/ Germán Martínez Cázares /
El fiscal Alejandro Gertz Manero es insostenible en su cargo. Lo sabe el Presidente, pero no lo empuja porque no le gusta que nadie le marque “sus” tiempos, y porque no tiene claro al sucesor, y por si fuera poco, porque necesita del Senado de la República para nombrar sustituto. Si dependiera exclusivamente de la voluntad del Presidente, el otrora llamado “abogado de la nación” ya estaría de patitas en la calle.
Los resultados en materia de procuración de justicia son pobrísimos. ¿Acaso no es delincuencia organizada, y por tanto federal, colocar sobre la pared a 17 personas y dispararles en Michoacán? ¿No es “terrorismo” -como reza el artículo 139 del Código Penal Federal- atentar contra la integridad física y “emocional” de unas personas para producir alarma, temor y terror en la población? ¿Dónde están las atracciones de la Fiscalía por los delitos contra los periodistas? ¿Dónde ha estado el fiscal para condolerse con las víctimas y los familiares de los desaparecidos?, preguntaría doña Rosario Ibarra de Piedra, con rubor y vergüenza ante la impunidad obradorista. ¿Ayotzinapa no es un nuevo enredo? Ya murió la #FiscalíaQueSirva.
En materia de combate a la violencia y a la corrupción es donde el rezago del gobierno de México se nota más. Lo sabe el Presidente. Lo sabe el fiscal Gertz, quien, según ha trascendido en algunos medios de comunicación, ha dicho a sus colaboradores: “me presionan para que abandone el cargo”. Tiene razón: lo presiona un país adolorido, sin justicia, para que renuncie ya. En el Senado el pasado 17 de marzo prometió que pronto veríamos resultados del espionaje que él mismo padeció.
¿Dónde están esos resultados? ¿Quién tiene esos aparatos de intercepción de comunicaciones? ¿Se va a tragar esas escuchas ilegales?
Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Quién lo sustituye? ¿Puede el ministro Arturo Zaldívar ser el nuevo fiscal general de la República? Lo obsequioso con el Presidente lo tiene. Le faltan los requisitos constitucionales y legales.
En 1994, cuando asesinaron al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el presidente Salinas nombró subprocurador especial para el caso Colosio, precisamente a un ministro, Miguel Montes García. Pero las leyes han cambiado.
“Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación”, dice la Constitución (artículo 101) y agrega: “Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte no podrán dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”.
La Constitución es clara, pero por si hiciera falta, la Ley de Amparo (artículo 5) dice que es “parte” en el juicio de amparo el Ministerio Público. ¿Cómo podría ser un ex ministro parte y representante, en ese juicio, sin violar la ley? Y además sin atentar contra el “sentido común” porque tendría la ventaja de haber colocado a jueces y promovido a magistrados. El fiscal es el “representante” social en la persecución de los presuntos delincuentes, el jefe de todos los Ministerios Públicos federales, un ex ministro, en ese lugar, rompería el equilibrio procesal en un juzgado ante cualquier acusado.
Zaldívar sólo puede ser fiscal general de la República burlando la Constitución, como cuando pretendió, él, quedarse dos años indebidamente a la cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
