- Existe un profundo desconocimiento sobre el rol del Estado en el ejercicio de la libertad de expresión en Internet
- Omite incorporar los principios, estándares y fundamentos para garantizar el ejercicio de los derechos humanos a través del uso de tecnologías de la información
- Se ha legislado con deficiencias conceptuales en términos de la naturaleza de Internet y su funcionamiento
- Persisten los mensajes contradictorios en cuanto al respeto y apuesta del IFT como órgano autónomo
- La colonización gubernamental de Internet busca romper con su potencial democratizador y en el ejercicio de derechos
Ciudad de México 5 de febrero de 2021.- El 1 de febrero de 2021, el Senador Ricardo Monreal reiteró, mediante una conferencia de prensa, su intención de regular a las plataformas de redes sociales para que no sean ellas quienes decidan lo que está permitido o no en sus espacios, buscando establecer las condiciones propicias para que el Estado mexicano intervenga en ellos. El legislador informó que está a punto de presentar una iniciativa para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y así brindar atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que sea este órgano quien vigile y dicte el actuar de las plataformas digitales.
Las intención del Senador Monreal es contradictoria a lo que aseguró recientemente -en mayo 2020-, cuando reconoció la utilidad de los servicios en Internet para vigilar el actuar público: “no tenemos en este momento ninguna iniciativa de regular redes [sociales], lo digo con toda honestidad; a mí me parece que no hay que regularlas, que no hay que legislar en esa materia, que hay que dejarlas [ser] libres, y que son instrumentos de interlocución y de manifestación social”[1]. En esa misma intervención también declaró estar “totalmente convencido de que las redes son las que están propiciando transparencia, democracia y calidad de vida, en el sentido de combatir la corrupción, de ser vigilantes del actor público, de estar atentos siempre de la actitud de los servidores públicos. A mí me parece que está bien y así deben de continuar”[2].
Desde ARTICLE 19 percibimos preocupante la inconsistencia en sus declaraciones y las motivaciones que están detrás de su propuesta legislativa, aparentemente centrada en regular qué contenidos pueden o no pueden circular en las plataformas de redes sociales en México. Sobre todo, por el desconocimiento que ha demostrado tener sobre el rol del Estado -en general- y del poder legislativo -en lo particular- en el ejercicio de la libertad de expresión en Internet. Asimismo nos preocupa la insistencia que el Senador Monreal ha mostrado hacia regular las interacciones y los contenidos en Internet y su uso, aunado a la inaplicación de principios, nociones y fundamentos existentes para garantizar el ejercicio de derecho humanos en línea.
En este documento se desarrollan las principales preocupaciones
