FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO.
DESDE A JANELA.
En las grandes ciudades del estado y concretamente en Jalapa muy frecuentemente nos inundan de eventos con moños anaranjados, de anuncios por parte de las autoridades de que se van a conducir con perspectiva de género y con respeto al interés superior de los niños y adolescentes, también hay foros académicos que se organizan a cada rato para anunciar que llegaron tiempos nuevos y en los que sesudamente académicos, funcionarios y especialistas disertan acerca de que los menores de edad son lo más importante para el Estado y que éste va a velar por que haya el más amplio respeto a sus derechos.
Igualmente dicen que la mujer debe de ser protegida a ultranza y en las intervenciones que tengan las autoridades en casos en que esté implicada una de ellas, van a conducirse con “perspectiva de género”, el cual es uno de esos nuevos conceptos legaloides que según son de avanzada pero que en realidad complican las cosas, pero muchos “estudiosos” del derecho tienen que justificar su paga y por qué no, promoverse y obtener algún puesto importante ya sea público o privado.
Así que según se escucha en toda clase de coloquios y también en los medios de comunicación, los menores de edad y las mujeres están jurídicamente muy protegidos por el Estado, el cual siempre velará para que ejerzan a plenitud sus derechos, así como reprimir con toda la fuerza de la ley a quienes intenten vulnerarlos y todo eso está bien, pero qué creen queridos amigos, la siempre terca realidad nos dice que todo ello es en el mejor de los casos mera hipocresía y que tan elaboradas teorías no salen de auditorios, aulas magnas, mesas de estudios de radio o de televisión o de páginas de libros, revistas, periódicos o de la internet.
Porque en fiscalías y juzgados la cosa es muy diferente y cuando les llega un caso que implica a menores o a mujeres no hay la más mínima protección a los derechos de los primeros ni tampoco parece por ahí la llamada perspectiva de género y eso se ve en el trato que cotidianamente dan a mujeres y a menores en fiscalías y juzgados, en donde tienen que sufrir la indolencia de las autoridades en la atención de sus problemas en los que pasan meses y meses sin lograr un mínimo avance, así como también las malas decisiones que muchas veces toman las mismas autoridades ya sea por falta de sensibilidad, negligencia o bien por corrupción.
Y ¿qué pasa cuando la víctima de un delito reúne ambas condiciones?, es decir que es menor de edad (adolescente) y a la vez es mujer, pues que sufre por partida doble los abusos y las injusticias que las autoridades le generan, ya que por una parte no solo es víctima de un delito, sino que sufre los desplantes, malos tratos y terribles decisiones que los operadores del sistema de justicia penal acostumbran dar a los justiciables de manera cotidiana.
Siendo un ejemplo bastante revelador sobre este tema, el de una muchacha que llegó a Jalapa desde el interior del estado para estudiar el bachillerato en prestigiosa preparatoria pública de la ciudad y que durante el curso escolar conoció a un maestro de su escuela que, aunque no le daba clases directamente, sí impartía cursos de manera privada y además le iba a dar clases en los últimos semestres del bachillerato, ya que el maestro laboraba en ese plantel.
Una vez que se conocen, el maestro quien por cierto tiene una edad dos veces y medio mayor que ella, se va ganando su confianza y la seduce a través de regalos, paseos y conversaciones hasta que logra hacerse su novio y mantener relaciones sexuales además de tomarle fotografías sin ropa con el pretexto de que va a enseñarle técnicas de fotografía.
La familia de la muchacha descubre la relación sentimental y acuden a las autoridades correspondientes, la fiscalía especializada en delitos sexuales de esta ciudad y ahí formulan la denuncia y aportan todas las pruebas que tienen a su alcance, incluyendo las fotografías y después de mucho tiempo, ya sabemos lo lento que son las fiscalías, el caso se judicializa.
Después de transcurrir aún más tiempo, ya que el maestro se convirtió en prófugo de la justicia lo cual no es imputable a alguna autoridad, capturan en un fin de semana al investigado y lo ponen a disposición de una juez de control en Pacho Viejo quien lo libera, diciendo que a pesar de las pruebas que existen no hay delito que perseguir porque fue la muchacha la que se buscó el problema y además ya tenía la edad suficiente (16 años) para asumir las consecuencias de sus actos.
Obviamente ni la víctima del delito ni su familia sabían de lo anterior, porque nunca fueron convocadas a la audiencia y solo se dieron cuenta, porque unos conocidos les dijeron que el buscado había sido visto en una misa y al dar el aviso a la policía fue que supieron que ya había sido detenido un mes antes; razón por la que acudieron a informarse a la fiscalía especializada en donde les dijeron que no sabían nada del asunto y que seguramente era un error o que una autoridad diversa lo había detenido pero que no tenían conocimiento del asunto.
Ya investigando más afondo se dieron cuenta que en la carpeta de investigación solo existía un documento que informaba de la detención del investigado y que la fiscal encargada del asunto solicitaba la audiencia inicial, mas no había ninguna constancia o registro de la misma, por lo que acudieron al juzgado de control para conseguir más información y así se dieron cuenta de lo resuelto por la juzgadora.
Y a sí mismo se dieron cuenta que la fiscal no solo no proporcionó los datos de la víctima y sus representantes al juzgado, sino que no defendió a la menor, ya que solo se limitó a leer con desgano la carpeta de investigación sin replicar a la defensa y peor aún sin apelar la resolución de la juez, quien que trató el asunto haciendo malabares para descartar una violación y a partir de ahí adjudicarle toda la culpa de lo sucedido a la menor.
Quien de ninguna manera se pudo defender, debido a que ninguna autoridad se tomó la más mínima molestia de notificarle que había una audiencia y la fiscalía hizo perdidiza toda la información relativa al asunto y no fue sino que hasta mucho tiempo después se pudieron dar cuenta de lo sucedido y que a pesar de tener el señalamiento firme de la víctima y los materiales fotográficos en cadena de custodia, ni siquiera fue eso suficiente no digamos que para sentenciar sino solo para iniciar un proceso penal.
Por ello y más allá de las medidas legales que la víctima y su familia vayan a tomar, la reflexión que resulta de este caso es que el Estado les debe mucho tanto a menores como a mujeres, ya que debido a su indolencia, insensibilidad y tal vez corrupción, la justicia nunca llega y casos como estos son un ejemplo de cómo actúa el Estado cuando se trata de procurar e impartir justicia y de ahí que no sea novedoso el que haya tantos abusos en contra de mujeres y menores de edad, abusos que además son caldo de cultivo para cosas peores como los feminicidios que tanto aquejan a este país.
Y así mismo también es de resaltar que estos problemas no se resuelven con pláticas de café o con foros con “intelectuales” disertando sobre cuál medida es mejor o peor para prevenir y sancionar conductas que atenten contra la infancia o contra el género femenino; sino que se debe de ventilar lo que sucede en la realidad, porque la justicia no se procura ni se imparte en auditorios ni en programas de radio o televisión, ésta se procura en fiscalías y se imparte en juzgados, lugares en los que no muchas veces no se alcanza la justicia sino que hasta se re victimiza a quien se atreve a poner en su conocimiento lo que ha sufrido y estas prácticas solo se van a acabar difundiendo lo que ahí sucede.
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Twitter: @FelipeFBasilio
