/ Luis de la Calle /
Uno de los problemas asociados a la crisis de impunidad que se vive en México es la extorsión. Acabar con ella es un gran reto, pues toma diversas formas que no siempre son fáciles de reconocer y combatir: no sólo extorsiona el crimen organizado a través de la violencia, amenazas o cobros de cuotas, también lo hacen los franeleros, los líderes sindicales sin representación real, los funcionarios que cobran por hacer trámites burocráticos y las personas que cobran por servicios públicos (como la recolección de la basura), sometiendo a la población a casos de extorsión. La extorsión es uno de los crímenes de mayor impacto en México y sin embargo, el 98.3% de los casos no se denuncian, posicionando este delito con la cifra negra más alta de acuerdo con la ENVIPE 2017.
Este problema afecta a productores y consumidores. Por un lado, al reducir la competencia, los precios aumentan y la calidad de los productos disminuye. Por el otro, la extorsión dificulta trámites burocráticos y afecta los sistemas de distribución de bienes y servicios. Además, entorpece la creación de empleos, impidiendo así una distribución equitativa de los ingresos.
En este artículo, Luis de la Calle nos habla acerca de la necesidad de lograr una política eficaz que reduzca de forma radical la práctica de la extorsión. De esta forma, la economía experimentaría una explosión de apertura y crecimiento de empresas pequeñas y medianas formalizadas, lo cual aumentaría la productividad laboral y empresarial indispensable para tener altas y sostenibles tasas de cr
Fuente: Impunidad cero.org
