de mayor indefensión ante el poder ejecutivo.
La Reforma de Pensiones, que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, permite la transferencia de recursos de cuentas de Afores inactivas a una cuenta pública, con un tope salarial que ha sido interpretado como una expropiación encubierta de ahorros individuales. Esta medida ha sido duramente cuestionada por especialistas en seguridad social y por organismos financieros internacionales.
En materia fiscal, el Paquete Económico 2026 incluye reformas a la Ley de Derechos, el IEPS, el Código Fiscal y la Ley de Ingresos, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, diversos analistas han señalado que estas reformas implican incrementos impositivos disfrazados, que afectan de manera regresiva a sectores vulnerables.
La Reforma de Amnistía, que otorga al Presidente la facultad de conceder perdones sin pasar por el Congreso, ha sido vista como una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo, debilitando el sistema de pesos y contrapesos.
Este conjunto de reformas ha sido aprobado en tiempo récord, sin procesos amplios de consulta ni debate público, lo que ha generado una crisis de legitimidad legislativa.
La ética parlamentaria, entendida como el deber de representar a la ciudadanía y proteger el orden constitucional, ha sido sustituida por una lógica de obediencia partidista. El Congreso ha dejado de ser un espacio de deliberación plural para convertirse en un instrumento de ratificación automática de la agenda presidencial.
