**CAFÉ DE MAÑANA .
/Por José Luis Enríquez Ambell /
En la recta final de enero abordamos el problema de transporte público (Uber y similares servicios en plataformas) que se viene presentando en Estados de la República, y que incluso ha ocasionado alteraciones diversas y cercanos a la inseguridad pública.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que las personas podemos desplazarnos libremente por todo el territorio nacional sin necesidad de contar con pasaporte o algún otro permiso parecido.
Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libre circulación al proclamar que “toda persona tiene el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que también “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio”.
Por si fuera poco o no bastara, nuestra Carta Magna consagra la libertad de pensamiento, expresión y tránsito -entre otras- como derechos elementales de la persona.
La posición del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante el reporte de sus colaboradores, así entiendo, detectaron la operación de UBER (aplicación que se descarga en casi cualquier teléfono) y esquema donde un “Socio Conductor”, que se encuentre cerca de quien lo contacta, acepta una solicitud de viaje o traslado, y lo lleva a donde quiera ir, de aparente forma fácil, cómoda y segura – así se anuncian – y de no ser regulado por la ley se convierte en acto indebido, una posible competencia desleal frente al transporte público normado y en regla de acuerdo a las instancias que emanan del sector gobierno en Veracruz.
Muy afortunadamente aquí no se han desatado manifestaciones e incluso ataques en contra de operadores y usuarios de UBER como hemos visto en información que circula de sitios como en Cancún, Quintana Roo.
Debe saberse que los llamados taxistas en todas sus modalidades, tienen una regulación del Transporte Público y Tránsito – al menos entre la SSP y SEGOB – que se norma desde el H. Congreso del Estado y Poder Ejecutivo de Veracruz, que ayuda a evitar que se cruce la frontera entre el transporte público y privado, y que lleve a beneficiar a la comunidad usuaria para de ese modo mantener el orden social, sin que se deje de ofertar y prestar el servicio por las organizaciones reconocidas.
Es importante destacar que no debe exagerarse en el posible conflicto entre taxistas y conductores de Uber y que vaya a resultar una propaganda que inhiba a visitantes, turistas y usuarios o peor aún, que alcance niveles como ha sucedido en Cancún que llevó a la alerta de los Estados Unidos a sus ciudadanos sobre los riesgos que les representa usar transportes de aplicación en esta zona turística de nuestro País, dado que puede confundir y alejar usuarios.
No estaría de más que las autoridades responsables junto con el Congreso Local, exploren atender a tiempo lo que podría resultar un conflicto innecesario que de suceder, iría contra la promoción y captación de visitantes e ingresos al sector económico en Veracruz y no sólo a la industria sin chimeneas.
La Ley en materia de tránsito, así como de transporte, la movilidad urbana, las autoridades estatales, congreso, los sindicatos y sector privado debemos ir observando con tiempo que es mejor armonizar la convivencia antes de comenzar a observar problemas como en Benito Juárez “Cancún” Quintana Roo.
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
En plena recta final del régimen federal y estatal, a poco más de un año del inicio de nuestras autoridades municipales, y parece que no se acomodan la fichas en el tablero del orden en materia de seguridad pública por más que todos los responsables promuevan que se trabaja en abatir y atajar a la inseguridad para una mejor convivencia. No hay día que no haya malas noticias en ese sentido, desafortunadamente.
¡ ES CUANTO !
enriquezambell@gmail.com
