* La diputada Noroña Quezada (PRI) plantea reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
+ El crédito al consumo al menudeo se disparó en el país por la pandemia
Cdmx, 22 febrero 2021.- La diputada María Luisa Noroña Quezada (PRI) propuso reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a fin de erradicar, prohibir y sancionar prácticas abusivas en materia de intereses moratorios, por parte de bancos y entidades comerciales.
Se busca incluir un párrafo tercero al artículo 9 de dicha ley, para establecer que las tasas de interés moratorias no podrán ser sujetas a tasas de referencia, tasas sustitutivas o términos, condiciones o mecanismos que permitan durante la vigencia del contrato, modificar las disposiciones, la tasa de interés o aumentar el cobro aplicable, a lo originalmente pactado.
Con las reformas a los artículos 43, 44 y 49 de la mencionada ley, también plantea que estas prácticas puedan ser sancionadas con multa de cuatro mil a 150 mil Unidades de Medida y Actualización, tanto a las entidades financieras como a las entidades comerciales, por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y la Procuraduría Federal del Consumidor, respectivamente.
Mientras que el Banco de México podría sancionar con multa de cuatro mil a veinte mil días de salario, a las entidades financieras que cobren intereses en términos distintos a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 9.
En la iniciativa, remitida para su análisis a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Noroña Quezada precisa que la población no debe ni puede seguir siendo presa y rehén de estas prácticas, “que de la noche a la mañana y cuando así lo desean las empresas o bancos supuestamente familiares y populares, elevan a niveles desproporcionados el monto a pagar por concepto de intereses moratorios”.
Indica que derivado de la pandemia por Covid-19, un enorme número de mexicanas y mexicanos recurrieron al crédito para adquirir un préstamo o comprar un bien, un electrodoméstico, un automóvil, una pantalla, un teléfono o hasta medicamentos, tanque de oxígeno, un oxímetro, un termómetro o pagar la cuenta estratosférica de algún hospital.
La pandemia a muchas familias les redujo su ingreso, les quitó su trabajo y las mantiene en el desempleo; sin embargo, tienen que seguir con el pago de sus créditos, pero en ocasiones cuando acuden a realizarlos, son sujetos a cobros autoritarios, intereses moratorios arbitrarios, que cambian de la noche a la mañana y al antojo del prestamista, añade.
La diputada del PRI expone que ello, a veces, viene acompañado de la amenaza de enviar al “departamento de cobranza” o al “jurídico de la empresa” y también enviarlos al buró de crédito, con la consigna de que no saldrán jamás de ahí.
“Desafortunadamente, estas familias son las de más bajos ingresos. Son millones de familias que se enfrentan a tasas de interés por el préstamo o el crédito, elevadas, injustificadas y abusivas, así como a tasas de interés moratorias arbitrarias, infundadas, desmedidas y muy probablemente hasta ilegales”, agrega.
Refiere que de acuerdo a cifras oficiales, el crédito al menudeo se disparó en nuestro país por la pandemia. No obstante, “ya traía significativas tasas de crecimiento con promedios anuales de entre 10 y 15 por ciento desde antes de la pandemia”.
Según la Asociación de Bancos de México, para noviembre de 2020 se habían reestructurado cerca de 110 mil millones de pesos correspondientes a créditos, bajo un esquema nuevo de pago de deuda por los problemas y afectaciones derivadas del Covid-19; es decir, 728 mil clientes de bancos en el país reestructuraron su crédito o deuda.
Además, durante la pandemia al menos 80 por ciento de las personas no alcanzaron a completar sus ingresos habituales y, por consecuencia, recurrieron al crédito al consumo al menudeo, esto de acuerdo a información proporcionada por la Asociación Nacional de Pequeños Comercios.
Por ello, la diputada Noroña Quezada llama a proteger, cuidar y hacer valer el ingreso familiar y su poder adquisitivo, de una manera más decidida y sin omitir cualquier situación o escenario. “No podemos dejar que se siga robando descaradamente a las familias bajo éste, ni bajo ningún otro concepto”.
