*El Conacyt rechazó lo que llama “ola concertada de desinformación en medios y redes sociales”, en alusión a la información sobre las órdenes de aprehensión en contra de científicos mexicanos.
* Acusan a los medios de intentar crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica
23/09/2021/ Cd. de México. La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), María Elena Álvarez-Buylla Roces, se deslindó de la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en contra de 31 científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a quienes los acusan de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado.
“No sé de qué me hablas, yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación, a acusar absolutamente a nadie”, señaló en entrevista en el marco de la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I.
Cuestionada sobre los delitos que les imputan a sus colegas debido a su propia denuncia señaló que “nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad”.
La polémica funcionaria, a quien también se le ha señalado por ejercer gastos superfluos como titular de la Conacyt, declaró que la comisión a su cargo apoya de manera incondicional a todos los científicos del país, con la finalidad de construir desde México el bienestar de las comunidades científicas. en base a los principios que le Marca el Presidente López Obrador.
Comunicado de Conacyt pide a medios frenar
En comunicado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) precisó que fue su Unidad de Asuntos Jurídicos quien presentó una denuncia contra el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT ), A.C.
A juicio de este consejo en 2019 se detectaron evidentes irregularidades ejecutadas a través de millonarias asignaciones directas a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt y aclara que la “denuncia de hechos” no señala a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”.
De acuerdo al texto del Consejo las presuntas irregularidades se detectaron luego de que el FCCyT A.C. presentara un amparo para exigir que el Conacyt le autorizara recursos anuales por 50 millones de pesos.
“Las acciones que emprendan estas instancias no son responsabilidad ni atribución del Conacyt”, refirió el Consejo, al deslindarse de la Fiscalía presidida por Alejandro Gertz Manero.
En el boletín emitido por Conacyt se demanda el cese de las “olas concertadas” de desinformación en medios de comunicación y redes sociales sobre las supuestas ordenes de aprehensión en contra de científicos, investigadores, académicos y personal administrativo, pues “sólo genera confusión e incertidumbre en la comunidad científica”, alegan.
“Sin duda, esta andanada en los medios tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica”, declaró.
En mayo, al comparecer ante la comisión de Ciencia y tecnología Al respecto la funcionaria respaldó la extinción de fideicomisos que tienen que ver con su dependencia, declaró que al inicio de su administración existían 65 fideicomisos ligados al Conacyt, los calificó de ineficaces y un gasto que provoca un estancamiento, por ello se decidió su extinción para quedar con solo cuatro de ellos. Agregó que, de 65 comités técnicos, será uno solo el que se encargue de su administración denominado Fondeso Pronase.
Sobre el recorte del 75% de gasto operativo que mandata el decreto presidencial del 23 de abril para las dependencias gubernamentales, Álvarez-Buylla aseguró que no se pone en riesgo la funcionalidad de las dependencias públicas y que los científicos no se verán afectados con la Ley de Austeridad, pues ya se platica con la Secretaría de la Función Pública.
Sostuvo que tampoco se afectarían los centros de investigación, pues sus fideicomisos se pueden quedar, pero bien fiscalizados.
Pese a que declarará que el recorte no ocasionaría despidos de personal, incumplimiento de contratos como la renta de inmuebles, ni recorte de becas ni apoyos en investigación”, todo esto hizo que cientos fueran despojados de sus empleos, particularmente mujeres.
No obstante, los fideicomisos de ciencia y cultura y, por lo tanto, sus fondos se extinguieron de facto tras un decreto presidencial y ahora está en marcha una iniciativa en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Ciencia y Tecnología que, de aprobarse, dejará sin efecto y sin dinero a los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a que se refieren los artículos 23 y 50 de dicha ley.
La interpretación sobre los embates contra la comunidad científica se da en el marco de la discusión sobre la reforma a la ley de Ciencia y tecnología donde el mandato constitucional central en esta materia fue que el Poder Ejecutivo federal dejara de tener tanto peso en la toma de decisiones y en la gobernanza del sistema de CTI, y que dicho peso fuese distribuido en forma más equitativa entre las entidades federativas e incluso los municipios.
Sin embargo el anteproyecto de ley de Conacyt presentado por María Elena Alvarez Buylla no cumple con este mandato por lo que estima la comunidad científica que la presión que pretenden ejercer sobre las y los científicos obedece a una clara intimidación para que el ejecutivo siga concentrando poder y mantenga bajos su control a este sector.
En la propuesta el “Consejo de Estado para la Investigación Humanística y Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación2, máxima instancia de toma de decisiones de todo el SCTI, tienen voz y voto diecisiete representantes del Poder Ejecutivo federal (incluyendo al titular del Conacyt), mientras que sólo hay entre cinco y diez representantes de los poderes ejecutivos estatales.
Esto significa que el anteproyecto sigue otorgando un poder de decisión ampliamente mayoritario a la cabeza ejecutiva federal en turno, en detrimento de los poderes ejecutivos estatales y de otras instituciones federales del Estado han expresado en dicersos análisis sobre el tema a discutir en breve.
