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Washington .- 13 agosto 2019.- El gobierno del presidente Donald Trump anunció el pasado lunes que continuará con una de las medidas más contundentes para restringir la inmigración legal.
La medida se trata e negar la residencia a muchos inmigrantes que hagan uso del programa de asistencia médica Medicaid o reciban cupones de alimentos, subsidios para la vivienda u otras prestaciones sociales.
Las leyes federales estipulan que las personas que busquen una “green card” (la tarjeta de residencia) o legalizar su estatus deben demostrar que no serán “una carga” para el gobierno, pero las nuevas normas agregan muchos más programas que serían elementos descalificatorios para los solicitantes de la residencia.
Las normas forman parte de una reestructuración drástica del sistema de inmigración de la nación que el gobierno ha estado impulsando, pese a las medidas jurídicas en su contra. Aunque gran parte de la atención se ha enfocado en las labores del presidente Trump para reducir la inmigración ilegal, incluidas unas redadas en Mississippi en los últimos días y la separación de los niños migrantes de sus padres, las nuevas reglas tienen como objetivo a la gente que ingresó a Estados Unidos de manera legal y que busca un estatus permanente.
Bajo las nuevas reglas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) analizará si los solicitantes han recibido ayuda pública junto con otros factores como la educación, salario y salud, para determinar si les otorga un estatus legal.
Las reglas entrarán en vigor a mediados de octubre. No se aplicarán a los ciudadanos estadounidenses, aunque los inmigrantes que sean familiares de éstos podrían ser sujeto de ellas.
El director interino del USCIS Ken Cuccinelli dijo que el cambio de reglas garantizará que las personas que ingresan al país no se convertirán en una carga, aunque paguen impuestos.
Los inmigrantes representan un porcentaje muy bajo de los beneficiarios de la ayuda del Estado. De hecho, muchos no pueden solicitarla por su estatus inmigratorio irregular.
Los grupos defensores de los derechos de inmigrantes criticaron los cambios y advirtieron que las reglas desalentarían a los inmigrantes a pedir ayuda. Y manifestaron su preocupación de que dan demasiado margen a las autoridades para decidir si alguien podría verse obligado a pedir ayuda en el futuro.
