20/09/2022/ Ciudad de Mexico.- El dictamen fue aprobado en las comisiones de Puntos Constitucionales, por nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención; y en la de Estudios Legislativos, Segunda, con nueve votos a favor y cinco en contra
Las y los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden los senadores Eduardo Ramírez Aguilar y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, aprobaron el dictamen a la minuta por la que se amplía, de cinco a nueve años, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El proyecto modifica el primer párrafo y adiciona los párrafos tercero y cuarto al Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
La votación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales fue de nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención; mientras que la de Estudios Legislativos, Segunda, registró nueve a favor y cinco en contra.
El documento señala que es necesario ampliar el plazo para consolidar la Guardia Nacional y los órganos de seguridad de las entidades federativas y de los municipios, y, mientras eso sucede, es indispensable que la Fuerza Armada apoyen las labores de seguridad, con respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
La reforma establece que, durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implementación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Dicha participación, precisa el documento, deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Además, el proyecto sugiere que se integre una comisión conformada por diputados y senadores para dar cumplimiento al presente artículo.
Para tal fin, el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada Periodo Ordinario de Sesiones en el que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.
Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Eduardo Ramírez confió en que durante las próximas horas encontrarán los consensos para aprobar la propuesta, por lo que subrayó que su Grupo Parlamentario estará abierto al diálogo; sin embargo, adelantó que acompañarán la reforma constitucional para darle seguridad a las y los mexicanos.
Asimismo, dijo que no hay tiempo para analizar la propuesta en Parlamento Abierto, ya que es urgente atender el tema de la inseguridad, además de que no cuentan con mucho tiempo, pues se acercan procesos electorales. “Hagamos un último esfuerzo, esta será la última reforma que estaremos discutiendo con urgencia, porque, prácticamente, hemos agotado nuestra agenda”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña, lamentó “la extrema politización de este tema” y dijo que como país es necesario “lograr un acuerdo ampliado, consensado y del cual todos salgamos fortalecidos”.
Es necesario, apuntó, dar un voto de apoyo al Ejecutivo federal, “porque es a quien le anticipo buena fe y buenas intenciones”, para remediar el tema de la seguridad pública, que representa el principal problema de este país.
Por Morena, el senador Félix Salgado Macedonio destacó la obligación de respetar los derechos humanos que se plantea en el dictamen, así como de garantizar que no existan ataques contra pueblos originarios.
Del PAN, la senadora Nadia Navarro Acevedo dijo que votarían en contra del proyecto, ya que no existe un diagnóstico que demuestre que la estrategia actual incida de manera positiva en la prevención de la violencia y el combate al crimen organizado, pues, por el contrario, han aumentado las quejas por violación de derechos humanos desde que entró en funciones la Guardia Nacional.
Sylvana Beltrones Sánchez, senadora del PRI, dijo que México está ante un grave problema de seguridad; por ello propuso discutir sin prisa el tema con la participación de gobernadores, con el fin de que ellos expongan los elementos necesarios para llevar a cabo una estrategia efectiva y para fortalecer a la Guardia Nacional.
A su vez, el senador Noé Castañón Ramírez aseveró que el proyecto presentado va en contra de los principios que defiende Movimiento Ciudadano: el respeto al Estado de derecho y a la Constitución. Si estas modificaciones se aprueban, advirtió, se violentaría la facultad del próximo Presidente de México para proponer su propia estrategia de seguridad.
Joel Padilla Peña, senador del PT, refirió que el dictamen contiene un aspecto fundamental relativo al respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente de las comunidades indígenas y afromexicanas, lo cual es crucial para consolidar el actuar apegado a derecho de la Guardia Nacional.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, manifestó que esta ampliación es “laxa” y puede tener consecuencias negativas para las Fuerzas Armadas, por lo que dijo que es importante darle el tiempo necesario a un tema que es de la mayor relevancia, a fin de crear un verdadero marco jurídico y “no una mera ampliación de plazo”.
Nancy de la Sierra Arámburo señaló que en el Grupo Plural están en contra de ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas realicen actividades de seguridad pública, pues “lo último que necesitan es que se les reduzcan los límites, por el contrario, requieren de límites claros, ya que no respetan los que ya existen”.
