“Ambos Organismos exhortan al Gobierno de Veracruz y Fiscalía General del Estado a no
criminalizar a las mujeres y respetar sus Derechos Sexuales y Reproductivos”
* Urgen a derogar las leyes estatales que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios.
México. 02 julio 2021 /BPNoticias/.- Al pronunciamiento que colectivas y feministas veracruzanas emitieran con respecto al caso de Diana, encarcelada injustamente por tener un aborto involuntario luego de ser víctima de violencia por parte de su pareja la Comisión Nacional y Estatal lanzaron un comunicado conjunto para fijar su postura y demandar al Gobierno de Veracruz presidido por Cuitláhuac García y la Fiscalía estatal cuya titular es Verónica Hernández Giadáns a respetar los derechos de las mujeres e incorporar la perspectiva de genero en sus políticas publicas como en sus protocolos de actuación.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) manifiestan su preocupación por la situación de la señora Diana Patricia, originaria de Oluta, Veracruz, encarcelada desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo”.
De acuerdo a un comunicado conjunto al conocer de los hechos, ambos Organismos Autónomos condenaron el evento que vulneran gravemente los derechos humanos de la mujer, porque la privación de su libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia.
Sobre el caso advierten que la acusación por homicidio hacia esta mujer denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada hasta el momento, además acusa la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontanea, lo que para ambas comisiones representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía.
“Tanto la CNDH como la CEDHV consideran que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que abortan, se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como es el caso del estado de Veracruz, que actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres, indica su postura.
Para estos Organismos defensores de los Derechos Humanos es imprescindible que el Poder Judicial aplique los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable.
En este sentido, recuerdan, que México ha recibido recomendaciones generales de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), para “derogar disposiciones que penalizan el aborto, así como acelerar la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de salud posteriores al aborto”.
“La CNDH y la CEDHV, en apego a las recomendaciones de la CEDAW, exhortan al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios”.
Asimismo, ambas instancias autónomas se pronunciaron por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas.
Horas antes las colectivas veracruzanas emitieron su propio pronunciamiento para condenar y reprobar la falta de perspectiva de genere en el actuar de Verónica Hernández Giadáns, fiscal impugnada por estas organizaciones civiles y feministas, no únicamente por esta caso, donde además relatan no es el único, sino además por la reclasificación de feminicidios para ocultar la cifra real y la falta de resultados para encontrar a los agresores de mujeres en la entidad veracruzana.
